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El Pentágono anunció la retirada de 15 mil de los 150.000 efectivos militares que depositó hasta ahora en Irak. Fueron enviados para reforzar la seguridad durante las elecciones del 30 de enero y se irán en marzo, en principio y tal como estaba proyectado. Los 135.000 restantes, quién sabe cuándo: “Queda por recorrer un camino muy difícil” para derrotar a los insurgentes, aseveró Paul Wolfowitz en una audiencia que el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense celebró la semana pasada (The Washington Post, 5-2-05). El segundo de Donald Rumsfeld adelantó también que no habrá más recortes de invasores en todo el 2005 y reiteró que el cese de la ocupación dependerá de la rapidez con que militares y policías iraquíes reciban el entrenamiento y el equipo adecuados para cumplir sus funciones sin ayuda ajena, apenas como escudo de la ayuda ajena. El general Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor conjunto, puntualizó en la misma audiencia que el “ausentismo” –nombre elegante de la deserción– es del 40 por ciento en el ejército iraquí y que apenas el 30 por ciento de los 136.000 enrolados en las fuerzas de seguridad locales está en condiciones de combatir. El senador demócrata Joe Biden, figura destacada del Comité de Relaciones Exteriores, achicó esa evaluación: “El número de iraquíes preparados para luchar contra la insurgencia oscila entre 4000 y 18.000” (The Washington Post, 6-2-05). Pareciera que el camino a recorrer, además de muy difícil, será largo.
O permanente. La Casa Blanca no renuncia a su sueño imperial y Wolfowitz anticipó que las fuerzas armadas norteamericanas aumentarán en número, algo ya previsto por el Pentágono para el 2006: 17.500 millones de dólares se destinarán a la compra de vehículos y cañones y a la creación de dos nuevos batallones de infantería, tres compañías de exploradores y varias unidades de apoyo en el cuerpo de marines (Star and Stripes, 8-2-05). Otros 5000 millones de dólares permitirán establecer y equipar tres nuevas brigadas de combate del ejército. Todo esto se financiará en virtud de una práctica que el gobierno Bush inició en el 2004 en materia de gastos militares: presenta al Congreso un presupuesto de defensa ligeramente modificado respecto del que se aprobara el año anterior y por cuerda separada agrega miles de millones de dólares a título de partidas complementarias. Aparte de las sumas ingentes del presupuesto de defensa “oficial” de este año, Bush hijo ha pedido 81.000 millones de dólares más para las operaciones en Irak y Afganistán durante el 2005. El Congreso ha aprobado ya “complementos” por valor de 203.000 millones de dólares desde el 11/9. Ese disfraz presupuestario a nadie engaña.
Los “halcones-gallina” siguen atendiendo a los consejos de sus mentores ideológicos agrupados en el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, uno de los think-tanks que con más contumacia abogan por el dominio norteamericano del planeta. “Las fuerzas armadas de EE.UU. son demasiado limitadas para asumir las obligaciones que les estamos pidiendo que asuman”, pontifican dirigentes del Proyecto en carta dirigida a varios representantes y senadores (Veterans Against the War, 7-2-05). Les exigen que el Congreso autorice un incremento de al menos 25.000 efectivos cada año para “sostener la guerra contra el terrorismo y cumplir con nuestras otras responsabilidades en todo el mundo”. Se conoce la naturaleza de esas “otras responsabilidades”, pero de dónde saldrá tanta tropa. Por primera vez desde 1995, los marines incumplieron su meta de reclutamiento para enero pasado. El jefe de la Guardia Nacional del ejército, general Roger C. Schultz, reconoció que en el mismo mes sólo se enroló un 56 por ciento del personal requerido por el cuerpo (CNN, 6-2-05). El Pentágono ofrece ahora incentivos especiales a los militares con mayor experiencia de combate: aumentos de salario y una prima de 150.000 dólares a quienes se reenganchen por seis años más (The New York Times, 6-2-05). Al terminar sus contratos, no pocos suboficiales y asimilados eligen la vida civil y se convierten en agentes de seguridad de las empresas extranjeras que instalaron filiales en Bagdad o Kabul después de las respectivas invasiones. Se explica: un boina verde con 20 años o más en las filas recibe un sueldo básico de 50.000 dólares anuales y las compañías privadas pagan hasta 200.000. Este drenaje no cesa desde mayo del 2003.
Hay más. EE.UU., tan alarmado por el desarrollo nuclear de Irán, se apresta a renovar y aumentar su arsenal nuclear. En los tres laboratorios del ramo –Lawrence Livermore, Los Alamos y Sandia–, unos cien especialistas diseñan calladamente armas más potentes en el marco de un programa que aprobó el Congreso y supervisa la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Es éste no más que el comienzo de un vasto proyecto que conducirá ineluctablemente a la realización de ensayos con las nuevas armas nucleares, prohibidos por las convenciones internacionales de las que EE.UU. es Estado Parte. Pero eso no arredra a la Casa Blanca. En Abu Ghraib y Guantánamo demostró que tampoco los Convenios de Ginebra le impiden violar los derechos humanos. La ley es ley para todo el mundo, no para la potencia autoungida guardián de la democracia y la libertad en todo el mundo.