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La causa Meller está llamada a convertirse en un caso testigo. La Sala I de la Cámara Federal porteña dejó sin efecto ayer el archivo de un expediente en el que el grupo empresario, de vínculos privilegiados con el menemismo, le reclamaba a la ex ENTel una deuda original de 29 millones de pesos, que podría terminar costándole al Estado unos 400 millones. El tribunal ordenó al juez federal Jorge Ballestero, que había resuelto archivar las actuaciones, realizar nuevas medidas de prueba. Entre ellas, tomarle declaración indagatoria a María Julia Alsogaray. La mandamás de la ex empresa estatal de telecomunicaciones se mantuvo al frente de la ENTel residual mucho tiempo después de la privatización y como tal firmó todas las actuaciones administrativas que rodearon al caso. El tribunal también ordenó al Ministerio de Economía abstenerse de realizar cualquier pago a los Meller.
No bien trascendió el fallo de los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, el tema conmovió a algunos de los miembros de la Comisión de Juicio Político. Precisamente antes de que se conociera la resolución judicial, el radical santafesino Carlos Iparraguirre y el tucumano Ricardo Falú analizaban realizar una presentación contra los cuatro sobrevivientes de la denominada mayoría automática: Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez por su responsabilidad en este expediente. Los legisladores perciben que lejos de tener en cuenta razones de peso, las decisiones de los cortesanos en este caso vinieron a respaldar decisiones políticas y administrativas del gobierno de Carlos Menem.
La relación de Sergio y Gustavo Meller con ENTel giraba alrededor de la impresión y venta publicitaria de las guías. La telefónica estatal cobraba los avisos que vendía Meller y en una posterior liquidación se ponían las cuentas al día. Estos reajustes le otorgaban a los Meller una cifra cercana al millón de pesos por ejercicio. La relación contractual con ENTel finalizó en el año ‘90 y es precisamente en esa fecha que los Meller cobraron su última actualización firmando un expreso renunciamiento a futuros reclamos. Pero como nada es descabellado, en un expediente del año ‘96, sobre el que los legisladores tienen serias sospechas de que podría estar posdatado, Meller reclamó una rendición final por diferencias de facturación en los años ‘88, ‘89 y ‘90.
Aunque en 1996 la desabrigada ex interventora de ENTel se encontraba en el área de Medio Ambiente, tuvo tiempo como responsable del ente residual de ENTel para reconocerle a Meller unos 29 millones de pesos. En el ‘98 el procurador del Tesoro Rodolfo Díaz dictaminó que el reclamo era “nulo de nulidad absoluta”. También pidió revocar el acto administrativo de María Julia. Eran los tiempos en los que “El Chango” Díaz, por expreso pedido de Menem, estaba al frente de la denominada “tormenta ética”. Un golpe de efecto y propagandístico con el que el riojano pretendió desligarse de las denuncias de corrupción que rodeaban a su gestión y que en política representó el ascenso del Frepaso en los medios y en la consideración pública.
María Julia no se sintió comprometida con las definiciones del procurador y entonces pidió opiniones de “juristas destacados”. Como suele suceder en estos casos el menú de opciones sólo contempla a los amigos. Así fue que se lo consultó a otro prohombre del menemismo, el administrativista, Rodolfo Barra. Cuando éstos son los actores el final de la película aparece cantado. Se terminó formando un comité arbitral que le dio la razón a Meller. En agosto del 2001 la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante y formuló una presentación judicial. En noviembre del 2002 luego de haber salido airosos del anterior intento de juicio político, los cortesanos volvieron a la carga sobre el caso Meller.La mayoría automática desestimó los reclamos de los empresarios y volvió el tema al comité arbitral. El juez Ballestero ordenó el archivo de las actuaciones y la OA volvió a apelar. Ayer la Sala I resolvió esa apelación dando marcha atrás con la decisión de Ballestero.
“En ningún momento fuimos citados” en las actuaciones judiciales que siguieron a las presentaciones de la OA, afirmaron ayer los Meller en un comunicado de prensa. Por cierto, los Meller también hicieron llegar sus puntos de vista a los diputados de la Comisión de Juicio Político. Allí aseguran que “el caso no representa un perjuicio para el Estado” ya que de última éste estaba administrando un dinero que no le pertenecía. Para que no queden dudas, los Meller informan a los legisladores que la reliquidación llega a los 115 millones. Claro que si ellos insistieran en cobrar en efectivo, la cifra llegaría en el 2005 a 397 millones y en marzo del 2006 a unos 484 millones de pesos. Una bicoca.