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Poco para muchos
Por
Fernando Krakowiak
En
el país hay 4 millones de desocupados y subocupados sin contar
a los desalentados que ni siquiera buscan trabajo. Sin embargo,
cobran el seguro de desempleo apenas 122.059 personas. La falta
de recursos para ampliar la cobertura del subsidio y profundizar
políticas orientadas a la capacitación y a la reinserción
laboral de los desempleados ha sido una constante durante los últimos
diez años. La Central de los Trabajadores Argentinos encendió
el debate al solicitar la implementación de un Seguro de
Empleo y Formación que incluya a todos los jefes de hogar
desocupados. El secretario de Empleo, Horacio Viqueira, reconoció
ante Cash que “los recursos son insuficientes”, pero agregó
que “sin crecimiento no se pueden generar puestos de trabajo
ni sostener a un mayor número de desempleados”.
Los requisitos para obtener el seguro de desempleo vigente aparecen
como un obstáculo difícil de sortear en una economía
sumergida en un proceso de desindustrialización, donde se
acrecienta cada vez más la destrucción de puestos
de trabajo formales. Los interesados deben acreditar haber sido
empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo y justificar un período
mínimo de 12 meses con cotización al Fondo Nacional
de Empleo. Por lo tanto, quienes trabajaron en negro y los jóvenes
que buscan ocupación por primera vez y no la encuentran son
los más perjudicados por ese sistema que excluye, entre otros,
a los trabajadores agrarios, de la construcción y del servicio
doméstico, debido a que en algunos casos tienen regímenes
especiales.
Durante el año
pasado el gobierno nacional destinó al pago del seguro 361,2
millones de pesos, y en lo que va del año el gasto mensual
promedio se mantiene cercano a los 32 millones. El tiempo de la
prestación está en relación con el período
trabajado, pudiendo oscilar entre los 4 y los 12 meses. La remuneración
se calcula sobre la base de los seis últimos sueldos y no
puede superar los 300 pesos. Disminuye luego de la cuarta y de la
octava cuota, pero siempre manteniéndose por encima del nivel
mínimo de 150 pesos. La ley también prevé la
modalidad de pago único de las prestaciones para aquellos
trabajadores que se constituyan como asociados o miembros de cooperativas
en actividades productivas. Sin embargo, la gerenta de Desempleo
de la Administración Nacional de Seguridad Social, Ana Lía
Dellepiane, afirmó a Cash que desde que asumió en
su cargo a comienzos de año “hubo un solo caso en el
que un grupo de trabajadores despedidos hizo uso de esta opción”.
Según la ley 24.013 las contribuciones patronales al Fondo
Nacional de Empleo deben ser el 1,5 por ciento de las previstas
para las Cajas de Asignaciones Familiares. Pero decretos posteriores
fijaron una disminución del aporte de los empleadores según
las distintas zonas económicas del país. Así
es como la contribución promedio destinada al fondo alcanzó
en noviembre de 1999 sólo el 0,92 por ciento.
Cuando se creó el sistema en 1991 la población en
condiciones de cobrar el seguro representaba un 49 por ciento de
los ocupados y un 76 por ciento de los asalariados. Sin embargo,
el requisito de contribución a la seguridad social redujo
este segmento, ya que por entonces existía un 27 por ciento
de trabajadores en negro. La exclusión es mayor en el caso
de las mujeres, ya que muchas se dedican a actividades no cubiertas
por la prestación, como es el caso del servicio doméstico.
Según las estadísticas de junio de este año
suministradas por la Anses, sólo un 27,4 por ciento de los
subsidios corresponde a mujeres.
La discusión en torno del rol que debe cumplir el seguro
de desempleo en las sociedades modernas se viene dando desde hace
varias décadas. Fundamentalmente en Europa donde este tipo
de cobertura se desarrolló extensamente durante la posguerra.
Los crecientes déficit fiscales y el aumento del desempleo
estructural llevaron en la década del 80 a profundizar los
debates sobre la incidencia del seguro en la productividad del trabajo
y, finalmente, a realizar algunos recortes parciales en laprestación.
