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Es una tortura conocida y empleada hace mucho por la policía de las dictaduras, los regímenes autoritarios y aun democracias como EE.UU., que la utilizó vastamente en las guerras de Irak y Afganistán. Se introduce la cabeza del prisionero en un recipiente lleno de agua hasta que está a punto de ahogarse, se le saca la cabeza para que respire un momento y se la vuelve a sumergir. Indefinidamente, hasta que diga lo que el torturador quiere que diga, cierto o falso. El método fue aprobado por W. Bush, como demuestran documentos desclasificados del Departamento de Justicia (www.aclu.org, 24/8/9).

Había trascendido durante la campaña electoral del 2008 que Barack Obama estaba dispuesto a crear una comisión que investigara todas las violaciones del gobierno W. Bush a la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en 1987 y de la que EE.UU. es Estado Parte (www.salon.com, 13/11/08). No fue así. Amnistía Internacional, la Unión Estadounidense pro Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y hasta la propia ONU fueron defraudadas.

El nuevo presidente, a menos de cuatro meses de instalado en la Casa Blanca, viajó a la sede de la CIA para manifestar su apoyo al servicio de espionaje y a sus miembros, pese a las abundantes denuncias de abusos físicos y mentales a los sospechosos de terrorismo, que los propios asesores de Obama calificaron de “torturas”. Ante unos mil agentes, el mandatario las calificó de “errores”, destacó que era preciso respetar los valores e ideales “que hacen de EE.UU. algo especial, y a ustedes mismos especiales... incluso cuando es duro y no sólo cuando es fácil” (www.washingtonpost, 21/4/09). Esta declaración fue recibida “con ovaciones ensordecedoras”, informó el Washington Post.

Los documentos desclasificados revelaron, por ejemplo, que la CIA aplicó el “submarino” 183 veces a un solo prisionero. Obama no utilizó ni uno de los diez minutos que duró su discurso en la CIA para mencionar posibles investigaciones o indagaciones penales y aseguró a los presentes que el nuevo gobierno “protegerá sus identidades y su seguridad mientras continúan desempeñando sus funciones con vigor”.

Días antes, cuando se dieron a conocer los memos de la CIA y del gobierno de Bush con la autorización para torturar, Obama señaló que no se juzgaría a nadie por los tales “errores” y más: si alguno era llevado a la Justicia, lo defenderían abogados cuyos honorarios se oblarían con dinero público. “Es un tiempo de reflexión, no de castigo”, refrendó (www.de mocrats.co, 16/4/09).

Esto acuñó una suerte de dogma jurídico no escrito hasta que adquirió status oficial. En mayo último, un jurado de tres miembros de la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York aprobó la siguiente presentación del gobierno: los cables de la CIA que describen el uso del “submarino” no son desclasificables pese a la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés), lo cual clausura la demanda de ACLU y de otros organismos de derechos humanos que solicitaron que se hicieran públicos más documentos atinentes al maltrato de prisioneros durante la guerra de Irak. El fallo acepta el pálido argumento de la Casa Blanca: revelar esa documentación atentaría contra la seguridad nacional (www.nytimes.com, 24/5/12).

El procurador general Eric H. Holder Jr. atornilló aún más el argumento: la semana pasada anunció que nadie sería juzgado por la muerte de un prisionero en Afganistán en el año 2002 y la de otro en Irak en el 2003 “eliminando la última posibilidad de que se acepte cualquier acusación penal relacionada con los brutales interrogatorios de la CIA” (www.nytimes.com, 30/8/12). El cierre de ambos casos, agrega el New York Times, “significa que llegó a su fin el limitado esfuerzo del gobierno Obama destinado a investigar los programas antiterroristas que se llevaron a cabo bajo el presidente George W. Bush”.

La justificación de Holder es igualmente limitada: “El Departamento (de Justicia) ha cesado los procesos porque las pruebas admisibles no serían suficientes para obtener y sostener una condena más allá de toda duda razonable” (www.justice.gov, 30/8/12). ¿Qué dificultad habría entonces para dar a conocer los documentos solicitados por la ACLU?

El entonces procurador general Michael Mukasey encargó en enero del 2008 al fiscal federal John Durham, un republicano declarado, que averiguara el porqué de la destrucción de 92 videos con pruebas evidentes de las sesiones de tortura de José A. Rodríguez, un alto funcionario de la CIA. El mandato de Durham fue prorrogado bajo Obama para incluir otros casos. Pese a las pruebas concluyentes de torturas que provocaron la muerte de prisioneros, “Durham decidió no emprender acción alguna con un único argumento, la discreción procesal” (//harpers.org, 31/8/12). Como dijo Obama al comenzar su mandato: “Mi gobierno siempre actuará conforme a la ley”.