C L A V E S
Medicamentos precios

Los precios de los distintos remedios varían hasta en más de un 1000 por ciento.

Esas diferencias generan una transferencia desde los consumidores hacia los laboratorios de más de 1500 millones de pesos anuales.

La industria farmacéutica factura casi 5000 millones de pesos al año.

Y, como ocurre en casi todo el mundo, tiene como principal cliente al Estado.

El Estado tiene el poder para intervenir en el mercado, pero no lo utiliza.

Los hospitales consumen 500 millones de pesos anuales en fármacos.

Y el PAMI (intervenido por el Estado) se hace cargo de la mitad de los 700 millones de pesos que consumen sus afiliados por año.

Los tibios intentos de los gobiernos nacional y provinciales por regular el mercado fueron rápidamente abortados por el lobby de los laboratorios.

Por Roberto Navarro

El laboratorio farmacéutico Northia provee a los hospitales el antibiótico de última generación Ciprofloxacina, sin marca, a 22 centavos la unidad. Para venta al público, Northia les entrega a las farmacias el mismo producto a 40 centavos la unidad. A la vez, Northia produce Ciprofloxacina para terceros, entre ellos, para Laboratorios Roemmers, que luego la vende, con marca Ciriax, a 4,2 pesos la unidad. La tercerización es habitual en el mercado farmacéutico. Pero aun en los casos en que cada laboratorio produce sus propios fármacos, las drogas utilizadas, y por lo tanto sus efectos terapéuticos, son las mismas. Sin embargo, los precios de las distintas marcas varían, en muchos casos, en más de un 1000 por ciento. Esas diferencias generan una transferencia de recursos desde los consumidores hacia los laboratorios de más de 1500 millones de pesos anuales. La industria farmacéutica factura casi 5000 millones de pesos al año y, como ocurre en casi todo el mundo, tiene como principal cliente al Estado. Y que en gran medida compra caro.
La mayoría de los países europeos, Canadá, Japón y otras naciones regulan los precios de los medicamentos con un laboratorio estatal, que actúa como testigo del mercado, o con precios máximos legales o utilizando el poder de compra del Estado para generar competencia entre la industria y así inducir una disminución de los precios.
En la Argentina, que tiene los terceros medicamentos más caros del mundo, los tibios intentos de los gobiernos nacional y provinciales por regular el mercado fueron rápidamente abortados por el poderoso lobby de la industria medicinal, con un poder económico que termina de convencer a los funcionarios que en un primer momento aspiraban a realizar al menos tibias reformas en ese mercado.
El Estado tiene el poder para intervenir en el mercado y generar competencia porque es principal cliente de los laboratorios, pero no lo utiliza. Los hospitales consumen 500 millones de pesos anuales en fármacos, y el PAMI (intervenido por el Estado), se hace cargo de la mitad de los 700 millones de pesos que consumen sus afiliados anualmente. La obra social de los jubilados les paga a los laboratorios una suma fija mensual de 27,5 millones de pesos y no controla cuántos medicamentos entrega la industria a cambio. En mayo pasado PAMI canceló el contrato que firmó Víctor Alderete en 1997 y propuso ir hacia un sistema de competencia, pero el lobby de los laboratorios fue tan fuerte que se terminó negociando la continuidad del convenio a cambio de un descuento de 5 millones mensuales (ver nota aparte).
Este invierno los hospitales pagaron la vacuna contra la gripe entre 90 centavos y 2,20 pesos. En las farmacias cuesta 30 pesos. El costo de la mayoría de las drogas no supera los 10 centavos. El precio a que las venden los laboratorios depende de la presión que ejerza el comprador. Los 33 hospitales dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se proveen cada uno por su cuenta. En vez de aprovechar el poder que les daría una compra conjunta, negocian por separado con suerte diversa. Así se pueden encontrar diferencias de precios superiores al 50 por ciento en la compra de la misma droga entre dos hospitales separados por 20 cuadras.
Amanda Ruvilar, subsecretaria de Gerenciamiento Estratégico de la ciudad, explicó a Cash que “en los hospitales existen burocracias administrativas, encargadas históricamente de las compras, que se resisten a resignar sus funciones”. Y que los laboratorios, acostumbrados a que nunca hubo regulaciones sobre sus operaciones, “ejercen un fuerte lobby para mantener el actual esquema”.
La misma situación, pero con peores resultados, se repite en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales de los distintos municipios se proveen por separado y a distintos precios. Cash efectuó una comparación entre los 30 fármacos que más utilizan los hospitales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires y encontró que, en la mayoría de los casos, los establecimientos de la ciudad compran casi a la mitad del precio que los de la provincia. La excepción son los fármacos que la provincia gobernada por Carlos Ruckauf produce en su propio laboratorio. Las 40 drogas que se elaboran en el establecimiento provincial desde hace cuatro años llegan a los hospitales a precios muchísimo más bajos que los de la industria privada. El ministro de Salud bonaerense, Juan José Mucci, no quiso extender la producción al resto del vademécum medicinal porque, según explicó a Cash, la Ley de Patentes, que regirá desde octubre próximo, les dará la exclusividad de explotación a los laboratorios que investigaron cada droga. Pero la nueva legislación sólo protegerá a los fármacos que surjan de ahora en adelante y, aunque la ley rigiera plenamente, sólo el 18 por ciento de las drogas aprobadas internacionalmente está cubierto por patentes. Funcionarios cercanos al ministro, que pidieron no ser citados, aseguraron a este suplemento que, en realidad, fue el lobby de la industria farmacéutica el que detuvo el crecimiento del laboratorio provincial.

