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Por Maximiliano Montenegro

Como tantas otras cosas, después del menemismo, el Estado nacional ya no es lo que solía ser. “De elefante blanco se convirtió en liebre descontrolada”, ironiza Marcos Makón, el hombre en quien confía el vicepresidente Carlos Alvarez para llevar adelante la tarea de “modernización” del sector público. Hacia 1989, la administración nacional contaba con más de 900 mil empleados, hoy son sólo 256 mil. La mayoría de estos empleados cobra sueldos que, si bien son bajos, les permiten sobrevivir con menos angustias que sus pares precarizados en la actividad privada, aunque padecen la frustración cotidiana de la falta de expectativas e incentivos. Sin embargo, existe un selecto grupo de privilegiados para quienes la función pública es un negocio redondo. Son una casta gerencial y política que responde a lealtades partidarias, antes que de bien público, y sabe manejar a la perfección los hilos del poder burocrático.
Artemio López, director de la consultora Equis, encontró, en base a la encuesta INdEC-Siempro, que el 25 por ciento de las personas pertenecientes al quinto de asalariados mejor remunerados del país –una de cada cuatro trabajan en el Estado, nacional, provincial o municipal. En cambio, en el nivel promedio salarial del país, los empleos estatales representan sólo el 14 por ciento. Aunque sorprendente, el dato no es raro si se considera que en las provincias, en su mayoría con economías en crisis, el Estado ha devenido en una jugosa fuente de ingresos para un amplio estrato de clase media y media alta, incluyendo funcionarios jerárquicos de los tres poderes. La administración pública provincial cuenta hoy con más de 1,2 millones de empleados, casi cinco veces más que el Estado nacional.
A nivel exclusivo de la administración nacional, las cifra que maneja la Secretaría de Hacienda revelan que existe una gran disparidad en la escala salarial. Alrededor del 10 por ciento de los empleados se apropian del 30 por ciento de la masa salarial total, mientras que un selecto grupo de 3 mil funcionarios ganan, en promedio, entre 4.700 y 8.400 pesos mensuales (ver cuadro). “La reducción de la plantilla de personal en el Estado nacional no supuso un correlato en la estructura organizativa, que siguió siendo aprovechada por una casta de funcionarios de media y alta remuneración y redes paralelas de consultores financiados en parte por organismos internacionales”, explica Artemio López.
La gran duda del proyecto de ley de emergencia fiscal es si el capítulo que dispone la flexibilización del empleo público incluye no sólo al personal civil sino también a las fuerzas armadas y de seguridad, que representan alrededor del 60 por ciento del plantel estatal.
Sea como fuere, en la Alianza juran que la idea no es efectuar despidos masivos ni bajar sueldos al grueso del personal, de modo tal de equipararlos con los ingresos de un mercado laboral pauperizado. Dicen que el objetivo es luchar contra “una organización laboral injusta” e ineficiente.
La socióloga Diana Scialpi, funcionaria de carrera, subordinada de Rodolfo Terragno en la Jefatura de Gabinete, acaba de publicar un libro titulado Violencias en la administración pública. En él, aborda historias reales de trabajadores de la administración pública, que “sufren el maltrato y la violencia que ejercen los funcionarios públicos y vigorizan otros actores sociales de este sector público”.
Así, pasa revista a las siguientes formas de “violencia” e “injusticia”, guiadas por lealtades políticas o de amistad:
n Criterios irracionales de selección de personal.
n Concursos “espurios”.
n Sumarios injustificados.
n Sistema de capacitación con clientela cautiva y desaliento a la excelencia profesional mediante criterios perversos de equivalencia para la capacitación externa.
n Evaluaciones de personal con “cupos”: cada uno tiene para distribuir un número determinado de calificaciones (excelente, bueno, regular, malo).
n Sobresueldos a los “acomodados” distribuidos “a criterio del jefe político”, en lo que en la jerga técnica se denominan “unidades retributivas”.
n Infrautilización de capacidades individuales y hacinamiento laboral, que llevan a los empleados a implementar diversas “estrategias para abandonar el lugar de trabajo”: desde tomar cursos de capacitación innecesarios y vender ropa en el propio ámbito oficial, hasta “marcar entrada para salir” después a atender alguna otra ocupación privada, desempeñarla desde la propia oficina pública, o directamente pasar partes de enfermedad.
Scialpi también denuncia las “escandalosas desigualdades salariales, aún para agentes que deben ser graduados universitarios y desarrollan funciones similares, pero pertenecen a escalafones distintos”. En este sentido, describe lo siguiente:
n En base a la Dirección Nacional de Estudios e Investigaciones, existen 64 regímenes escalafonarios diferentes, es decir, “64 reglas de juego distintas para los empleados públicos”. Pero sólo 4 de esos regímenes reúne al 56 por ciento de los puestos. Los 60 escalafones restantes son “incontrolables modalidades remunerativas”, con las que se beneficia una elite de funcionarios.
n Existe un pequeño número de posiciones clave, constituidas por los 465 “cargos en función ejecutiva” o “cargos críticos”. Muchos de estos cargos –dice Scialpi– fueron cubiertos por “concursos espurios”. A este grupo se suma un “Cuerpo de Administradores Gubernamentales” (son 200 en total), creado por la anterior gestión radical, con funciones de asesoría, que “se autoevalúan y promueven”. En ambos casos, la escala salarial parte de los 3.500 pesos, pudiendo superar cómodamente los 6.000 pesos. Además, cuentan con un régimen excepcional de licencias y beneficios. Los 3.500 pesos que para este grupo es piso salarial es techo para los oficiales del SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), creado por Menem.
n Una red paralela de consultores y personal contratado, cofinanciados con el BID y Banco Mundial: son alrededor de 5 mil. “Su creciente importancia crea problemas de equidad, discriminación, dobles lealtades entre funcionarios políticos y de planta y trastornos en las actividades rutinarias”, aseguran los expertos.
n Las dificultades para remover a quienes ocupan los “cargos críticos”, han creado “otras nuevas capas de burocracia de elite”, porque la manera más fácil de “congelarlos” es creando una nueva estructura para el funcionario que se desea nombrar. Con lo cual existen “cargos duplicados, triplicados y direcciones colegiadas de gestión sin objetivos específicos reales”.

