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Por Oliviero Diliberto *

El atroz recuerdo de la dictadura argentina no puede ser cancelado de la memoria de todas las mujeres y los hombres del mundo. Pero, sobre todo, no tiene que ser cancelado. Es por esto que, habiendo sido ministro de Justicia cuando fueron juzgados en Roma los militares argentinos culpables de asesinatos aberrantes e injustificados, pienso que sería muy importante que los culpables cumplan con su pena.
En los años de la dictadura, los consulados italianos inscribieron en la Argentina a 513 italianos como oficialmente “desaparecidos”. El juicio que se realizó en Roma en el 2000, también gracias al hecho de que el Estado italiano se presentó como parte querellante, fue un juicio justo, con todas las garantías del derecho de defensa. Fueron escuchados los testigos y recogidas las pruebas. Hubo sentencia, el 6 de diciembre del 2000, y esa sentencia fue confirmada en el juicio de apelación el 17 de marzo de este año.
En ese proceso judicial fueron condenados dos generales retirados y cinco oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina. Las penas van desde la cadena perpetua a algunas décadas de cárcel. Fueron reconocidos culpables de por lo menos siete homicidios de ciudadanos italianos y de la apropiación del pequeño Guido Carlotto, dado ilegalmente a otra familia.
Los dos generales, Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, están cumpliendo los arrestos domiciliarios en la Argentina, mientras que los otros cinco condenados están libres. Pero hay que remarcar que no se trata de individuos acusados de algún crimen. No, es mucho más que eso: la Justicia los encontró culpables de homicidios aberrantes y atroces por parte de un tribunal ordinario. Me surge entonces una pregunta que me parece muy simple: ¿Es justo que logren no cumplir la pena? También me parece simple la respuesta: la tienen que cumplir.
La Argentina hubiera podido someter a juicio a los militares en su territorio nacional. Pero, en un contexto político muy distinto del actual, decidió no hacerlo. Y tampoco aceptó colaborar con la magistratura italiana.
Hoy, en cambio, frente a una condena definitiva obtenida en un país extranjero, el gobierno argentino puede elegir si permite la extradición o, en cambio, hace cumplir la condena en el territorio nacional. La única cosa que no puede hacer es comportarse como si la sentencia no existiera. Un delito no puede (no debería) quedar impune.
Me parece que la extradición en este caso es la “via maestra”, el camino de la claridad y del coraje. El camino que no remueve el pasado pero que afronta las tragedias de ese pasado para que la memoria de las víctimas y de los sobrevivientes no sea ultrajada. En los países que vivieron el terror de la dictadura y del fascismo (y también Italia está entre ellos) la “reconciliación” puede llegar solo si la Justicia –y no la venganza– sigue su curso.
De otro modo, las sombras del pasado seguirán pesando sobre la memoria colectiva del país. Y la sangre derramada perseguirá a sus protagonistas, como el fantasma de Banquo persigue Macbeth en la tragedia de Shakespeare.

* Ex ministro de Justicia italiano durante el gobierno del Olivo y profesor de Derecho Romano.