El silencio no es salud

Los hospitales públicos no tienen recursos suficientes; la gente, en general, está mal atendida, tanto en clínicas privadas como estatales; el acceso a una digna prestación está vedado a los sectores de bajos recursos; un tercio de la población prácticamente no consume medicamentos porque no puede pagarlos por lo caro; varias prepagas hacen cada vez más restrictivos sus servicios; muchas de las obras sociales se han convertido en un botín para el capo del sindicato. Resulta evidente la grave crisis del sector de la salud para cualquiera que se acerque un poco al tema. Ante semejante problema, complejo y controvertido por los poderosos intereses en pugna, el Gobierno propone como principal proyecto en el campo de la salud la desregulación de las obras sociales. Como si la libre competencia con prepagas, en un mercado que ni por asomo puede ser definido de concurrencia perfecta entre oferta y demanda, fuera la única vía para mejorar un área profundamente deteriorada. Más bien, esa iniciativa viene a satisfacer las demandas del Banco Mundial y de las grandes corporaciones internacionales de la salud que han desembarcado en el país.
El incremento de la desocupación y del trabajo en negro implicó que 2,2 millones de personas perdieran su obra social, pasando a atenderse en los hospitales públicos, que han quedado desbordados. A principios de la década del '90, el 55,3 por ciento de la población estaba alcanzada por una cobertura médica, obra social sindical, provincial o prepaga. Ahora, sólo involucra al 43,7 por ciento. A su vez, la disminución de los ingresos de los que trabajan y la evasión más la reducción de los aportes patronales contribuyeron a desfinanciar a las obras sociales. Para que el estrago sea total en el sistema, algunas prepagas han ingresado por la ventana en el régimen captando a los trabajadores de mayores ingresos de las obras sociales.
El proyecto oficial, que abre totalmente el mercado a la competencia, propone que el 30 por ciento del aporte del trabajador que pase a una prepaga quede en la propia obra social. Esa señal de “progresismo” resulta poco efectiva dada la actual dinámica del sector. Las prepagas están rompiendo los acuerdos con obras sociales sindicales por la prestación de servicios contra la percepción de una cápita fija, debido a que era bajo el valor promedio de recaudación por beneficiario que recibían, con lo que no les cerraba las cuentas. Por caso, Medicus ha cancelado esos tipos de contratos, pero sin dejar fuera de su mira ese negocio. El camino de regreso está señalado por la reforma que se viene. Pese a la resistencia a esa retención del 30 por ciento prevista, le va a resultar más rentable que aquellos acuerdos de atención universal porque el objetivo de las prepagas es captar la crema de la obra social, que está compuesta por los trabajadores de ingresos altos. Los empleados de salarios bajos, pobres y ancianos quedarán a cargo de la obra social, pese que el jefe de asesores de Economía, Pablo Gerchunoff, sostenga que esta reforma es, precisamente, para evitar ese desenlace.
El sistema de obras sociales se ha desvirtuado no sólo por la complacencia de los funcionarios ante las exigencias del Banco Mundial de implementar políticas de fusión y de apertura. Para que la mirada no sea sólo con un ojo no hay que eludir mencionar la utilización del dinero de las obras sociales como caja política de muchos de los sindicalistas y, fundamentalmente, como canal de negocios privados de esos capos.
Así, para unos y otros, las prestaciones de salud han quedado reducidas a una actividad financiera, quedando marginada la solidaridad y la asistencia social de instituciones nacidas y sostenidas por el aporte de los trabajadores.