Salarios variaditos

El salario promedio del sector público (1252 pesos mensuales) es bastante superior al salario promedio de la economía (800 pesos). Sin embargo, existe una gran disparidad. El 47,5 por ciento de los agentes gana menos de 1000 pesos mensuales. Y el 74,5 por ciento menos de 1500 pesos. En cambio, unos 3 mil funcionarios perciben salarios promedio de entre 4700 y 8400 pesos.

El 78 por ciento son hombres y el 22 por ciento restante mujeres. El Ministerio de Acción Social, que comanda Graciela Fernández Meijide, es el de mayor proporción de mujeres: 57 por ciento. Interior es el de más hombres: 88 por ciento. El sexo no es una variable de diferenciación relevante en los salarios.

Hay 3691 empleados menores de 19 años que cobran en promedio 317 pesos mensuales. Entre 20 y 34 años, hay 94.240 personas. Otros 107.374 empleados tienen entre 35 y 49 años. Y 3270 son mayores de 65 años. El resto (44.654 individuos) tiene entre 50 y 64 años.

La pirámide salarial achatada

Claves
Estado reforma

El proyecto de ley de Emergencia Fiscal prevé un esquema laboral más flexible para los empleados públicos.

En la Alianza dicen que es para luchar contra una organización laboral injusta, que privilegia a un selecto grupo de funcionarios, muchos de ellos nombrados a dedo por el menemismo.

Radiografía de los privilegiados dentro del Estado y de los que los padecen.

Marcos Makón, el funcionario en que Carlos Alvarez confía para “modernizar” la administración nacional, dice que “de ser un elefante blanco el Estado se convirtió en una liebre sin control, que no se sabe para dónde va”.

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