CONCENTRACION, EXTRANJERIZACION Y
DISTRIBUCION REGRESIVA DE LOS INGRESOS

Modelo para pocos

Grupos que reúnen cada vez más empresas. A la vez, ese núcleo de poder económico se va extranjerizando a pasos acelerados. Y, como consecuencia de esos procesos, los trabajadores fueron perdiendo participación en la renta. Esas transformaciones de los ‘90 se reflejan en un reciente informe del Indec.

Por Daniel Azpiazu *
Economista de Flacso.

El Indec acaba de publicar uno de sus tradicionales y valiosos relevamientos. Se trata, en este caso, del estudio sobre las “Grandes empresas en la Argentina, 1998”, que aporta una muy amplia y variada gama de estadísticas económicas –estructurales y de comportamiento– de la cúpula empresaria del país (las 500 más grandes). El mismo proporciona herramientas suficientes como para captar e interpretar parte sustantiva de las profundas transformaciones económicas y sociales a las que viene asistiendo la Argentina.
El análisis de la vasta información presentada por el Indec permite apreciar la intensidad de algunos de los principales procesos que caracterizaron la evolución de la economía durante la década de los ‘90. Tal es el caso de tres de las tendencias fundamentales del período:
- El creciente grado de concentración de la economía.
- El acelerado proceso de extranjerización.
- La profundización de la regresividad en la distribución del ingreso. Mientras las dos primeras han contribuido a afianzar las nuevas relaciones de poder que se manifiestan en el interior del sector empresario a partir de la dictadura militar, la restante acentúa aún más el alto grado de subordinación del trabajo al capital. Se trata, sin duda, de procesos enraizados que, si bien forman parte del legado que recibió la administración de Fernando de la Rúa, las actuales políticas públicas tienden a profundizarlos, aun cuando ello se contraponga a las propuestas electorales de la Alianza.

Concentracion economica
Si bien el fenómeno de concentración y centralización del capital es innato al sistema, el “shock” neoliberal de los ‘90 llevó a una marcada aceleración de ambos procesos. Tanto las principales políticas públicas –privatizaciones, desregulación y apertura asimétricas de los mercados– como las no menos importantes omisiones normativas y regulatorias –en materia de legislación antimonopolio y de protección de la competencia, y de los derechos de los consumidores– han coadyuvado a inducir una creciente polarización del poder económico.
Basta confrontar la evolución del valor agregado generado por las 500 firmas de mayor producción con el comportamiento del PBI a precios corrientes para constatar el importante incremento del grado de concentración de la economía argentina durante la década pasada. Así, entre 1993 y 1998, ese valor agregado de ese lote de empresas creció un 39,8 por ciento, mientras que la expansión del PBI fue del 26,1 por ciento. El resultado, excluyendo la ponderación de las actividades informales en el cálculo del PBI, es que la participación de esas 500 firmas líderes en el Producto se eleva, en 1998, a poco más del 40 por ciento.
Se trata, sin duda, de un muy elevado grado de concentración económica que, incluso, hace abstracción de un fenómeno que, nuevamente, en la Argentina de los ‘90, ha adquirido una muy particular intensidad: el control de buena parte de las grandes empresas por parte de algunos grandes conglomerados (tanto de capital nacional como extranjero). Así, el Grupo Pérez Companc controla el capital de no menos de cinco o seis de esas empresas líderes; lo propio acontece con el conglomerado de capital extranjero Techint que, también, tiene entre sus controladas a no menos de cinco de las firmas que forman parte de la cúpula empresaria relevada por el Indec.
En otras palabras, más de la mitad del Producto generado en la economía argentina está en manos de mucho menos de 500 agentes económicos. Probablemente, cuando dentro de dos años el Indec publique la información correspondiente al año 2000, podrá constatarse que dicho fenómeno no se ha visto revertido por las actuales políticas públicas sino que, por el contrario, la creciente concentración y centralización del capital será uno más de sus resultantes naturales.

