La piedra de Machinea

Puede ser que esté convencido de lo que hace. También puede ser que sea testarudo, como dicen sus amigos que lo quieren. O puede ser, simplemente, que sea un amante de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Pero la sucesión de errores de política económica cometidos por José Luis Machinea en su corta gestión de doce meses merecerá un estudio de investigación para los economistas de la Universidad Di Tella coordinado por ya saben quién. A las varias veces mencionadas equivocaciones de querer disparar un proceso de crecimiento con suba de impuestos, con rebaja de salarios, con un proyecto de disminución de las jubilaciones futuras y con el tarifazo en el transporte, se sumó ahora la presión de Economía para que salga por decreto de necesidad y urgencia la reforma previsional. Formará parte de su propia naturaleza encontrarse en el camino con una piedra conocida o Machinea no se ha dado cuenta del enorme costo político que deberá soportar el presidente Fernando de la Rúa con ese controvertido decreto. La posibilidad de una alianza Frepaso-PJ anulándolo en el Congreso implicaría un golpe al Gobierno más fuerte que la supuesta fortaleza de liderazgo que pretenden demostrar con ese decreto.
Se sabe que los equipos económicos que suscriben una Carta de Intención con el FMI, documento que se transforma en agenda de los gobiernos, tratan de cumplir con los compromisos asumidos. Pero también se sabe que en ese “Memorando de política económica” se establecen plazos para la efectivización de las reformas estructurales establecidas. Los tecnócratas del Fondo aprietan pero no ahorcan, salvo que uno quiera ajustarse sólo la soga. Y da la impresión de que ése es el caso de los muchachos de Machinea. Tal como se puede observar en el facsímil adjunto, donde se detallan las reformas prometidas, se agregó como última página de la Carta las fechas de revisión del programa y, obviamente, su cumplimiento.
Como queda en evidencia (la “sanción de las normas reglamentarias de la reforma previsional propuesta (tercera revisión)”), el acuerdo con el FMI ubica como plazo máximo para la aprobación de ese polémico proyecto el 30 de mayo de 2001. Así está expresado en la documentación oficial. Está a la vista que había tiempo para el tratamiento parlamentario.
No es otra cosa que un disparate mayúsculo impulsar esa reforma por decreto cuando se trata de fijar reglas de juego que, teóricamente, se extienden por décadas. E involucran nada menos que las jubilaciones de los actuales trabajadores. En este caso se deja al descubierto que lo que se denomina seguridad jurídica sólo es aplicable para defender nichos de privilegio de sectores económicos concentrados. Para el resto rige el criterio de que la estabilidad jurídica es simplemente una expresión formal, sin que los derechos sean tenidos en cuenta, sino que están subordinados a lo que cada tanto se denomina “emergencia económica”. Categoría jurídica que, en realidad, implica una redistribución de ingresos que castiga a los sectores más vulnerables.
En esta puja por la reforma previsional se mezclan tiempos políticos y cambios a un sistema de imprevisión social. Las modificaciones de Economía profundizan la irracionalidad del actual régimen de jubilación, donde los trabajadores afiliados a las AFJP tienen en sus cuentas menos dinero que el aportado. Entre los varios argumentos absurdos sostenidos para defender esa reforma hubo uno que se ganó el primer premio: “Los nuevos trabajadores eligen el sistema privado”. Cada año se incorporan al mercado laboral unas 400 mil personas; el 20 por ciento opta por una AFJP y el 5, el régimen estatal de reparto. El 75 por ciento restante son indecisos. Pero como la ley votada en 1994 estableció que ese lote de empleados vaya directamente al sistema de capitalización, el equipo económico falsea diciendo que el 95 por ciento opta por las AFJP. Distinta sería la proporción si, como debiera ser, el indeciso quedara en el Estado y luego, si quisiera, escoger una AFJP. Si así fuera, el negocio financiero de las AFJP no sería tan interesante y se estaría hablando, entonces, de “inseguridad jurídica”.