Por Roberto Navarro

Los laboratorios nacionales y extranjeros decidieron apuntar al flanco más débil de la sociedad para dirimir su pelea por la ley de Patentes: el miedo de la gente a que suban los precios de los medicamentos. Los locales advierten que, si no se modifica la norma que regirá a partir de octubre, se incrementarán los valores de los fármacos porque se está creando un mercado monopólico. Las multinacionales replican que la modificación propuesta por la industria nacional, que condiciona el otorgamiento de patentes a que el nuevo producto se fabrique en el país, elevará los costos de producción y se dispararán los precios. La disputa real es por ver quién se queda con la porción más grande de un mercado de 4500 millones de dólares anuales, en el cual no existe competencia por precios. En la contienda, el único perjudicado es el consumidor. Hasta ahora, desde la liberación de precios en 1991, el consumidor quedó a merced de los laboratorios. Los precios de los remedios aumentaron 144 por ciento desde entonces, lo que provocó una reducción del consumo en unidades en un 20 por ciento. Y cualquiera sea el desenlace de la disputa entre los laboratorios nacionales y extranjeros, también lo tendrá como víctima. El Gobierno, en tanto, mira para otro lado. En el equipo económico de Machinea sostenían, antes de ocupar los despachos del Palacio de Hacienda, que una de sus batallas iba a ser la pelea con los laboratorios para bajar los precios de los medicamentos. Al parecer, abandonaron la lucha antes de empezar. Y ahora el Gobierno sólo se limita a actuar de árbitro de esa pelea millonaria por controlar un mercado muy sensible, acosado por las presiones de los laboratorios nacionales y del gobierno norteamericano.
En la misma línea de apostar al miedo de la población para ganar la partida, Caeme, la cámara que agrupa a los laboratorios extranjeros, jugó una carta fuerte. En diálogo con Cash, su director ejecutivo, Martín Massini Ezcurra, aseguró que la industria local está utilizando drogas de origen indio y paquistaní para bajar costos y que sus estándares de calidad de producción son inferiores a los aceptados internacionalmente. Pablo Challú, titular de Cilfa, la cámara local, aseguró a este suplemento que, cuando se hiciera pública esa acusación, respondería con acciones legales.
Mientras pelean siguen compartiendo un negocio en el que uno y otro ganan. El año pasado, la industria local se quedó con el 54 por ciento de las ventas y las multinacionales con el 46% restante. La Argentina es el cuarto país del mundo en consumo de fármacos por persona, con un promedio de 186 dólares anuales. Esa posición de privilegio se consiguió a pesar de que la tercera parte de la población prácticamente no consume medicamentos porque no puede pagarlos. La explicación de esta aparente contradicción es que los medicamentos cuestan aquí el doble, el triple y hasta cinco veces más que en otros países de Latinoamérica. Y son incluso más caros que en la mayoría de los países de Europa.
En el mercado operan 280 laboratorios, pero los primeros 20 se quedan con el 70 por ciento de las ventas. Además, los 25 laboratorios más importantes (nacionales y extranjeros juntos) son socios en Farmastar, la droguería que maneja el 68 por ciento de la distribución de medicamentos del país. De esta manera, articularon un oligopolio horizontal y vertical, manejando el mercado y la distribución. La competencia se alejó del ríspido terreno de la pelea por precios y se centró sólo en fuertes campañas de marketing para convencer a los médicos de que receten sus productos. Hubo un intento fallido en 1994 para que los médicos pudieran recetar por el nombre de la droga y no por marca. Así, la gente elegiría con su farmacéutico el producto más barato. Un sistema similar al que usaron Estados Unidos, Canadá y varios países europeos para generar competencia. Pero el lobby farmacéutico frenó la iniciativa en el Congreso. En 1995, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, el ex presidente Carlos Menem vetó la mayor parte de la ley de Patentes aprobada por el Congreso. Según los laboratorios locales, aquel veto favoreció los intereses de las multinacionales. La norma, tal como quedó, le da al laboratorio que investiga y desarrolla un nuevo fármaco la exclusividad para su explotación en el país durante 20 años. Siete meses antes de que venza el período de transición que prevé la legislación, la industria local afirma que hay que reinterpretar la ley y dejar aclarado que la palabra explotación significa fabricación. O sea que, para que se otorgue una patente, el laboratorio que desarrolló el producto debe fabricarlo en el país.
El diputado frepasista Rafael Flores, que presentó el proyecto de modificación de la ley, señaló a Cash que “si no se exige a los laboratorios extranjeros que fabriquen acá, van a levantar las plantas y se van a ir a producir donde les salga más barato”. Tanto Brasil como Uruguay previeron el problema e incluyeron en sus legislaciones cláusulas que obligan a las multinacionales a fabricar los medicamentos en sus países para obtener la patente. En un contexto en el que todos los días se muda una empresa hacia el socio mayor del Mercosur, muchos suponen que, si la ley comienza a regir tal como está, los laboratorios se irán hacia Brasil.
En una batalla de datos por mostrar quién tiene razón, la cámara local presentó esta semana en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados estadísticas que muestran que en los últimos dos años las importaciones de las multinacionales aumentaron un 400 por ciento y que 15 de los 40 laboratorios extranjeros que operan en el país sólo se dedican a importar productos. “Si los dejamos, en octubre levantan campamento y se pierden cien mil de puestos de trabajo”, exageraron. Además, aseguran que en estas condiciones a las multinacionales les convendrá importar poco y caro, por lo que se dispararán los precios. En la cámara que reúne a las multinacionales se preparan para demostrarles a los legisladores que la preocupación de los nacionales por una hipotética disparada de precios que afecte a la población no se condice con su política de precios vigente. “A pesar de que no invierten en investigación y desarrollo, y que sólo copian lo que nosotros creamos, los precios de las copias locales son, en promedio, un 20 por ciento más caras que los originales”, afirman.
Desde la Secretaría de Defensa de la Competencia ven con recelo la posibilidad de que un mercado que se viene comportando de manera oligopólica se convierta directamente en un monopolio. La ley dice que si los laboratorios dueños de la patente no proveen al mercado satisfactoriamente y a precios razonables, se dispararán licencias automáticas que permitirán copiar a los demás laboratorios pagando un canon del 3 por ciento. Precios razonables es la misma figura que utilizó Cavallo en los contratos de peaje y que derivó en precios astronómicos.

