Si es verdad que la evasión impositiva oscila entre 20 y 25 mil millones de pesos anuales, la masa de fondos que tiene para cobrar la DGI, suponiendo que las obligaciones prescriben a los cinco años, suma entre 100 y 125 mil millones de pesos, una docena de veces el déficit que José Luis Machinea dice haber heredado de Roque Fernández. Si Carlos Silvani fuese capaz de cobrar apenas algo de lo que le deben, el problema fiscal desaparecería del horizonte inmediato. Pero nadie cree posible capturar a ningún prófugo, ni por las buenas (blanqueo) ni por las malas (ejecución). Todo el asunto permanece en el plano de la retórica. ¿Para qué sirve entonces hablar de la evasión?
En realidad, ésta es igual a la diferencia entre la recaudación teórica (producto de las bases imponibles por las alícuotas correspondientes) y la real. La teórica depende, entonces, del tamaño de las bases y del nivel de las alícuotas. Por tanto, el reciente paquete tributario, que las elevó, incrementó automáticamente la evasión, contrariando el discurso oficial, que promete reducirla, porque sería absurdo suponer que las tasas incrementales (en Internos, IVA, Riqueza y Ganancias) serán respetadas escrupulosamente por los contribuyentes. Al contrario: la evasión crecerá no sólo en valores absolutos sino también relativos, por la relación inversa entre niveles de las tasas y cumplimiento.
Todo esto significa que, tomadas como datos la habilidad fiscalizadora del ente recaudador y la capacidad/disposición contributiva de la sociedad, la evasión impositiva es determinada arbitrariamente por la autoridad política. Si ésta quisiera tener más evasión, haría bien en subir las alícuotas o crear nuevos impuestos. Es como con cualquier delito, que sólo existe a partir de una ley prohibitiva. Del mismo modo, tributos prohibitivos generan el delito de la evasión. Más sensato sería pensar una política económica y de eficiencia del Estado que elevase la capacidad/disposición contributiva de la sociedad. Pero esto da más trabajo.

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