“Deben bajar 5000 millones de pesos por año”

El dos veces titular del Banco Central en el gobierno de Carlos Menem sostiene que el recorte del gasto público es la clave para tener un crecimiento sostenido.

Por Javier González Fraga *

Superadas las urgencias fiscales que enfrentó este nuevo equipo económico en los primeros días de su gestión, subsisten una serie de temas que deberán ir resolviéndose en los próximos años. El primero de ellos es el excesivo gasto público total, es decir, incluyendo los niveles nacional, provincial y municipal, que hoy supera los 110.000 millones de pesos. Este gasto público resulta insoportable por varias razones:
Es el responsable de la altísima presión impositiva, que ahoga al sector productivo y al consumidor.
Genera una voracidad financiera por parte del Estado que aumenta desproporcionadamente el “riesgo país” y las tasas de interés.
No tiene como contrapartida buenos servicios sociales, como salud, educación, jubilaciones, pensiones o seguros de desempleo, que en nuestro país deben parcialmente ser contratados privadamente. Este es el motivo por el cual no son válidas las comparaciones de gasto público sobre PBI con otros países, donde estos servicios son eficientemente prestados por el Estado.
Este gasto público debería estar bajando alrededor de 5000 millones de pesos por año, durante los próximos 5 años. Esto implica algo más que la eliminación del café, el recorte de las horas extra o la venta de los coches oficiales. Hay que repensar la organización nacional, que hoy no sólo responde a la realidad de las comunicaciones de casi 200 años atrás, sino que ha sufrido la provincialización de muchos territorios nacionales en los últimos 50 años. Debemos entonces imaginar un sistema que mantenga el espíritu federal, pero que resulte compatible con las comunicaciones de hoy, y con la necesidad de abaratar la administración del Estado.
El otro gran tema, en parte dependiente del anterior, es la recuperación de la competitividad de nuestra industria. Suponiendo que el menor gasto público permite una gradual pero firme reducción de los intereses y de los impuestos, subsiste la necesidad de definir un proyecto industrial, y poner a su servicio todas las energías de la nación. Lamentablemente, en los últimos 20 años estuvo mal visto entre el gremio de economistas hablar de política industrial, porque se la relacionaba con subsidios y otras prácticas inflacionarias, y además existía un fe ciega (o estúpida) en la habilidad de “la mano invisible”.
Sin entrar a definir qué sector debe crecer, y cuál desaparecer, el Estado debe definir una política de exportaciones, de inversiones, y de investigación tecnológica, coherente con la realidad mundial y regional. No puede ser que sectores claramente competitivos estén compitiendo con otros evidentemente no competitivos, por los escasos recursos financieros o fiscales que el Estado pone a su disposición para la promoción de sus actividades productivas. Los ejemplos cercanos de Chile, Brasil y México, y los no tan cercanos pero familiares de Italia primero y España en los últimos 10 años nos muestran que la planificación y la estrategia industrial no son herramientas exclusivas de los marxistas, sino de los exitosos.
A los efectos de elaborar esta política industrial, deberíamos revisar, coordinar y simplificar los ordenamientos existentes en la pluralidad de organismos que hoy regulan los aspectos aduaneros, impositivos, sanitarios, bromatológicos, tecnológicos, ambientales, etc., y que hoy constituyen una carga, especialmente para las empresas pequeñas y medianas.
La recuperación de la competitividad también necesita que la aprobada reforma laboral se traduzca en una reducción de los costos asociados al salario, y que se promueva la competencia entre los servicios públicos, ahora privatizados, para que sus tarifas sean coherentes con la realidad argentina en el contexto mundial. También la industria necesita en sistema bancario que, además de solvente, sea útil a la actividad productiva.
Fuera de discusión está la necesidad de profundizar la integración al Mercosur, como una etapa inicial en el proceso de integración inteligente con el resto del mundo. La nueva política industrial debe favorecer cierto grado de especialización que le permita a la Argentina exportar una parte sustancial de su producción, única forma de superar las limitaciones del mercado interno y los estrangulamientos financieros externos. Nuestra nueva industria debe ser exportadora, si los argentinos queremos mejorar nuestros niveles de vida, porque carecemos del tamaño necesario de mercado interno para que todas las industrias alcancen los niveles de productividad necesarios para soportar la competencia importada.
Solucionados estos dos grandes temas, gasto público y competitividad industrial, la Argentina podrá experimentar durante la segunda mitad de esta nueva década altas tasas de crecimiento con estabilidad. Para entonces, la audaz reforma previsional de 1994 habrá dejado de representar una pesada carga fiscal, y estará generando excedentes de ahorro que podrán ser volcados a la inversión productiva, como lo experimentó Chile durante la década pasada.

* Ex presidente del Banco Central