Sin embargo, la cobertura promedio en estos países nunca
estuvo por debajo del 50 por ciento de la población desocupada.
Lo que se buscó fue tratar de orientar los subsidios al ámbito
de las políticas activas con el objeto de no solamente sustituir
ingresos perdidos sino también favorecer la búsqueda
de empleo.
En América latina la situación ha sido completamente
diferente. Los recursos destinados al seguro y a la capacitación
laboral resultaron siempre escasos en relación con las crecientes
necesidades de la población. En la Argentina, las personas
que cobran el subsidio no reciben ninguna capacitación laboral
ni son orientadas por el Estado en la búsqueda de empleo.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos una vez que la prestación
se termina, se quedan sin seguro y sin trabajo. Para volver a cobrar
la ayuda estatal la ley establece que el potencial beneficiario
debe trabajar en blanco nuevamente y sus empleadores, realizar los
aportes durante 12 meses como mínimo.
Desde la CTA afirman que el actual subsidio no sirve porque es una
política de carácter exclusivamente compensatorio
pensada al margen de cualquier estrategia redistributiva. Reclaman
la implementación de un seguro de empleo y formación
de 380 pesos a todos los jefes de hogar y una asignación
de 60 pesos por hijo. Claudio Lozano, director del Instituto de
Estudios sobre Estado y Participación de la CTA, señaló
a Cash que “la propuesta apunta a lograr que ninguna familia
argentina esté por debajo de la línea de pobreza”.
Según Lozano la suma del seguro más la asignación
por hijo requeriría un gasto de 9706 millones de pesos por
año. La cifra fue calculada sobre la base de la última
Encuesta Permanente de Hogares según la cual existen en la
Argentina 722.400 jefes de hogar desocupados. Los dirigentes de
la CTA afirman que los recursos se podrían obtener modificando
el sistema impositivo. Para lo cual proponen una alternativa de
recaudación que incluye la restitución de aportes
patronales para las grandes empresas de bienes no transables, mayor
presión tributaria al consumo superior y a las ganancias
y reasignación de planes sociales. Esta suma de alternativas
de financiamiento serviría para recolectar, según
la CTA, un total cercano a los 17.500 millones de pesos.
En el Gobierno afirman que la propuesta es imposible de llevar a
la práctica. Mientras tanto proponen esperar la llegada del
crecimiento bajo la promesa de que esta vez el derrame alcanzara
a los desocupados. Aseguran que no sucederá como en la década
del 90 cuando las mejoras en el producto sirvieron para potenciar
la rentabilidad de las principales empresas al tiempo que se fueron
incrementando los niveles de pobreza y desocupación.
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HORACIO
VIQUEIRA secretario de Empleo
“El
planteo de la CTA tiene poco sustento”
¿El
Gobierno piensa extender la cobertura del seguro de desempleo?
–En este momento el sistema es deficitario. La posibilidad
de crecimiento tiene que ver con la capacidad de recaudación
del Estado y con la posibilidad de blanquear el trabajo de
los millones de personas que trabajan en negro. En la medida
en que sus empleadores tributen, se podrán incrementar
los fondos y la cantidad de subsidios.
¿Las personas que cobran el seguro son capacitadas
para que puedan reinsertarse en el mercado laboral?
–No hay recursos presupuestarios asignados específicamente
a la recalificación de las personas desocupadas que
están cobrando el seguro de desempleo. Tratamos de
focalizar los programas en aquellos sectores que no tienen
ningún beneficio, intentando cubrir las necesidades
de los jefes de hogar desocupados para garantizar un ingreso
mínimo a 350 mil familias.
La CTA reclama que se garantice un seguro de empleo y formación
de 380 pesos para todos los jefes de hogar.
–El planteo tiene poco sustento desde el punto de
vista fiscal. No creo que haya posibilidad de modificar los
niveles de recaudación aumentando impuestos. La perspectiva
de combatir la evasión es importante, pero tampoco
alcanzaría. Además, los sueldos de una gran
cantidad de trabajadores están muy por debajo de esos
niveles salariales. Plantear que el Estado pueda garantizar
ese piso no se condice con la realidad.
