El lunes pasado asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo, plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna, sus propiedades, sus acciones. Como digo siempre: en mis 86 años he conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz, el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen instalaciones médi-

cas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata.

Pero vayamos al informe de la Comisión de Valores. Ese informe fue elaborado por tres profundos investigadores: Celeste Perosini, Walter Bosisio y Bruno Napoli. En la edición del domingo pasado de Página/12, Alejandra Dandán hace un profundo análisis de este informe. Y con esta nota quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación.

Es increíble: todo está demostrado en actas oficiales y de los juzgados. Nada se puede desmentir. Los hermanos Iaccarino poseían una empresa lechera en Santiago del Estero. Su forma de administración era bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un diálogo perfecto conformándose los empresarios con ganancias más bien modestas pero que les llenaban de orgullo frente a las fortunas de la competencia. Por supuesto, esto no fue soportado por los poderosos que tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz.

Los tres hermanos fueron detenidos el 4 de noviembre de 1976, acusados de conspirar contra los bienes de la Nación. Comenzó el martirio. Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de detención oficiales. Sufrieron torturas de toda clase. Alejandro nos relata lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas. Lo que perseguían los torturadores era que renunciaran a sus propiedades y se alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas. Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M. Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí, esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus pertenencias.

Hay un detalle todavía más increíble: dos de los empresarios enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente. O entregaban todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde aviones de la Marina. Como era costumbre.

Esto ocurrió en la Argentina. La misma que tiene un papa, una reina con corona y un rey de la redonda. Y los peores crímenes de la humanidad. De una crueldad inaudita. Permitidos y ordenados desde el poder. Nuestros militares, nuestra policía pero también nuestros empresarios, es decir, también nuestros civiles, los políticos que aceptaron sonrientes ministerios y otros cargos y que hoy viven y pasan su vejez muy tranquilos en sus countries. Y obispos que daban la comunión en la Catedral a los desaparecedores. Un período donde reinó la malicia y lo peor del ser humano: la crueldad extrema. Los hermanos Iaccarino colgados y sometidos a la picana eléctrica para que dejen sus propiedades a los del poder. Un tiempo que nuestros nietos no comprenderán jamás.

Los hermanos Iaccarino tendrían que ser paseados oficialmente por todas las ciudades y pueblos del país, por todas sus universidades, por todos sus centros culturales para que relaten sus experiencias de empresarios que habían cometido el pecado de desafiar a las grandes empresas con un nuevo método de comerciar, más humano y más democrático. El 20 de abril comienza el juicio contra sus últimos represores de El infierno y sobre cómo allí debieron renunciar a todas sus propiedades ante una escribana oficial. Ojalá que también se haga el juicio con los empresarios que se prestaron con la dictadura de la de-saparición de personas para engrandecer su poderío eliminando a la competencia. Por fin: juicio a los civiles y uniformados que faltaron de esa manera tan atroz a la dignidad humana.