Chiste cordobés

Con ese particular estilo de síntesis y de dudoso gusto que tiene para sus títulos de tapa, Ambito Financiero (des)informó en su edición del miércoles pasado diciendo “Córdoba: con menos impuestos sigue creciendo recaudación”. La jugada política del diario de la city que mantiene una notable nostalgia por el menemismo y que acaba de incorporar como socio al dueño de TyC, Carlos Avila, no es muy sutil. Mientras el gobierno de Fernando de la Rúa aplica un paquetazo impositivo, el peronista José Manuel de la Sota hace lo contrario. Admitiendo que no se trató solamente de una chicana política y que AF cree que bajando impuestos sube la recaudación, como sostiene el pensamiento de derecha con la reaganomic como paradigma, Córdoba no es precisamente el ejemplo. En esa misma edición, en su suplemento sobre provincias, se tiene la pista para poder dar una información precisa. El mes pasado, la recaudación en Córdoba disminuyó 8,6 por ciento comparado con diciembre de 1998 si no se incluyen los ingresos de la amplia moratoria lanzada por De la Sota apenas asumió la gobernación. AF obvió ese dato e informó, en cambio, que la recaudación aumentó 1,6 por ciento. La trampita es muy grosera y fácil de descubrir: la moratoria impositiva compensó la baja de hasta 30 por ciento en algunos tributos aplicada con bombos y platillos por De la Sota.
Ese chiste cordobés tiene su relevancia y no justamente por su gracia. La poca eficiencia y escasa voluntad política para recaudar impuestos en las provincias es uno de los aspectos nodales para entender cuáles son las razones de las recurrentes crisis que se precipitan en el interior. La estructura del gasto provincial y la política económica nacional también son los otros dos factores que alimentan el desequilibrio de las finanzas provinciales. Pero en estos conflictos, como en muchos, no es una puja de buenos y malos, sino que lo que está en el fondo de la cuestión es una forma de hacer política y de estrategia económica.
El clientelismo político del empleo público provincial y la poca predisposición de las respectivas direcciones de rentas para cobrar impuestos sumerge a gran parte del interior en situaciones caóticas. Vale un dato: en Formosa, por ejemplo, apenas el 10 por ciento de su gasto público tiene como contrapartida recaudación propia. Esa forma de gobernar tiene su lógica, para el político. Todo gobernador suele tomar sus decisiones pensando, en última instancia, en la cantidad de votos que gana o resigna con sus medidas. Esta actitud desemboca en aumento del gasto público sin una elevación de impuestos. El gasto público, muchas veces, aporta votos. Los impuestos, por el contrario, generan habitualmente una pérdida de votos. Pero no sólo eso. Por la elevada concentración económica que existe en muchos distritos del interior, el gobernador que quiera impulsar una agresiva política de cobrar impuestos se deberá enfrentar a las pocas familias que dominan la provincia. Y muchas de ellas son las que han aportado a sus campañas electorales, y otras si no es la propia son las de los principales funcionarios del gobierno. Esas provincias-feudos, que son precisamente las más pobres y con más problemas financieros, siempre caen en una situación de insolvencia que requiere el auxilio desesperado de la Nación.
Los desequilibrios presupuestarios provinciales reaparecen y se potencian en coyunturales desfavorables. Pasó durante el Tequila, cuando Eduardo Angeloz renunció a la gobernación en Córdoba al no poder cancelar atrasos de hasta tres meses en salarios y jubilaciones, y ahora con la presente crisis que el gobierno de la Alianza heredó, con Corrientes como fantasma de incendios estallando uno tras otro. José Luis Machinea ya se puso el casco de bombero y, mientras tanto, uno de sus colaboradores lo divierte con chistes cordobeses, y uno de ellos dice: –Un cordobés manda un fax desde Buenos Aires a la Docta advirtiendo a su amigo: “Perdí el tren, salgo mañana a la misma hora”.
–El amigo le contesta: “Macho, no salgas a la misma hora que te lo vai a volver a perder”.

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