EL PAíS › LA LEGISLATURA APROBARIA EL DECRETO SOBRE BOLICHES
Apoyo para las nuevas normas
El jueves próximo, los legisladores refrendarán el decreto de Aníbal Ibarra que establece nuevas exigencias para las discos. También buscarán crear una comisión investigadora sobre Cromañón.
Por Mariana Carbajal
La Legislatura porteña debatirá el jueves próximo, en una sesión extraordinaria, el decreto de necesidad y urgencia firmado por Aníbal Ibarra con las nuevas exigencias para la reapertura de boliches bailables de la Ciudad de Buenos Aires. Los diputados impulsan, además, el tratamiento de otras iniciativas vinculadas con la tragedia de República Cromañón que apuntan a dos ejes: por un lado, la creación de una comisión investigadora para determinar las causas y las responsabilidades de funcionarios en el incendio del 30 de diciembre; por el otro, la conformación de otra comisión con expertos para modificar las normativas sobre seguridad en sitios de esparcimiento con gran afluencia de público.
Ibarra convocó ayer a sesión extraordinaria para que la Legislatura trate los nuevos requisitos para las discotecas y aquellos locales donde se desarrollen actividades de baile. Formalmente, el decreto comenzará a regir un día después de su publicación en el Boletín Oficial, prevista para hoy. Pero los diputados deben aprobarlo en un plazo de diez días corridos para que tenga legalidad. Si este trámite no se cumple, caduca. Aunque se descuenta que será otra sesión cargada de discursos políticos, como fue la virtual interpelación al jefe de Gobierno, el decreto sería aprobado. Ayer, los legisladores todavía no habían estudiado el texto en profundidad, pero varios –consultados por este diario– adelantaron que, en la medida en que mejoren las condiciones de seguridad en los boliches bailables, no se opondrían. “En general, parecen medidas sensatas. Habría consenso para apoyar todo lo que tienda a facilitar la fiscalización y mejorar la seguridad”, indicó el vicepresidente primero del cuerpo, Santiago de Estrada, del bloque macrista de Juntos por Buenos Aires. “A priori, hay varias cosas que me parecen bien”, dijo Milcíades Peña, de Confluencia. “Parecerían todas exigencias razonables, lo que demandaría el sentido común para resguardar la seguridad en locales de ese tipo”, evaluó el socialista Roy Cortina.
Paralelamente a la convocatoria de Ibarra, la diputada oficialista Sandra Dosch está juntando firmas para lograr el mismo jueves el tratamiento de otros proyectos. Como el cuerpo está en receso, se requieren veinte firmas para llamar a una sesión extraordinaria. Dosch pretende debatir la creación de una comisión integrada por diputados y expertos que trabaje en un plazo de 90 días en la revisión de los códigos de Habilitaciones y Edificaciones, para mejorar las normas en materia de seguridad. Hasta ayer, la legisladora del Frente Grande había logrado reunir 15 firmas. “La idea es tratar en esa sesión todos los proyectos sobre la temática Cromañón”, indicó Dosch a Página/12. Si consigue las 20 firmas, podrían llegar a desarrollarse las dos sesiones extraordinarias en el mismo día.
Las otras iniciativas en danza se centran en la creación de una comisión investigadora que determine las causas y responsabilidades que puedan involucrar a funcionarios o empleados del gobierno porteño en la tragedia del boliche de Once. Al menos hay cuatro proyectos con el mismo objetivo: de Norberto La Porta (socialismo), Milcíades Peña (del bloque kirchnerista Frente para la Victoria) y de Fernanda Ferrero y Carlos Araujo (de Unión para Recrear Buenos Aires). Las propuestas difieren, fundamentalmente, en cuanto a la composición que tendría la comisión. Desde el Interbloque de Izquierda, en tanto, están trabajando en un proyecto de ley que declare en estado de emergencia la situación de prevención de catástrofes y accidentes, que prevé que todos los lugares de acceso público masivo (desde hospitales hasta salas de espectáculos) tengan que revalidar sus medidas de seguridad, y pretende crear comisiones vecinales barriales para controlar las inspecciones que realice el gobierno porteño.