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ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
09 ABRIL 2000








NOTA DE TAPA
Por Roberto Navarro



Paquetes de seis destornilladores a un centavo, juegos de ajedrez a 9 centavos, trajes de hombre a 1,80 peso y televisores color a 1,68 peso. Estos son algunos de los precios a los que ingresan productos importados al país, según registros de la Aduana. Enterado de estas gangas, Cash solicitó una entrevista con Antonio Buigas, el principal asesor del titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), que se especializa en control de valoración. A continuación se reproduce parte del diálogo mantenido con el funcionario.
Cash: –Por los precios que están entrando las mercaderías se ve que los problemas de subfacturación o contrabando documental son muy graves.
Buigas: –De ninguna manera, con el sistema informático María tenemos controlado ese tema. Habrán visto esos precios hace tiempo.
Cash: –Entre diciembre y enero de este año ingresaron, por lo menos, 1000 bicicletas por la Aduana de Mendoza a 1,20 peso.
Buigas: No lo creo.
El funcionario llamó a la secretaria y pidió todos los despachos de rodados que ingresaron por la Aduana de Mendoza desde diciembre.
Buigas: No, las bicicletas que entraron registran precios normales, fíjese usted mismo.
Cash revisó la planilla hasta que encontró las gangas.
Cash: –Aquí hay 480 bicicletas importadas de la India a 1,20 peso, más otras 600 también a 1,20 peso. Otro despacho contiene 1712 bicicletas a 2,10 pesos. También figuran otras 140 a 4,80 pesos.
Buigas: (sorprendido) –Secretaria, averigüen de inmediato cómo ingresaron estos despachos.
Cuarenta y ocho horas después el funcionario llamó al periodista para aclarar que la primera partida de 480 bicicletas ya había sido revalorizada a 10 pesos, precio aún ridículo.
Los importadores deben pagar para ingresar productos en el país un arancel, que es un porcentaje del precio. Al declarar un valor menor, en muchos casos hasta 300 veces inferior al real, los importadores evaden casi la totalidad del impuesto. Esas irregularidades se denominan contrabando documental. Un acto ilegal con sello oficial. Todos los días entran miles de productos en esas condiciones, a valores subfacturados. En febrero se importaron 900 radiograbadores Casio, fabricados en China, a 22 centavos cada uno. El mismo aparato lo venden los hipermercados a 130 pesos por unidad. En marzo ingresaron 400 videocámaras JVC, también de origen chino, a 3,30 pesos cada una. Su valor real en el mercado no baja de 700 pesos. Por la Aduana de Buenos Aires pasaron durante diciembre, a un valor de un peso por unidad, 11.000 cuadros de bicicleta número 14 fabricados en Indonesia. El costo de producción local es de 30 pesos.
Aunque las autoridades aduaneras explican que son casos excepcionales, cada vez menos frecuentes, un estudio de la Cámara de la Indumentaria demuestra lo contrario. Los empresarios ingresaron vía Internet en los registros públicos de la Aduana norteamericana y anotaron el precio promedio de las importaciones de vestimenta que ingresaron en los Estados Unidos en los últimos cuatro meses. Luego requirieron el mismo dato a la Aduana argentina. De la comparación surgió que el precio promedio de ingreso al país es exactamente la mitad que el de las importaciones de los Estados Unidos. Tomando en cuenta que el precio real al que importan los comerciantes norteamericanos, que poseen un enorme poder de compra, es inferior al que consiguen los importadores locales, la conclusión es que la mayoría de las mercaderías que pasa por la Aduana nacional lo hace a valores subfacturados o con contrabando documental.