Relacion de a tres
El antifebril que más se vende es Novalgina, del laboratorio Hoechst, que cuesta 38 centavos; con la misma droga (Dipirona), la empresa Veinfar produce Larjan y lo vende a 12 centavos; los hospitales pagan la Dipirona entre 1 y 2 centavos.
El mercado de medicamentos es particular porque el que consume el producto, el paciente, no lo elige, y el que lo elige, el médico, no lo paga. Los médicos recetan según los consejos de los mismos laboratorios, que incentivan a los profesionales de la salud con regalos, cursos en el exterior y hasta con un porcentaje de la facturación que el médico genere. Así, aunque en el mercado coexisten productos iguales con diferencias de precios enormes, los que más se venden son los más caros.
En Estados Unidos los médicos recetan por el nombre genérico de la droga y el consumidor compra la marca que prefiere, generalmente la más barata. Incluso las farmacias venden por unidades sueltas y sin marca. La legislación argentina sólo les permite comprar genéricos a los hospitales. Los consumidores están obligados a pagar hasta 20 veces más por el mismo producto y en un envase que, en muchos casos, contiene más unidades que las necesarias para el tratamiento indicado.

Obras sociales
A partir del presente año la vacuna contra la hepatitis B es obligatoria y los hospitales, que la pagaron un promedio de 1 peso, la entregan en forma gratuita. En las farmacias cuesta 40 pesos. El 90 por ciento de la facturación de las farmacias depende del sistema de obras sociales. Cuando un afiliado compra un medicamento, paga, en promedio, un 50 por ciento del precio; de la otra mitad se hace cargo la entidad gremial. En consecuencia, el sobreprecio que se paga por cada medicamento va en detrimento de las alicaídas obras sociales, que gastan el 35 por ciento de sus presupuestos en fármacos, y de los consumidores, que, para solventar semejantes precios, dejan de consumir otros productos, con su consecuente perjuicio para la economía nacional.
En los países desarrollados el gasto en medicamentos es el 14 por ciento del gasto total en salud. En la Argentina los fármacos se llevan el 21 por ciento de ese total. Según un estudio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, si los médicos eligieran siempre la marca más barata, los laboratorios disminuirían su facturación en un 35 por ciento. En la situación actual, esa diferencia significa una transferencia de recursos de los consumidores hacia la industria farmacéutica superior a 1500 millones de pesos anuales.

LA OBRA SOCIAL DE LOS JUBILADOS COMO CASO TESTIGO

El poder de los laboratorios

Por R.N.

Antes de abandonar su puesto como interventora del PAMI, Cecilia Felgueras intentó utilizar el poder de compra de la obra social para generar competencia en el mercado farmacéutico y así conseguir mejores precios para los jubilados. Pero el lobby de los laboratorios fue más fuerte y el proyecto se canceló. El 12 de mayo pasado la intervención de PAMI rescindió el convenio firmado en 1997 por el ex interventor Víctor Alderete y las tres cámaras que representan a la industria farmacéutica. El contrato, que vencía en el 2001, era simple y favorable a los laboratorios: PAMI pagaba una suma fija de 27,5 millones de pesos mensuales y la industria proveía los fármacos sin control ni competencia alguna. Cash tuvo acceso exclusivo al expediente de cancelación. En sus considerandos, basados en un estudio de la Gerencia de Prestaciones Médicas, asesorada por médicos y farmacéuticos de la Universidad de Buenos Aires, la intervención afirma que es “inviable renegociar el contrato en los términos y plazos pactados” y que “resulta imprescindible elaborar un listado terapéutico específico y evaluar distintos modelos de contratación alternativos, basados en procesos competitivos y transparentes”.
Sin embargo, dos meses después, la intervención terminó aceptando la propuesta inicial de la industria (la misma que había rechazado en varias oportunidades), que consiste en concluir el contrato en los mismos términos, pero con un descuento de 5 millones mensuales.
PAMI es el cliente más grande de la industria. Sus compras superan los 700 millones de pesos anuales. De ese total, los jubilados pagan el 54 por ciento y PAMI, el resto. El descuento cedido por la industria sólo es para el componente a cargo de la obra social; los afiliados seguirán pagando lo mismo.
Apenas asumida la actual intervención, se comenzó el estudio de alternativas para disminuir uno de los costos más importantes de la obra social. La Gerencia de Prestaciones Médicas, luego de varios meses de análisis y consultas con profesionales de las áreas comprometidas en el tema, efectuó distintas propuestas. Una de ellas era imitar el sistema que funciona en IOMA, la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires.
Hace más de diez años que IOMA trabaja con un vademécum de poco más de 300 drogas, que compra mediante licitaciones periódicas. Luego de cada licitación, la obra social bonaerense entrega a sus prestadores médicos las marcas que deben prescribir a sus afiliados. Así lograron reducir el gasto en medicamentos a 5 pesos por persona. El de PAMI es de 12 pesos. Otra alternativa que se evaluó era la de licitar directamente genéricos, sin marca, y envasarlos en cajitas con la identificación “PAMI”. Esta propuesta reducía tanto los precios que hubiese permitido entregar los medicamentos sin cargo para los afiliados.
Entre el 12 de mayo y el 20 de julio, día en que Felgueras dejó PAMI, los laboratorios consiguieron hacer cambiar de idea a la actual vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a Horacio Rodríguez Larreta, el otro interventor de la obra social, que también había firmado la rescisión del convenio. Larreta aseguró a Cash “que habían alcanzado un acuerdo conveniente y que estaba seguro de que los afiliados aprobaban la medida”. Pero altos funcionarios de la entidad relataron a este suplemento que fueron las presiones de la industria farmacéutica las que convencieron a los interventores de la conveniencia de “no abrir otro frente de batalla”.