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Una tendencia insospechada de la opinión pública estadounidense: desde 2001 a la fecha, el parecer favorable a la legalización del uso de la marihuana se ha convertido en mayoría, según las encuestas de Gallup, Zogby y otras firmas del ramo. Los informes periódicos de Rasmussen indican que el 56 por ciento de los entrevistados se pronuncia a favor de la idea y la tasa sube dos puntos si se regulara su venta y sólo en las farmacias (www.rasmussenreports.com, 17-5-02). El 32 por ciento se opone. Se han invertido las cifras.

Cuando Gallup inició la investigación del tema en 1969, apenas un 12 por ciento apoyaba la legalización de la droga y el 84 se pronunciaba en contra (www.gallup.com, 17-10-11). En el 2009, un informe del Instituto Nacional de Drogadicción y Salud señaló que casi 118 millones de estadounidenses de 12 años para arriba, es decir, el 47 por ciento de la población entonces, la habían fumado al menos una vez en el mes anterior a la realización del estudio. En algunos estados del país su consumo no se considera un delito; en otros se permite con fines medicinales y una encuesta de Gallup del 2010 reveló que un 70 por ciento estaba de acuerdo con que los médicos la recetaran para aliviar el dolor de los pacientes.

El entonces presidente Ronald Reagan declaró el combate a las drogas en octubre de 1982 mediante “una campaña planeada y concertada” contra todas ellas, “duras, blandas o lo que fueren”. Incrementó los fondos destinados a la lucha contra la drogadicción, así como el número de los equipos de tareas empeñados en la misma. Sus sucesores, Bush padre, Clinton y Bush hijo, aplicaron y aun ampliaron el alcance de esas políticas. También Obama, pese a sus reiteradas declaraciones de que la drogadicción debería concebirse más bien como “un problema de salud pública”.

El 17 de abril pasado se publicó el monto y empleo del presupuesto federal para el control de la drogadicción, que repite los lineamientos establecidos por W. Bush: un 60 por ciento se aplica a castigar el delito y un 40 a la prevención. Un grupo de policías, jueces y fiscales criticó ese mismo día al mandatario. Neill Franklin, que trabajó 32 años en la policía de Maryland hasta su retiro y es hoy director ejecutivo de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por sus siglas en inglés) –entidad que brega por la legalización de las drogas–, fue severo con Obama: “El presidente hace un lindo jueguito cuando habla de las drogas como un problema de salud, pero hasta ahora no hay más que eso, palabras. En lugar de seguir financiando la misma y vieja ‘guerra contra las drogas’ de probada inutilidad, debería poner su dinero donde tiene la boca” (//copssaylegalize.blogspot.mx, 17-4-12).

Los datos sobre la drogadicción en EE.UU. proporcionados por instituciones federales no son ciertamente benévolos. El FBI informó que en el 2009 se arrestó a un drogadicto cada 19 segundos, más de 1,6 millón en total, de los que el 82 por ciento tenía dosis para uso personal (www2.fbi.gov, septiembre 2010). El Departamento de Justicia dio a conocer que el mercado ilegal de las drogas está dominado por 20.000 grupos instalados en más de 2500 ciudades (www.justice.gov, febrero 2010).

Según el Departamento de Salud, hay 23,5 millones de estadounidenses que necesitan tratamiento antidrogas, pero sólo el 10 por ciento lo recibe (//oas.samhsa.gov, septiembre de 2010). Un estudio de la Asociación Nacional de Jefes de Policía reveló hace años que el 82 por ciento de quienes ocupan ese cargo opina que la guerra contra la drogadicción no ha logrado reducirla (www.aphf.org, 2005). Una encuesta de Zogby International estableció que tres de cada cuatro estadounidenses estiman que esa guerra es un fracaso (www.zogby.com, octubre 2008). Y una constancia escalofriante: más de 50 personas mueren cada día por ingerir sobredosis involuntariamente. (Departamento de Salud, www2a.cdc.gov, marzo 2007.)

EE.UU. tiene la tasa más alta de consumo de marihuana y cocaína en el mundo (www.plos medicine.org, julio 2008) y esto habla a las claras de la dimensión del problema. Cabe sumarle un aspecto inquietante. El catedrático de Derecho Kenneth B. Nunn subraya en un artículo publicado en el número 6 de Journal of Gender, Race and Justice y reproducido parcialmente por la Universidad de Dayton (//academic.udayton.edu), que “los esfuerzos del Estado dirigidos a controlar la drogadicción constituyen asimismo una expresión de poder racial por parte de los grupos dominantes”. El trabajo se titula “Por qué la ‘guerra contra las drogas’ era una ‘guerra contra los afroamericanos’”.

Estadísticas de los Departamentos de Salud, de Justicia y de Comercio darían la razón a Nunn. Los afroamericanos constituyen el 13 por ciento de la población estadounidense y, correlativamente, el 13 por ciento de los drogadictos del país, pero son el 45 por ciento de los presos en cárceles estatales por delitos contra la salud (//bjs.ojp.usdoj.gov, diciembre 2010). En fin.