La economía de la coima

Hay un sonido especial cuando se escucha esa cuestión de la seguridad jurídica. Tiene una cadencia suave, respetuosa y académica cuando se trata de evaluar medidas que pueden afectar a ciertos sectores del poder económico. En cambio, tiene una resonancia brusca, indiferente y trivial cuando se refiere a aspectos que involucran a la gente común, a trabajadores. Resulta tan obscena esa diferenciación que llama la atención semejante desparpajo cuando se escucha a funcionarios y empresarios mencionar el caballito de batalla de la “seguridad jurídica” para defender privilegios de grupos económicos. Esa tan republicana cualidad de respetar los marcos contractuales queda subordinada al interés supremo de “cuidar la estabilidad” cuando el ajuste pasa por la rebaja salarial a los empleados públicos. Por más que den una y más vueltas sobre ese tema, no existe un argumento consistente para sostener que la poda del 12 al 15 por ciento de los sueldos no viola derechos de los afectados. Pero lo más sorprendente es que ese atributo de no violar compromisos asumidos sí se utiliza para neutralizar iniciativas que apuntan a beneficios extraordinarios de, por ejemplo, las privatizadas. Propuestas que buscan precisamente esa tan enaltecida “seguridad jurídica”. O sea, que esas compañías cumplan con la ley.
Aunque en el Ministerio de Economía tratan de encontrar explicaciones en contratos, decretos e incluso leyes, lo cierto es que es innegable que la indexación de las tarifas viola la Ley de Convertibilidad. En realidad, así expresado resulta muy terminante puesto que ciertos funcionarios refutan esa interpretación. Entonces, vale aclarar que salvo contagio en la forma de hacer política que tenía el menemismo o de falta de honestidad intelectual se puede defender el marco de “inseguridad jurídica” en que se desarrollan las privatizadas. Acomodarlas a la ley, entonces, resultaría lo más justo.
Ahora bien, si la discusión se planteara abiertamente, indicando que las privatizadas son un nicho de privilegio que no se toca por el poder que tienen, las cosas estarían más claras. Pero resulta obvio que es una ingenuidad pretender semejante sinceramiento. Por lo tanto, en esos casos mejor sería el silencio de funcionarios, empresarios y voceros del poder económico cuando hablan de seguridad jurídica. Boca cerrada que no mantienen cuando la cuestión pasa por la poda salarial, medida que la presentan como necesaria para poner en orden las cuentas públicas ante la emergencia fiscal y para mejorar la competitividad de la economía.
Desde que se dispuso el recorte de los sueldos de los empleados públicos, más de un centenar de fallos judiciales declararon la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que lo dispuso. (Vale mencionar como elemento lateral de esa medida, que el Estado habilitó de esa forma una nueva vuelta de bajas salariales en el sector privado, conociéndose, por caso, la semana pasada la decisión del Grupo Exxel de podar los sueldos de los trabajadores en todas sus empresas, desde los ejecutivos para abajo, en un 20 por ciento.) La Justicia sostuvo que disminuir los salarios viola abiertamente garantías constitucionales y pactos internacionales. Pese a ello, el Gobierno no suspendió la aplicación de la tala confiando en que la Corte Suprema convalide esa particular interpretación de la “seguridad jurídica”.
Todo sería más claro si se precisara que existen dos categorías de seguridad jurídica. Una, para ese poder económico que seduce con promesas de inversiones millonarias pero que resiste el “Compre Argentino” porque gran parte de esos dólares que dice aportar vuelven rápidamente a proveedores –muchos de ellos, empresas vinculadas– de sus países de origen. La otra, para los trabajadores, públicos y privados, cuyos derechos quedan subordinados al interés supremo de preservar la salud de la Convertibilidad. Precisamente, Convertibilidad que no es respetada por la indexación de tarifas de las privatizadas, que al afectar la competitividad de la economía la condena a su inviabilidad.