Desde Paquistán se importaron 3 mil kilos de prendas para niños a 1,49 peso el kilo (cada kilo equivale, por lo menos, a cinco prendas). Otro importador ingresó 1500 pares de zapatillas de cuero marca Etonic,fabricados en China, a 1,90 peso por unidad. El perjuicio para el país es doble. El fisco pierde millones de dólares por evasión impositiva y la industria nacional sufre la invasión de importados de manera irregular. Los aranceles son utilizados por los países como una herramienta para proteger el mercado interno. Cuando los importadores burlan esa barrera, compiten deslealmente con la producción nacional y destruyen empleos. Además, aunque las cantidades que ingresan de algunos productos puedan no ser relevantes, sirven para deprimir los precios. Cuando un hipermercado publica una bicicleta a 30 pesos obliga a la industria nacional a adaptarse a ese precio, aunque pierda dinero. En el último lustro cerraron 700 pequeñas fábricas de rodados y se perdieron nueve mil puestos de trabajo.
El asesor del director de la DGA, Antonio Buigas, señaló a Cash que las fuertes restricciones presupuestarias son un obstáculo para avanzar más rápidamente hacia el control total de las operaciones aduaneras. “Sólo contamos con 150 personas para controlar 60 mil despachos mensuales en los 54 puestos aduaneros del país”, se justificó. Y agregó: “Además, el territorio nacional es muy extenso. Habíamos organizado un sistema de camionetas que patrullaban algunos puntos sensibles del interior, pero tuvimos que suspenderlo porque no teníamos dinero para el combustible”.
La preocupación de las cámaras industriales es tan grande que durante años estuvieron ofreciendo poner empleados propios a ayudar a los inspectores aduaneros a controlar los despachos. Finalmente, el año pasado, Carlos Silvani, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incluye a la DGI y a la Aduana, aceptó la propuesta.
“Tuvimos que ir nosotros mismos a controlar los despachos porque a los inspectores de Aduana les parece normal que una camisa cueste un centavo”, indicó a Cash Fernando Martínez, gerente de la Cámara Textil. “De todas maneras, aunque detectemos una irregularidad, concretar un incidente de valor es un parto”, graficó el empresario. Cuando se encuentra una mercadería declarada a un precio inferior al real, la Aduana no detiene el despacho. Lo deja ingresar y le retiene al importador una suma similar a la diferencia estimada. Luego, tiene 45 días para probar la irregularidad o devolver el dinero. También en este caso son las cámaras las que cargan con la responsabilidad de proveer elementos que prueben el ilícito.
En la Aduana aducen que la operatoria de verificación y valoración de mercaderías se hace de acuerdo con lo estipulado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que, aseguran, obliga a los países socios a cargar el arancel sobre el precio de factura, salvo en los casos en los que se demuestre fehacientemente su falsedad. Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la Unión Industrial, opina distinto. “La OMC dice que el precio sobre el que se debe tributar es el de la transacción. Estados Unidos interpretó que el organismo se refiere al precio real de la mercadería, por eso trabaja con bandas de precios de referencia basados en promedios anuales. En el país, en cambio, prefieren interpretar la regla de la OMC de la manera más favorable para los importadores”, se quejó el industrial.
Mientras tanto, en puestos callejeros, en ferias, vendedores ambulantes, en hipermercados y hasta en locales de shoppings se siguen vendiendo productos a precios ridículamente bajos, que ponen, precisamente en ridículo, los controles de la Aduana. Muñecas a 11 centavos, calzoncillos a 14 centavos, acondicionadores de aire a dos pesos, calculadoras electrónicas a 45 centavos. Gangas de la semana.

 

Dumping, otra práctica de comercio desleal
Antes que sea tarde
La subfacturación es una de las maniobras de importación desleal que más golpea a la industria nacional y destruye empleos. El dumping produce un efecto similar. La Organización Mundial de Comercio (OMC) clasifica como dumping a toda operación en la que una empresa exporta sus productos a otro país a un valor inferior al que los comercializa en su propio territorio o en un tercero. Una clasificación similar merecen las operaciones de comercio exterior que se realizan a un precio inferior al costo.
Numerosos sectores industriales son atacados en forma constante por importaciones de esta naturaleza. Los productos de origen chino, subsidiados por el Estado, prácticamente destruyeron a toda la industria juguetera y a gran parte de las fábricas de rodados. Las constantes denuncias que los empresarios realizaron durante la última década ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) no lograron detener la avalancha.