Extranjerizacion
Otro de los fenómenos que caracterizan las transformaciones estructurales de la década del ‘90 es, indudablemente, el de la creciente gravitación de las empresas de capital extranjero. Si bien, también en la sustitución de importaciones –en particular, en su segunda fase–, el país asistió a un proceso de extranjerización de la cúpula empresaria, y de la economía en su conjunto, el fenómeno de los ‘90 adquiere particularidades distintivas, de muy diversa índole.
Por un lado, una primera diferencia se vincula con las formas y modalidades de radicación de las empresas extranjeras. En los ‘90, la incorporación de inversiones extranjeras se orientó mayoritariamente a la adquisición de activos preexistentes (participación en los consorcios adjudicatarios de los procesos de privatización, o compra de grandes y medianas empresas en una amplia y diversa gama de actividades), sin incrementos sustantivos en el stock de capital de la economía, ni en su capacidad de producción.
Asimismo, a diferencia del proceso sustitutivo, cuando la casi totalidad de la inversión extranjera devenía en la instalación de nuevas plantas industriales, en los ‘90 la inversión en el sector manufacturero representa una proporción minoritaria del total y, a la vez, acotada a unos pocas actividades industriales (esencialmente, agroindustrias y automotriz). Por otro lado, en el marco de una distinta forma de articulación de intereses con las fracciones hegemónicas del capital nacional, la intensidad que asume el proceso de desnacionalización emerge como otro de sus rasgos distintivos.
Al respecto, el trabajo del Indec aporta nuevas y contundentes evidencias. En efecto, en 1993, 280 de las 500 mayores empresas del país eran de capital nacional; cantidad que se reduce a 208 en 1998. Por su parte, dentro de las empresas con participación de capital extranjero, aquellas en las que es mayoritario, se incrementaron de 156 a 223 empresas en ese período.
Ese reemplazo de empresas nacionales por otras de capital extranjero adquiere particular trascendencia en el plano productivo. Así, la participación de las nacionales en la generación de valor agregado de las 500 líderes se contrajo de 38,1 por ciento a 24,1 por ciento entre 1993 y 1998. Catorce puntos porcentuales en apenas un quinquenio. En contraposición, las empresas controladas mayoritariamente por el capital extranjero incrementaron 25 puntos porcentuales su aporte al valor agregado: su participación en el total pasó de 32,2 por ciento en 1993, al 57,2 por ciento en 1998.

Regresividad distributiva
La concentración y extranjerización de la economía se conjuga con otra tendencia macroeconómica –y no simplemente social– que, también, se ve claramente reflejada en el interior de la elite empresaria del país: la persistente regresividad en la distribución de los recursos entre el capital y el trabajo.
En múltiples oportunidades se han resaltado los importantes avances logrados en los ‘90 en cuanto a la productividad de la economía y, en particular, de las grandes firmas. Sin embargo, pocas suelen ser las referencias a las formas de apropiación social de esos notables incrementos en materia de productividad del trabajo.
Nuevamente, los resultados del riguroso estudio realizado por el Indec aportan una serie de valiosos elementos en torno a este último tema. Entre 1993 y 1998, la productividad del trabajo en las grandes firmas (valor agregado/cantidad de ocupados) se incrementó en un 49,2 por ciento, como resultado de un importante ritmo de crecimiento del valor agregado del 39,8 por ciento, enmarcado en un proceso de expulsión de mano de obra (casi 40 mil personas).
Por su parte, en ese mismo lapso, la remuneración media de los asalariados creció (siempre a valores corrientes) el 19,6 por ciento, un 60 por ciento menos que el de la productividad del trabajo. De resultas de ello, la relación entre la productividad y el salario (o sea, cuántas unidades de valor agregado se generan por unidad de salario) se incrementó casi un 25 por ciento. O, en otros términos, el capital se ha apropiado de una proporción mayoritaria de los incrementos de la productividad del trabajo.
De allí que, a pesar de la expansión económica y el incremento de la productividad, la distribución del ingreso en las grandes firmas empeoró significativamente durante los ‘90. En apenas cinco años, la participación de los asalariados se redujo del 34,9 por ciento al 28,0 por ciento del producto generado por los mismos. En otras palabras, en apenas un quinquenio, los asalariados han transferido a la cúpula empresaria casi siete puntos –el 20 por ciento de su participación– de su ya deteriorada gravitación en la distribución del producto.
Sin duda, como lo demuestra la experiencia de la crisis de 1995, el fenómeno de la regresividad distributiva tiende a profundizarse durante las fases recesivas del ciclo, muy particularmente cuando no se adoptan políticas públicas activas que lo eviten. La persistencia de la crisis a lo largo de los últimos dos años y la inacción oficial en, por lo menos, evitar ciertas “fallas del mercado” que harán recaer todos sus efectos sobre los trabajadores tienden a configurar un escenario muy poco auspicioso para los próximos años.