Pero con los recursos actuales pareciera no haber posibilidad
de revertir los índices de desempleo.
–Me parece que tenemos que asumir la condición
real en que está el Estado. Una situación perversa
con un alto nivel de endeudamiento y una fuerte concentración
del poder económico, de la cual no se sale sólo
con una actitud voluntarista. Nosotros estamos planteando
ampliar los recursos para el año próximo, pero
el imperativo principal pasa por ver cómo se logra
reactivar la economía. Pues sin crecimiento no se generan
puestos de trabajo ni recursos para sostener a los desempleados.
ADRIANA
MARSHALL del Conicet-Ides
“Es
muy restrictivo”
¿Por
qué son tan pocas las personas que cobran el seguro
de desempleo?
–El seguro de desempleo en la Argentina fue pensado
con un carácter muy restrictivo en cuanto al acceso
para que no demandara un gran esfuerzo en términos
presupuestarios. Históricamente representó el
0,1 del gasto en relación con el PBI mientras que en
la mayoría de los países centrales oscila entre
el 1 y el 3 por ciento. El sistema excluye por definición
a un conjunto de trabajadores que están sobrerrepresentados
en la población desocupada y eso hace que obtengan
la prestación menos del 10 por ciento de los desempleados.
¿Cómo se podría hacer para extender
la cobertura a los trabajadores informales?
–Muchas veces se pensó que la existencia
de un seguro atado a la contribución de la seguridad
social podría impulsar la formalización. Los
trabajadores se avendrían menos a trabajar en negro
para poder tener acceso al seguro de desempleo. Pero los altos
niveles de desocupación hicieron fracasar este tipo
de estímulo. La solución consiste en fiscalizar
y penalizar a las empresas que contratan a trabajadores en
negro.
¿La extensión del subsidio puede ayudar a
reactivar la economía?
–Sin duda, el seguro es un instrumento muy importante
de política macroeconómica que ha sido utilizado
en algunos países para mantener el ingreso en los hogares,
ampliar el consumo y reactivar la demanda agregada. Sin embargo,
no creo que se adopte esta política en el actual contexto
de restricción del gasto público.
CLAUDIO
LOZANO De Idep-CTA
“Poner
un piso a la degradación”
¿Qué
características tiene el seguro de empleo y formación
que propone la CTA?
–El seguro está pensado para intervenir sobre
la población desocupada articulando la creación
de circuitos económicos de emergencia a nivel local.
Se diferencia del seguro de desempleo porque vincula fenómenos
laborales y de capacitación sobre la población
desocupada colocando al sector público en una estrategia
de planificación de aquello que no resuelve el mercado.
El objetivo es garantizar una renta mínima de 380 pesos
por jefe de familia y una asignación de 60 pesos por
hijo para que ningún hogar quede por debajo de la línea
de pobreza.
En el Gobierno afirman que es una propuesta voluntarista
porque carece de sustento fiscal.
–La lógica fiscal que no permite responder
a esta propuesta está fuertemente desequilibrada ya
que todos los procesos de ajuste y equilibrio recaen sobre
el conjunto de la sociedad, ya sea porque los impuestos terminan
cobrándoselos a las capas medias o porque la reducción
del gasto en lugar de tocar subsidios termina restringiendo
prestaciones esenciales. Dentro de esa lógica fiscal,
el Gobierno no va a encontrar resolución a lo que nosotros
planteamos.
¿Y cuál es la forma que ustedes proponen
para financiar el seguro?