¿POR QUE EE.UU. PRESIONA POR PATENTES?

Remedios para ricos

En estos días los representantes de la Secretaría de Comercio norteamericana recorren los países subdesarrollados apurando las sanciones de leyes de patentes que protejan los intereses de los laboratorios medicinales de Estados Unidos. En el caso argentino, exigen que no se modifique la actual legislación, que comenzará a regir en forma efectiva a partir de octubre. La razón de tal apuro es que el final del proyecto Genoma Humano, que anunció la semana pasada con bombos y platillos el presidente, Bill Clinton, revolucionará el mercado de fármacos.
Hace más de dos décadas que Estados Unidos viene presionando para que haya una ley de patentes que respete la exclusividad de fabricación de los laboratorios que investigan y desarrollan los medicamentos. Y que éstos decidan si quieren otorgar licencias pagas a las industrias locales de cada país. La ley argentina prevé que a partir de octubre cada nuevo medicamento que llegue al país gozará de una patente que le otorgará al laboratorio que la desarrolló exclusividad de explotación por 20 años. La ley rige sólo para las nuevas drogas, no para las que ya están en el mercado. Se pensaba, por lo tanto, que el cambio sería gradual, ya que anualmente sólo se renuevan el 5 por ciento de las drogas. Pero ahora habrá un cambio radical.
A partir del proyecto Genoma Humano, que descifró las características de todo el mapa genético del hombre, la industria farmacéutica desarrollará toda una nueva gama de medicamentos basados en la corrección de los defectos genéticos. Así, en pocos años, saldría al mercado un nuevo menú de medicamentos, que quedaría afectado en su totalidad por la ley de patentes. Los especialistas anuncian que, en un principio, estos fármacos, que se espera extiendan la expectativa de vida en un 30 por ciento, serán muy caros. Por lo que seguirán conviviendo con los medicamentos actuales, que serán consumidos por los más pobres.

MARTIN MASSINI EZCURRA
CAEME (laboratorios extranjeros)

“Calidad inferior”

“Si Argentina reforma la ley, estaría incumpliendo acuerdos internacionales que firmó en su oportunidad. El país tendrá problemas no sólo con los Estados Unidos, también con otras naciones que desarrollan drogas originales. Se habla de que las leyes brasileña y uruguaya exigen la fabricación local, pero Estados Unidos ya advirtió que denunciará a esos países ante la Organización Mundial de Comercio. Los que están a favor de la reforma no defienden a la población sino a los intereses de los laboratorios nacionales. Hay productos que no se pueden fabricar acá por una cuestión de tecnología. Otros, porque saldrían mucho más caros y así se perjudicaría al consumidor. Los laboratorios nacionales no entienden nada de esto, porque hasta ahora sólo copiaron. No son conscientes de los verdaderos costos que tiene una industria que investiga y desarrolla. Además, últimamente vienen bajando costos, importando las drogas desde la India y Paquistán. Y sus estándares de calidad de producción son inferiores a los aceptados internacionalmente.”

ROBERTO DVOSKIN
asesor del Ministerio de Economía

“Precios administrados”

“El mercado de medicamentos viene funcionando de manera oligopólica, sin competencia de precios. El gobierno anterior liberó no sólo los precios, también la salida de nuevos medicamentos. Así, los laboratorios lanzaron al mercado miles de productos con cambios triviales, que no aportan nada nuevo, con el propósito de disimular aumentos de precios. El país debe tener una ley de patentes, porque no se puede aceptar que un laboratorio gaste 600 millones de dólares en investigar y otro lo copie. Pero el Estado puede hacer mucho para controlar los precios. Se puede ir hacia un régimen de precios administrados, como el que existe en Alemania, en donde una comisión de 250 especialistas va siguiendo el precio y la salida de los medicamentos, y los compara con los precios de otros países. También, como en la mayoría de los países del mundo, el Estado, que es el cliente más grande de los laboratorios, puede presionar sobre el mercado ejerciendo su poder de compra. De última, el Estado podría tener un laboratorio propio, que no es pecado”.

PABLO CHALLU
presidente de CILFA (laboratorios nacionales)

“Presiones inconcebibles”

“Está claro que cuando los legisladores redactaron la ley y escribieron la palabra explotar estaban pensando en que los medicamentos sean fabricados en el país. De otro modo, esa iniciativa sería una invitación a que las multinacionales levanten las plantas y dejen una oficina de importación. Nos acusan de que esperamos hasta que faltaran pocos meses para la vigencia de la ley, pero en realidad hace años que venimos hablando del tema y la presión del gobierno norteamericano no permitió que se reabriera la polémica. Quizás hoy, con lo que está pasando en otros sectores, se entienda que las multinacionales producen en el país que le es más conveniente de cada región. Como Brasil los obliga a fabricar en su territorio para adjudicarles una patente, las empresas volarán hacia allá. Si el mercado de medicamentos queda en manos de multinacionales que ni siquiera tienen producción local, los precios no tendrán techo. Las presiones que está soportando el gobierno nacional son inconcebibles. Somos un país soberano y debemos defender nuestros intereses”.