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La decisión del Ministerio de Planificación de dejar en manos del sector público el 20,1 por ciento de las frecuencias radioeléctricas destinadas a la telefonía celular permitirá al Estado constituirse en un nuevo proveedor, directo o indirecto, de un servicio que hoy está en manos de Movistar, Personal y Claro. Con esa perspectiva compartida como punto de arranque, los especialistas consultados por Página/12, Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones del gobierno de la Alianza; Martín Becerra, investigador del Conicet y de la Universidad de Quilmes, y Enrique Carrier, titular de la consultora Carrier & Asociados, señalaron que la medida plantea un desafío ya que se trata de una actividad prácticamente desregulada en la que el Estado se caracterizó por su ausencia, pero permitirá reducir costos, mejorar la calidad del servicio y desconcentrar el mercado.

En diálogo con este diario, Becerra y Carrier coincidieron en señalar que el modelo más “razonable” sería que Arsat opere como mayorista. “Lo lógico es que el Estado construya la red y luego alquile el espacio a las cooperativas o pymes del interior para que presten el servicio, vendan los equipos y hagan la gestión comercial”, sostuvo Carrier. Ese modelo es utilizado en la actualidad por la cooperativa Fecosur a través de la operadora de telefonía móvil Nuestro, en la provincia de Buenos Aires, que alquila el espectro a Personal. También lo utiliza la empresa Virgin en algunos países de la región a través de Movistar.

A diferencia de esas experiencias, donde los operadores “mayoristas” imponen precios altos para la interconexión, limitan el ancho de banda que otorgan a la prestadora del servicio y privilegian su propio tráfico, el Estado podrá establecer un mecanismo de funcionamiento diferente. “Es más ventajoso este modelo porque apuntala pymes y cooperativas que ya operan en el interior en lugar de competir con ellos. El Estado provee la infraestructura y la relación con el cliente está en las empresas”, afirmó Carrier.

Sin embargo, Henoch Aguiar advirtió que ese modelo no sería conveniente ya que esos proveedores alcanzan a una cantidad limitada de potenciales clientes. Para el consultor, las cooperativas “podrían contribuir con inversiones en sus zonas, pero la construcción de la red troncal, las antenas y la provisión del servicio debería quedar en manos de Arsat”. En ese sentido, Becerra consideró que “el movimiento cooperativo deberá moverse activamente para salir de la escala micro. Ni el Estado ni las cooperativas se metieron hasta ahora en gran escala con las telecomunicaciones, pero en algunos lugares del país las cooperativas prestan en forma eficiente servicios de luz, gas, electricidad y televisión por cable”.

Para el docente de la Universidad de Quilmes la aparición de un actor estatal permitirá hacer frente a las inequidades sociales que genera la configuración actual del servicio. “Con la telefonía móvil sucede lo mismo que con el acceso al gas, donde los sectores de menos recursos pagan precios más elevados por las garrafas que lo que paga una persona con conexión a la red. La intervención del Estado, que hasta ahora estuvo ausente, es fundamental”, explicó Martín Becerra. “La decisión puede permitir disciplinar al sector ante la ausencia de un marco regulatorio. El Estado puede cambiar su política errática de telecomunicaciones y, por ejemplo, disminuir las tarifas abusivas y mejorar la calidad del servicio”, concluyó el investigador.

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