Autos y hombres

Viajar en automóvil implica desplazar un bien privado por un espacio público (calles, rutas, autopistas). A la manera de juegos de suma cero, en el momento que un fragmento del espacio público es ocupado por un automóvil, no puede ser ocupado por otro. Ello involucra una competencia por la ocupación del espacio, ya sea en movimiento o en reposo. (1) El derecho a estacionar vale sólo para el carril pegado al cordón derecho, si un cartel no lo prohíbe. Si hay cartel, el conductor estaciona sobre el carril izquierdo, donde no hay cartel, porque allí siempre está prohibido, si un cartel no lo autoriza. Inmovilizar allí un auto bloquea un carril destinado a que circulen todos: es una apropiación privada de un recurso público. (2) Lo anterior lleva a que no se respetan las señales. Si conduce en una autopista, donde no debe exceder los 130, y tiene un auto ultramoderno, cree tener un derecho natural a usar el carril más rápido y que cualquiera que le aparezca por delante tiene que hacerse a un lado para dejarle paso, así conduzca a 180: cree más en la fuerza que en los reglamentos, más en la amenaza que en el respeto de la ley. (3) En cambio, si tiene un cascajo, no conduce por la derecha, sino por el segundo carril más rápido, estorbando la circulación de otros: no tiene conciencia de sus propias limitaciones y, por ende, le cuesta superarlas. (4) Si llueve, no baja la velocidad y choca, bloqueando y demorando a los que vienen detrás; éstos, a su vez, superado el lugar del accidente, retoman a alta velocidad el camino y chocan ellos mismos: no aprende de sus desgracias, cambiando para mejor. (5) Si el semáforo lo detiene, aguarda encima de la senda peatonal y le importa un bledo si debe cruzar la calle un menor, un cochecito de bebé, etc.: si es empresario, es imaginable cuánto le importa el consumidor. (6) Si le molesta el que va adelante y no lo puede sobrepasar, en un lomo de burro en lugar de bajar velocidad acelera y se pone delante: quiere ser primero, aunque sea con trampa. Ver cómo maneja el argentino lleva, pues, a examinar cómo se mueve y resuelve situaciones competitivas; permite entender cómo la economía de libremercado se aceptó tan rápido aquí y pone de manifiesto nuestras dificultades para resolver los problemas generados por el libre albedrío y la ausencia de regulación y control. Y no sólo en el ámbito privado, sino también el uso que suele hacerse de los cargos públicos.

Coimas en el Senado

Las leyes argentinas del siglo XX, al cabo de largas y a veces sangrientas luchas, establecían la intangibilidad del salario: éste no podía ser embargado ni recortado en ninguna forma. También prohibían la prolongación de la jornada laboral y regulaban el trabajo insalubre, nocturno y de sectores sociales vulnerables, como el niño y la mujer. Muchas veces la ley era violada, pero estaban los tribunales laborales para poner orden entre las partes. Al finalizar el siglo, el Estado regulador entró en crisis, se replegó y muchas de sus funciones fueron tomadas por el mercado. En éste, las relaciones se rigen por la búsqueda de la ganancia máxima, es decir, en la comparación entre ingresos y costos la diferencia es la mayor factible. En la comercialización de bienes de consumo, el mercado se rige por el interés empresarial, ya que las empresas son grandes y pocas, mientras los consumidores son muchos y desorganizados. Es natural que las empresas aprovechen su poder monopólico para aumentar el precio de venta y para pagar salarios ínfimos (nótese que una remuneración total de $ 80 es un salario por hora de $ 10 si la jornada es de 8 horas, y de $ 8 si la jornada dura 10 horas). Se calcula con exactitud matemática la economía empresarial de costos si una ley permite reducir salarios o bien alargar la jornada laboral. Digamos que sea de $ 1000. Para las empresas no sería ganancia si, para aprobar una ley, debieran sobornar a los legisladores con una suma de $ 1000, pero sísería una movida rentable si la ley pudiera obtenerse por cualquier suma menor a $ 1000. Por su parte, los legisladores debieron competir para obtener sus cargos y para ello debieron invertir gruesas sumas, a veces millonarias. ¿Es razonable pensar que ese enorme costo fue asumido por puro altruismo, o debemos más bien suponer un firme propósito de recobrar la inversión? ¿Y de dónde saldrán ingresos muy superiores a los sueldos oficiales del Estado? El estudio económico de la coima comienza con esas preguntas, cuyo trasfondo es la presunción de incompatibilidad entre instituciones democráticas dedicadas a defender el interés público y las reglas del mercado regido por el cálculo económico. También lleva a pensar a qué país queremos parecernos: ¿a aquéllos donde los cargos públicos se llenan por concurso? ¿O a aquéllos donde el camino es el favor personal y el cobro de peajes para que las cosas marchen?