–El seguro requiere un financiamiento de 9700 millones
que se pueden obtener incrementando la recaudación
a partir de la expansión del consumo, restituyéndoles
los aportes patronales a los grandes contribuyentes del sector
de no transables (empresas privatizadas, bancos, hipermercados),
eliminando las exenciones en el impuesto a las ganancias y
generando una mayor presión impositiva sobre los consumos
superiores. Además planteamos que hay 3700 millones
de dólares destinados a planes sociales que tienen
un efecto limitado en la lucha contra la pobreza porque no
impactan sobre la causa del problema. Estos planes deberían
ser reasignados en base a un único plan nacional de
ejecución local que estuviera estructurado en torno
del seguro de empleo. Pues si financiamos al jefe de hogar
estaríamos poniéndole un piso a la degradación
de la estructura ocupacional ya que el seguro se transformaría
en el nuevo nombre del salario mínimo.
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Historias de desocupados con seguro
Delia
Isabel Tevez, 39 años,
ex empleada de una empresa
alimenticia.
“Vivía en la fábrica”
“Cuando
me echaron me quedé helada porque nunca había
tenido problemas con nadie. En la fábrica me dijeron
que existía el fondo de desempleo, llenaron los papeles
y un mes después empecé a cobrar. Me pagan 300
pesos durante un año más 40 pesos de salario
por mi hijo Matías. Pero me avisaron que después
de la cuarta cuota te bajan el sueldo. Ahora estoy averiguando
porque necesito trabajar para completar los aportes jubilatorios.
Pero es muy difícil. Mi marido está sin trabajo.
El está estudiando para maestro mayor de obra. El subsidio
debería ser mayor porque trabajé 21 años
y casi vivía en la fábrica. Entraba a las cinco
de la mañana y me iba a las diez de la noche. Cobraba
350 por quincena y con las horas extras juntaba un poco más.
Hice muchas tareas. Uno a veces se sorprende porque hace un
montón de cosas para que no te despidan y resulta que
te despiden igual. No me dieron motivo. Lo que pasa es que
los dueños que me vieron crecer no están.”
Darío Capelli, 30 años,
ex empleado de una empresa de comunicaciones.
“Cobraba parte en negro”
“Me
enteré de que existía el seguro de desempleo
por un amigo que lo estaba cobrando. Así que a los
pocos días que me despidieron inicié los trámites
y un mes después me empezaron a pagar. Me hubieran
correspondido 12 cuotas mensuales de 300 pesos porque trabajé
cuatro años y tenía un sueldo de 1200. Pero
resulta que solamente me asignaron 8 cuotas de 180 por mes
porque en la Anses hicieron el cálculo tomando en cuenta
los 445 pesos que cobraba en blanco ya que el resto de mis
ingresos era en negro. Encima no me reconocieron dos años
de antigüedad debido a que en el ‘98 la empresa
de comunicaciones en la que trabajaba cambió de razón
social. Lo que sí recibo es una asignación familiar
de 80 pesos por Camilo y Ludmila, mis hijos de 4 y 3 años,
que cobro todos los meses en el Banco Nación junto
con el resto del seguro. Ahora estoy tratando de rendir las
dos últimas materias que me faltan para recibirme de
sociólogo en la Universidad de Buenos Aires.”
Andrés Guzmán, 27 años,
ex empleado de una fábrica
de perfumes.
“La plata no alcanza”
“Trabajé
durante seis años en una fábrica de perfumes
hasta noviembre del año pasado. Cuando me despidieron,
en la empresa me informaron que me correspondía pedir
el subsidio por un año porque habían estado
haciendo los aportes al fondo de desempleo. Así que
realicé los trámites y desde diciembre empecé
a cobrar 340 pesos por mes. Mientras tuve trabajo en la fábrica
ganaba 800 pesos y nos arreglábamos bastante bien.
Pero ahora salgo siempre a ver si consigo algo porque la plata
no nos alcanza y la situación está cada vez
más complicada. Vivo con mi señora y mis dos
hijos en una casa que alquilamos junto con mis viejos y mis
dos hermanos en Loma Hermosa. Hace un tiempo llamaron del
Ministerio de Trabajo para preguntarme cómo hacía
para buscar empleo. Pero nunca me convocaron a participar
en cursos de capacitación laboral ni me ofrecieron
ningún trabajo. Sin embargo, tampoco me puedo quejar
porque el subsidio es una ayuda muy importante.”
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