El precio del “sí”

VEl principal referente inglés de la ciencia económica neoclásica, Alfred Marhsall, llamó “precio de demanda” a aquella suma de dinero que el demandante de un producto o servicio estaría dispuesto a pagar por no privarse de una unidad del mismo. Esto puede traducirse: “a toda necesidad corresponde un precio”. En las instituciones sociales argentinas ese “precio” adquirió una versión particular. El Estado como tal no existe en lado alguno, sino en la figura de los seres humanos designados para cumplir sus múltiples funciones. Los funcionarios. Entre esas funciones está la de controlar que los actos de los particulares no deriven en perjuicios para la sociedad. Entonces poner policías de tránsito en las rutas, inspectores bromatológicos, registros comerciales, etc. Pero ¿quién controla a los controladores, y garantiza que éstos se ciñan a la tarea que se les encomienda? Uno quiere viajar del trabajo a casa en su auto, o atender una verdulería o abrir un negocio cualquiera, y descubre por propia experiencia que una persona investida de autoridad puede decirle pase o no pase en una ruta, un inspector decirle venda o no venda en su verdulería o un burócrata autorizar o no que su establecimiento abra o no. Y como son seres humanos, igual que todos, al lado del sentimiento altruista, de lealtad y de cumplimiento del deber, que sin duda aplican a su propia familia, también está el sentimiento egoísta, de traición y de aprovechamiento de la función en beneficio propio. Y saben, sin haberlo estudiado, que su no equivale a privar al demandante del bien que apetece, y que por no privarse estaría dispuesto a pagar una suma de dinero. No es necesario decir cómo se llama esa suma de dinero, porque ya es parte de nuestra cultura. Todos tuvimos alguna vez encuentros con esos funcionarios, que nos exigieron dinero para iniciar o seguir realizando cierta actividad. ¿Sorprende que en el Estado mismo haya un “precio de demanda” para evitar un “no”? En la división de los poderes las funciones de gobernar, legislar e impartir justicia están separadas. Si en la campaña el político seduce a los electores, una vez electos el vínculo con los electores se corta, y las necesidades pasan a ser las de los poderes entre sí. El Ejecutivo no puede condenar o absolver sino a través de la Justicia, ni regular sino a través del Legislativo. Y por tanto, un precio corresponde a cada necesidad.vor personal y el cobro de peajes para que las cosas marchen?

Consejos de viejos

La historia de Fausto refleja el alma humana en su etapa senil. Lejos de dejar a los jóvenes los halagos del amor, la belleza y la buena vida, aquel viejo se aferraba a obtenerlos mediante un pacto con el demonio. Nuestro viejo típico es el viejo vizcacha que, privado ya de realizar actos pícaros, elabora sus hazañas y vivencias pretéritas en consejos pícaros. La función de dar consejos va, normalmente, del de mayor edad al de menor. “Normalmente” porque en épocas estabilizadas las sociedades crean “senatus”, o cuerpos de “senex”, ancianos. Pero decae el prestigio de la edad “en todas las épocas de reorganización económica o política, militar o pacífica” (Max Weber). En la formación de las leyes, se califica a los representantes del pueblo como “cámara joven”, y como tal, abre un margen a la posibilidad de audacia o precipitación, que se corregiría al pasar las leyes por la “cámara alta”. Este fue el propósito de Alberdi, al exigir edad distinta a senadores y a diputados. Sin embargo, hay diputados viejos (como fueron Palacios y Alende) y senadores jóvenes. Y en su historia el Senado fue escenario de imprudencias, excesos y corrupción tanto como en Diputados. Por recordar unos casos, en el gobierno de Juárez Celman (1886-90) el Senado se convirtió en una máquina de crear grandes oportunidades de ganancia a empresas particulares; los casos más sonados fueron el otorgamiento de autorización para emitir dinero a los Bancos Nacionales Garantidos, el otorgamiento descontrolado de derechos para hacer tendidos ferroviarios y la privatización de los servicios de salubridad en la ciudad de Buenos Aires. Durante la primera presidencia de Yrigoyen (1916-22) el Ejecutivo radical debió gobernar con ambas cámaras en contra. Rechazaron iniciativas progresistas: el proyecto de colonización agrícolo-ganadera, el proyecto de creación de un Banco Agrícola Nacional, el proyecto de creación de la Marina Mercante, el proyecto de explotación de yacimientos de petróleo –como propiedad de la Nación– en Comodoro Rivadavia, el proyecto de creación de un Banco de la República con facultad de emitir moneda, controlar la oferta monetaria, convertir moneda, descuento y redescuento, otorgar crédito a la industria, agricultura y ganadería, control de cambios, regulación de la tasa de interés, emisión de bonos, negociación de títulos públicos y cámara de compensación.