Privatizacion

Privatizar áreas esenciales de la AFIP (recaudación, fiscalización y Aduanas) equivale a entregar a un sector del poder económico los datos de otro sector. O sea, entregarle las herramientas de aniquilamiento de ese otro sector. Es necesario de una vez por todas poner en evidencia que “ámbito privado” no es de ninguna manera sinónimo de “ámbito eficiente”, y asimismo que “estatal” no significa “ineficiente”. Las empresas de preembarque aduanero, encargadas del control de la facturación de los productos importados, son “empresas privadas” gracias a cuya “eficiencia” ingresan al país bicicletas a dos pesos, guardapolvos a ocho centavos. Nótese, asimismo, que casi siempre la Aduana y la DGI estuvieron conducidas por personas provenientes del sector “privado” y no por funcionarios de carrera. ¿De quién es entonces la ineficiencia? ¿Del organismo por ser público o de quien lo conduce? Llamativamente el Dr. Cavallo propone entregar la AFIP a una sociedad anónima a la cual pretende pagarle honorarios del 2% de la recaudación. Digo “llamativamente” porque Domingo Cavallo ha sido ministro de Economía y debe conocer que el cobro de los impuestos siempre estuvo y está a cargo de sociedades anónimas que son precisamente los bancos. Digo también “llamativamente” porque la DGI tiene asignado un presupuesto sensiblemente inferior al 2% de la recaudación. Quienes proponen la “privatización de la recaudación y de la fiscalización” opinan con un marcado y peligroso desconocimiento de lo que significa la administración tributaria.

Jorge Orlando Martínez
abogado
Secretario general de la A.E.D.G.I.