Algo huele mal

La debilidad que muestra la recaudación impositiva tiene varias caras. La economía que no crece; la poca eficacia de los responsables de cobrar impuestos; los continuos cambios en el régimen tributario que cansan a los contribuyentes; la deflación de precios que disminuye los ingresos impositivos. Y la lista continúa. Pero hay una cara que ayuda a entender qué pasa en la AFIP, el organismo que reúne a la DGI y a la Aduana, que no es tan comentada cuando se trata de explicar los magros resultados de la recaudación. Ese rostro oculto, que permite comprender muchas más cosas cuando se habla de evasión, impuestos, recaudación, moratoria, tiene perfiles que resultan fáciles de descubrir, aunque se intente maquillarlos. Se trata, en concreto, de presiones políticas ejercidas sobre los encargados de cobrar impuestos. Presiones que no provienen solamente de amigos del poder, empresarios, banqueros, políticos en general, sino que también llegan desde lo más alto del Gobierno.
Se sabe que las famosas listas de denuncias penales realizadas por la AFIP contra evasores pasan por un previo filtro, que va retirando de la difusión pública los casos que cuentan con un padrino de peso que hace valer sus influencias. Es cierto que esas operaciones oscuras no definen el rumbo que puede alcanzar la recaudación, que tiene a la evolución del nivel de actividad económica como su principal determinante, además de la eficiencia de la administración tributaria. Pero como señal es pésima tanto para los propios inspectores de la DGI, que descubren las maniobras para eludir al fisco, como para los contribuyentes. Así se consolida un sistema inequitativo, donde la evasión impositiva pasa a ser una cuestión estructural con no-pagadores protegidos por el poder.
De la década menemista varias son las investigaciones que no prosperaron (Gatic, Grupo Yoma, entre muchas otras). Con el nuevo gobierno se manifiesta una vocación más firme en perseguir evasores o, al menos, de darlos a conocer. Pero, en algunos casos, las mañas de ocultar, proteger e incluso de presionar a la AFIP también se heredaron de la gestión anterior. Dos de ellos sirven de muestra. Hace dos martes, Carlos Silvani, titular de la AFIP, presentó otra lista con 35 denuncias penales contra empresas evasoras. Enterado de esa iniciativa, y antes de que se conocieran públicamente los nombres de las compañías, un ex presidente de la Sociedad Rural se interesó por la investigación ya avanzada sobre dos AFJP. La acusación de Impositiva, que resulta el colmo de una AFJP, es por evasión de aportes previsionales por un total de unos 5 millones de pesos. La gestión del ruralista tuvo éxito: las AFJP no aparecieron en el listado, siendo reemplazadas por otras dos empresas también denunciadas.
El otro caso es más complejo. Hasta el mismísimo Fernando de la Rúa consultó por la marcha de una de las pesquisas realizadas por inspectores del Departamento de Inteligencia Fiscal. La AFIP determinó que el empresario radical Norberto D’Elía evadió el pago de impuestos por un monto superior a los 3 millones de pesos, por incumplimientos correspondientes a Ganancias, IVA y Bienes Personales. Ese contribuyente ya fue oficialmente notificado por Impositiva de la pretensión fiscal por esa evasión. La importancia del caso se debe a que D’Elía fue uno de los principales aportantes a la campaña de la fórmula de la Alianza De la Rúa-Alvarez. Y el Presidente estuvo permanentemente informado del avance de la investigación. El responsable de descubrir esa evasión fue Carlos García Lorea, director de la estratégica oficina Inteligencia Fiscal de la DGI. Luego de que se conociera el caso D’Elía fue ascendido al cargo de asesor, con menos poder que el que tenía. Silvani le aseguró que el trabajo que inició no quedará a mitad de camino.