LA ACTUAL POLITICA ECONOMICA ES “MAS DE LO MISMO”

La lógica del ajuste

Por D.A.

Para buena parte de los casi nueve millones de argentinos que hace poco más de un año votaron por el cambio, la expresión más de lo mismo tiende a convertirse en un lugar casi común en su percepción de la actual política económica. Lo cierto es que los propósitos y postulados iniciales se han esfumado como resultado de las reiteradas concesiones a los distintos, y muchas veces encontrados, intereses que buscan imponer la dolarización y/o la devaluación. En estos último se encarnan, al decir de Eduardo Basualdo en su reciente libro, Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa, los (intocables) intereses más concentrados del sector financiero y de los servicios privatizados, por un lado, y los de los grandes grupos económicos locales, por el otro.
De todas maneras, más allá de las críticas provenientes de algunos sectores del establishment, insatisfechos incluso con el “más de lo mismo”, la actual gestión gubernamental continúa asentada en la preservación –cuando no acrecentamiento– de los privilegios adquiridos durante la anterior administración gubernamental, en la defensa incondicional de los intereses del capital más concentrado, en la desatención de las crecientes demandas sociales e, incluso, en la recurrencia al “piloto automático”, en un marco caracterizado por el ajuste fiscal permanente.
El sesgo que se le ha venido imprimiendo a este último refleja, con particular intensidad, ese “más de lo mismo”. El llamado “impuestazo”, los recortes salariales a los empleados públicos (con sus ineludibles efectos demostrativos sobre la actividad privada), el reciente anuncio de eliminar el sistema estatal de jubilaciones y de suprimir la Prestación Básica Universal para los futuros jubilados son, entre otros, ajustes fiscales que –como casi siempre en los últimos años– recaen sobre los sectores asalariados. Más aún, cuando ello se conjuga con la proclamada reducción de la presión fiscal sobre los capitales y sus rentas extraordinarias. El ajuste fiscal permanente reconoce un único sector exento de sacrificios: el capital más concentrado, al que se lo intenta seducir en procura del ansiado “shock de confianza”.
En ese marco se inscribe, también, la sistemática recurrencia a –e inducción de– la deflación de los costos laborales como condición de mantenimiento de la paridad cambiaria. A pesar de que en las propuestas originales de la Alianza se priorizaba la reducción de las elevadas tarifas de los servicios públicos privatizados (y, consiguientemente, de las rentas de privilegio de sus prestadoras), y de los no menos exorbitantes costos financieros locales (en particular, para las Pymes y para el consumo), como las opciones más viables para sostener la convertibilidad, la actual gestión gubernamental ha optado por insistir en la reducción de los costos laborales como condición necesaria para mantener la actual paridad cambiaria.
Sin embargo, más allá de toda consideración sobre la regresividad distributiva que ello conlleva, muy difícilmente la contracción de los salarios, aun en un marco de creciente precarización de las condiciones laborales, permita compensar la elevada y creciente gravitación de los costos financieros y de los servicios que, al igual que las elevadas tasas de rentabilidad del capital concentrado, no parecen ser objetos de ajuste alguno.
Tal vez una relectura de los documentos fundacionales de la Alianza y, también, de los compromisos asumidos en la campaña electoral con los casi nueve millones de argentinos que los hicieron suyos permita revertir una lógica del ajuste que en poco se asemeja a lo prometido.