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Entre 2002 y 2010, el Impuesto a los Ingresos Brutos aumentó del 48,5 al 74,4 por ciento de la recaudación total, lo que pone en evidencia la severa caída de los impuestos sobre la propiedad en el conjunto de la recaudación provincial. En el caso del Inmobiliario Rural, se observa una leve disminución, del 2,9 al 2,4 por ciento, pese tanto a su escasa incidencia como al incremento de la importancia económica de la producción agropecuaria, que pasó del 4 por ciento del PBG durante la convertibilidad al 6,2 del PBG en la posconvertibilidad, particularmente por el aumento de sus precios.

El oficialismo impulsa una reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires, que incluye un revalúo de las propiedades rurales, que ha generado una nueva movilización de los dueños de la tierra, pese a que no se plantea una modificación del impuesto en sí, del porcentaje del valor de la propiedad que se debe pagar al Estado, sino una actualización del valor de la propiedad.

El espíritu de la ley establece que el valor fiscal debiera ser el de mercado, pero la carencia de actualización de las valuaciones fiscales las ha alejado tanto del valor real que para cumplir con el espíritu de la ley se deberían aprobar incrementos bastante superiores a los propuestos.

Se argumenta en contra que el revalúo provocaría que pequeños productores quedaran ficticiamente enriquecidos por la mera posesión de sus terrenos, pero no debe olvidarse que la tierra es un bien de capital, y su valor de mercado, al igual que el costo de su arrendamiento, no es mero fruto de la especulación inmobiliaria sino que guarda estrecha relación con la rentabilidad que produce.

El severo aumento del precio de la producción agropecuaria, particularmente de la soja, y por tanto del aumento del valor de dicha producción, trajo como consecuencia el marcado aumento de la rentabilidad de dichas propiedades y en lógica consecuencia del valor de esos territorios.

Sólo por la conformación de las cámaras de representantes de la Legislatura bonaerense se puede comprender que un pequeño grupo de propietarios de la tierra1, tan pequeño que pudo ser rechazado por otra pequeña manifestación de una agrupación oficialista, tenga capacidad de impedir que funcione una cámara de representantes “del pueblo”.

La ley electoral bonaerense subdivide el territorio en ocho secciones electorales y establece taxativamente la cantidad de senadores y diputados de cada una de ellas. Ambas cámaras tienen el mismo origen de representación, siendo los senadores la mitad de los diputados. Las ocho secciones electorales se pueden subdividir en: Zonas casi totalmente urbanas (la 1ª que es el conurbano norte, la 3ª que es el conurbano sur y la 8ª que es la Municipalidad de La Plata), zonas con una gran ciudad donde reside la mitad o más de su población (la 5ª con Mar Del Plata y la 6ª con Bahía Blanca) y zonas agropecuarias carentes de grandes ciudades.

En el conurbano bonaerense, las secciones 1ª y 3ª, reside el 69,4 por ciento de los electores, según el padrón 2011, pero sólo tiene un 36,2 por ciento del total de los representantes.

En el otro extremo se observa que las tres secciones en que está dividida la región agrícola más productiva, la 2ª (el noroeste, lindando en el río Paraná hasta Santa Fe, la parte bonaerense de la “zona núcleo sojera”), la 4ª (el noroeste lindando el sur de Santa Fe y Córdoba), y la 7ª (zona central con Olavarría como principal ciudad). En este conjunto de distritos agropecuarios reside el 11,3 por ciento de los electores, pero obtienen el 33,3 por ciento del total de los representantes. Se observa claramente que los votos de las mencionadas secciones agropecuarias valen 6,16 veces más que los del conurbano, lo cual no puede definirse de otra forma que como voto calificado.

En tanto persista tamaña inequidad de representación, resultará sumamente dificultoso, si no imposible, efectuar modificaciones que limiten los privilegios de las regiones agropecuarias y particularmente de su elite terrateniente.

* Economista profesor UBA.

¹ El término intenta eludir la discusión de si son “productores” (como les gusta denominarse) o arrendadores, si constituyen una burguesía agraria o son sólo integrantes menores de la oligarquía.