El niñito Dios

En la Nochebuena de 1976 el presidente de la Argentina dirigió al país un mensaje navideño en el que varias veces mencionó al “niñito Dios”, como prenda de pureza y redención, como emblema de unidad para la Nación Argentina. Como si faltaran gestos de espiritualidad, no faltó a tedéum alguno, a misa alguna, con uniforme de gala, a cara descubierta, sin antifaz y sin que en homilía alguna apuntase hacia él ningún dedo índice. Entre tanto, a escondidas, sus subordinados torturaban, vejaban, degradaban y, finalmente, asesinaban a quince seres humanos, en promedio, por día, con métodos tan brutales que a su lado el gas VX parecería humanitario. Pero todo eso pasó. ¿Pasó? La respuesta depende, claro, del punto de mira en que nos pongamos. Por ejemplo, si consideramos que una persona narcotizada, con varios kilos de peso adicional encima, a punto de ser arrojado al mar, es distinta de un collita que acaba de nacer en la Puna, en la mayor pobreza y sin asistencia médica. El primero terminaba sus días porque el Estado concentraba en su persona determinados recursos para lograr su exterminio. El segundo puede no llegar a ver todos sus días porque el Estado lo ignora, y no le dedica el más mínimo de sus recursos. Si no podemos pedirles a los padres del collita, a quienes esta sociedad mantuvo en la ignorancia y en la pobreza, que arbitren medios para prevenir la muerte infantil por causas evitables, sí podemos exigir que la Nación Argentina, que produjo varios premios Nobel en Medicina, a través del Estado, logre que ningún neonato fallezca para causas evitables. Bajo esos supuestos, si ambas son personas –el arrojado indefenso al mar y el fallecido prematuramente por causas evitables–, de sus decesos es responsable el Estado, este Estado, no el que pasó o el que vendrá. Es archisabido el poco costo de evitar la mortalidad infantil. Recursos no faltan: el asunto es cómo repartirlos y cómo cortarles las manos a quienes se adueñan de los recursos destinados a los pobres. Los políticos que, comenzando con Menem, tanto mintieron al pueblo y al mundo –como ocurrió con el compromiso incumplido firmado por el citado en Unicef Nueva York, con el fin de reducir la mortalidad infantil– cuando en esta Navidad se lleven un manjar a la boca, debieran pensar que el valor económico del mismo equivale a lo que evitaría la muerte de un argentino al que, como Jesús, le tocó nacer en un pesebre.

Dos profesores

La Argentina, en toda su historia, tuvo dos profesores de economía que no renunciaron a disociar su labor docente de su fe católica: Emilio Lamarca (1844-1922) y Francisco Valsecchi (1907-92). Este escribió Presencia del Estado en la vida económica y sus conceptos son aplicables hoy. El crecimiento de la actividad estatal en la economía –decía– obedece a factores objetivos, como el aumento de la población, la transformación de la industria y la evolución de las relaciones del trabajo. Y subjetivos, como la aspiración al progreso, a la estabilidad, la igualdad y la libertad económica. “Toda la actividad del Estado debe estar dirigida a la actuación del bien común”, o condiciones materiales que conservan, desarrollan y perfeccionan a la persona. El logro de la finalidad propia de la vida económica lo asegura el Estado cuando posibilita que accedan todos los miembros de una sociedad, de una manera estable, a dichas condiciones materiales. El Estado no puede autoexcluirse de ciertas acciones, ni excluir de sus beneficios a clases sociales, sectores productivos o regiones geográficas. El Estado influye para que la organización económica se ordene para asegurar los valores humanos. Así, la economía se pone al servicio del hombre. La economía de laissez faire, las fuerzas ciegas del mercado, no llevan la economía al servicio del hombre. 1) Porque es excluyente: la producción no se realiza en beneficio de la gran masa de consumidores; 2) por su falla congénita, la inestabilidad; 3) por conducir a pronunciadas y crecientes desigualdades; 4) por excluir del goce de la libertad a los económicamente débiles o a los que no tienen las mismas oportunidades en los puntos de partida. Por lo tanto, el poder público debe actuar para prevenir y corregir deficiencias y excesos de la libre iniciativa privada, y asistir y promover ciertas actividades, para hacerlas más eficientes o hacerlas surgir donde no existen. No puede renunciar, en el campo de la producción, a fomentar ciertos ramos, fijar determinados precios, regular algunos cultivos, proteger a industrias incipientes, dar créditos de fomento. En el consumo, debe proteger a las clases populares, fijando precios de bienes y servicios indispensables del presupuesto familiar. En la distribución, debe beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia, para que se verifique la justicia social.