Consumidor gastado

Al comprador de una camisa o un pantalón el propietario del comercio le cobra el precio previamente definido, o en caso de ansiedad por la malaria económica le otorga un descuento. Ese hombre de negocios incluyó en el valor de venta de la prenda los costos y el margen de ganancia de su actividad. No se le ocurriría cobrar también una entrada al local. Pero podría utilizar el argumento de que abriendo la puerta brinda un servicio al consumidor de ropa que se quiere vestir y, por lo tanto, debe cobrarlo puesto que ha invertido en decorar la vidriera, tiene empleados, planea una política de expansión y debe pagar impuestos. Como razonamiento resulta ridículo y a nadie se le ocurriría pensar que las inversiones por montar un local deben ser financiadas previamente por el consumidor. La competencia en el mercado, en este caso el de comercios de vestimenta, provoca que la pelea por ganar clientes derive en bajas de precios, diferenciación de productos e inversiones a riesgo del capitalista. Lo que resulta absurdo cuando se analiza una pretensión por el estilo para una variedad de actividades productivas y comerciales pasa a ser lógico, con respaldos legales como el principio de “rentabilidad razonable” y de racionalidad económica en las estrategias de expansión de redes de servicios públicos, como el agua y el gas, manejadas por empresas monopólicas.
En relación con ese tema resulta interesante contrastar las principales conclusiones de dos documentos con criterios diferentes referidos a la expansión de redes de gas.
1. Un reciente trabajo de Adigas (asociación de distribuidoras de gas) sostiene que:
- El negocio generado por el proceso de apertura del servicio de distribución de gas, luego de la privatización, fue concebido con una tarifa que no exterioriza explícitamente un margen para solventar la expansión del sistema.
- Dada la madurez de la red de distribución de gas natural de la Argentina, se optó al momento de la construcción de la estructura tarifaria privilegiar una tarifa reducida y que prevea aportes de los clientes para la expansión versus una tarifa alta que incluya un margen de inversión para solventar la expansión.
- En lo que respecta al proceso de expansión de redes, el negocio fue pensado por el legislador, de manera tal que –como se desarrolló históricamente– sean los vecinos los motores de la expansión, con el beneficio de tener tarifas bajas del gas, que le permiten repagar la sobreinversión respecto del gas envasado, de una manera acelerada.
- En cuanto al costo del gas natural, el argentino resulta un servicio económico internacionalmente e internamente versus combustibles sustitutos, hechos que remarcan su fin social.
- Una vez finalizado el tendido de la red y habilitada ésta, los usuarios tienen la obligación de realizar la cesión de las redes, con el objeto de permitir a la licenciataria el ejercicio de operar y mantenerlas.
2. El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, presentó un estudio sobre esa cuestión afirmando que:
- El sistema de ampliación de redes excluye a aquellos usuarios que no pueden afrontar los costos de las obras.
- Cada nuevo usuario que se incorpora al sistema representa una evidente expansión del negocio de las licenciatarias. No reconocer esto constituiría un enriquecimiento sin causa de las distribuidoras.
- En el período 1993-1999 fueron incorporados a la red alrededor de 1 millón de usuarios residenciales por parte de las licenciatarias. El pago de las redes recae sobre los usuarios a través de diferentes modalidades.
- Una de las graves consecuencias que trajeron las modalidades implementadas es que miles de familias estarían por perder su propiedad a raíz de los juicios ejecutivos iniciados por empresas subcontratistas que construyeron las obras de extensión de redes de gas.
Mondino calculó que esas reglas de juego fijadas por ley y la inacción del ente de control de las gasíferas, Energas, implicó en ese período una transferencia de renta de los usuarios a las distribuidoras de 700 millones de pesos.