Cuando una empresa se siente atacada por una importación con características de dumping, puede denunciar el hecho ante la CNCE y reclamar que el organismo instrumente una medida de salvaguarda, que actúe como una barrera ante la importación desleal. La medida consiste en cobrarle un arancel al producto importado que equilibre la maniobra de dumping. Pero la OMC dice que para imponer una medida de salvaguarda es necesario probar que las importaciones cuestionadas están causando un daño real a una empresa o sector. La carga de la prueba corre por cuenta de la compañía perjudicada y la información que exige la OMC es tan compleja que la mayoría de las empresas contrata consultoras para hacer el trabajo. Un trámite normal puede tener un costo de 150 mil dólares y demorar dos años. Se dio el caso de una pymes que fabricaba bujías para automóviles que cuando salió la medida de salvaguarda, luego de tres años, ya había quebrado.
El presidente Fernando de la Rúa ordenó de que se reduzcan los tiempos de las investigaciones al mínimo y que se tomen medidas cautelares antes de los dos meses de producida la denuncia para proteger a la producción local. La administración anterior no tomaba medidas hasta terminar la investigación por temor a que sean impugnadas por la OMC. La política de la Alianza será tomar medidas preventivas, aún a riesgo de que luego tenga que eliminarlas, pero no perder un tiempo que para algunas industrias puede llegar tarde.
Antonio Buigas asesor principal del titular de la Aduana
“No podemos negar que existen maniobras corruptas”
¿Cómo puede un inspector creer que seis destornilladores cuestan 1 centavo?
–Es muy factible que el despacho al que usted se refiere no haya pasado por ningún tipo de control de valor. En la Aduana hay controles selectivos como en cualquier país del mundo. No se pueden chequear todos los ingresos. Hay cuatro canales: el verde, en el que las mercaderías pasan sin ningún control; el naranja, en el que se verifica la documentación; el rojo, donde se controla que los productos declarados coincidan en cantidad y clasificación con la mercadería a la vista; y el morado, que es el único que evalúa si los precios son correctos. Por este último pasan las mercaderías más sensibles; las que las cámaras empresariales suelen denunciar como ligadas a maniobras de subfacturación.
A pesar de la gran cantidad de denuncias sobre contrabando documental, la Aduana sólo evalúa los precios de una pequeña parte de los despachos.
–Se han tomado muchas medidas para reducir el problema al mínimo y estamos en camino a lograrlo. Primero, se contrataron seis compañías internacionales que hacen control de valor en origen, antes de que embarquen la mercadería. También en estos casos trabajamos sobre los productos que señalan las cámaras empresariales como más sensibles. Por otra parte, con el sistema María, acabamos de poner on line a todas las aduanas del país, lo que nos permite controlar en tiempo real todos los ingresos. El próximo paso será, por medio de Internet, permitir que las cámaras accedan a la información sobre todos los ingresos antes de que salga la mercadería de aduana.
¿No es una demostración de ineficacia, primero dejar que las empresas coloquen a sus propios empleados a controlar dentro de la Aduana y ahora pedirles que detecten las irregularidades vía Internet que a ustedes se les pasan?
–El trabajo en conjunto con los empresarios responde a varias causas. En principio, porque son los que mejor conocen sus productos. Un inspector no tiene por qué conocer la diferencia entre un traje de dos mil dólares y uno de cien, por ejemplo. También porque el hecho de que al lado de cada inspector haya un representante de las empresas reduce la posibilidad de maniobras corruptas, que no podemos negar que existen. Y, por último, las restricciones presupuestarias hacen que la participación de personal externo sea bienvenida. En Aduana sólo contamos con 4800 personas para hacer todo el trabajo. Para que se entienda cuán reducida es la plantilla de empleados con relación a las tareas, basta comparar con cualquier aduana del mundo. La aduana francesa, por ejemplo, que controla una frontera menos extensa y más segura, tiene 21.000 empleados.