El experimento de gerenciamiento rapaz que funcionó en Ferro a partir de su quiebra decretada hace casi diez años (el 20 de diciembre de 2002) ya tiene la condena social y quedó en el umbral de la condena jurídica para sus operadores. Un fallo de la Sala 5ª de la Cámara del Crimen dejó firmes los procesamientos del ex juez Rodolfo Herrera, el agente de la FIFA Gustavo Mascardi y su padre, Emilio (presidente de Gerenciar SA, la empresa que controlaba la entidad de Caballito), por administración infiel. A juzgar por el descontrol en que se desarrolla el fútbol-negocio en la Argentina, salpicado por denuncias de corrupción, el fallo debería resultar un disuasivo. O, al decir de Gerardo Pardo, asociado del club y el abogado que lleva adelante la acusación, “tendría que contribuir a la higiene institucional, ya que advierte sobre las maniobras de un juez con empresarios en el marco del vaciamiento de un club. A Ferro le privatizaron su alma, les quitaron los derechos esenciales a sus socios”.

La resolución del Tribunal que integran los jueces Rodolfo Pociello Argerich, María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González tiene fecha del 9 de marzo y ratifica los procesamientos que había dictado el Juzgado de Instrucción 10 a cargo de Fernando Caunedo el 14 de noviembre pasado. Tras el fallo se dio curso a la acusación en la que está trabajando Pardo y que superaría las 350 hojas. Una vez que esta sea presentada, la causa sería elevada a juicio oral, con posibilidades de que se desarrolle el año próximo. La Cámara sólo modificó el monto de los embargos fijados por Caunedo sobre los Mascardi: los bajó de dos millones a un millón 500 mil pesos.

¿En qué hechos se basó la Justicia para ratificar los procesamientos? A Herrera y los gerenciadores se los responsabiliza por urdir una maniobra para hacer figurar un precio menor en las transferencias de los jugadores Cristian Tula y Eugenio Klein a River en 2003 y de Maximiliano Velázquez a Lanús, en 2004. El propósito era evitar abonarle a Ferro el importe que le correspondía y que fijaba el contrato de gerenciamiento.

Dice la Cámara sobre el fallo de Primera Instancia: “El instructor detalló minuciosamente los contratos tanto de cesión de derechos de los jugadores involucrados, como los de ‘preferencia’ celebrados entre Gerenciar SA y los clubes River y Lanús y los pagos realizados por estas instituciones deportivas hacia aquella firma. A partir de esta información, concretamente les atribuyó el ocultamiento de la real envergadura económica de la transferencia de los jugadores Tula y Klein por un lado, y Velázquez por el otro, con el fin de reducir el ingreso que correspondía a Ferro”.

Más adelante, la resolución contextualiza de qué modo se relacionaban los procesados para llevar adelante sus maniobras: “La acreditada connivencia entre Rodolfo Antonio Herrera, por un lado, y Emilio y Gustavo Mascardi, por otro –conforme se argumentó en la resolución de este tribunal de fs. 3756/3766– en lo que al manejo de la actividad futbolística del Club Ferro Carril Oeste respecta, sumado a las notorias irregularidades del contrato de gerenciamiento y a la probada ilicitud con la que Gerenciar SA fue adjudicataria de la licitación, son los presupuestos sobre los cuales deben direccionarse las restantes pruebas e indicios existentes”.

Los camaristas desmantelan también los argumentos de la defensa que cuestiona el fallo de Primera Instancia porque “no se agotaron las pruebas para comprobar los descargos de los imputados”. El Tribunal señala que “no puede dejar de destacarse que desde la incorporación de Emilio y Gustavo Mascardi al proceso y a lo largo de los varios años que se encuentran tramitando las actuaciones no solicitaron la producción de alguna diligencia que les haya sido arbitrariamente denegada. Tampoco de sus descargos se desprende la utilidad de practicar, en esta instancia, ninguna otra medida distinta de las ya producidas. Por otro lado, tampoco es cierto que no se le haya dado intervención a ninguno de los imputados en la pericia producida”.

“Este fallo es una advertencia para los demás clubes y también para las federaciones, porque Ferro contiene a varios deportes y no sólo al fútbol”, afirma Pardo, quien junto a un grupo de socios mantiene una posición proactiva hace casi diez años en las diferentes denuncias que disparó la quiebra de la institución. En la actualidad hay dos causas clave que van camino al juicio oral. Esta, que involucra a los Mascardi, el ex juez Herrera y ex integrantes del órgano fiduciario (Eduardo Angel Andrada, Francisco Tosi y Héctor Fridman), y otra por administración fraudulenta en la son acusados de ese delito el ex presidente de Ferro, Marcelo Corso, y los ex directivos Raúl Tauz y Héctor Hermida. Sólo falta que la Justicia defina la situación de Isidro Cabral, quien podría seguir el mismo camino que los demás imputados.

El origen de los hechos que juzgó la Sala 5ª de la Cámara del Crimen se remonta al 19 de julio de 2002, cinco meses antes de la quiebra. En esa fecha se había redactado el convenio de asistencia con Gerenciar SA, que el todavía juez en funciones Herrera insistió para que firmaran las autoridades del club. “Para ello se comunicó personalmente por conducto telefónico a la casa del entonces presidente de la institución, Guillermo Osvaldo Socino, lo citó al tribunal, le hizo saber que se había contactado con Gustavo Mascardi para que se haga cargo del fútbol, le indicó que debía decidir la firma del acuerdo con premura dado que este último debía viajar a Italia, le manifestó que si aceptaba la oferta trabajaría el fin de semana en el convenio y permanentemente se refirió a ese acuerdo como la ‘única salvación del club’”, describen los camaristas.

Los manejos dolosos de Herrera quedarían en evidencia durante una emisión del programa Telenoche Investiga que Canal 13 difundió el 3 de diciembre de 2003. Antes, el 28 de marzo de ese año, ya les había otorgado el gerenciamiento de Ferro a los Mascardi. Tiempo después fue destituido por el Consejo de la Magistratura, involucrado como estaba en una causa por cohecho. El juez de Instrucción Alejandro Cilleruelo sostiene en un fallo que en aquel ciclo de TV “se observó un episodio captado por una cámara oculta en el que el juez Herrera y un ex directivo de la entidad, el arquitecto Aleardo Etcheverri, conversaban en torno de un proyecto inmobiliario que se realizaría en los espacios del estadio y la cancha auxiliar del club por la suma de 15.000.000 de dólares y se habló del pago de una primera comisión –coima o retorno– del orden del 1 por ciento...”.

Todo cierra en esta trama de negociados, un paradigma de la corrupción que la Justicia debió investigar durante casi diez años. Los problemas para el club se agravaron porque un juez resultó partícipe indispensable en la cadena de ilícitos que se investigaron y se siguen investigando. El fallo de la Cámara lo dice clarito para explicarnos una parte del vaciamiento a que fue sometido Ferro, elegido como modelo por la Unesco en 1988: “En definitiva, las circunstancias expuestas no hacen más que revelar una sucesión de actos encadenados unos con otros llevados adelante tanto por Herrera como por los coimputados Mascardi, con el designio final y subyacente de realizar sus propios negocios económicos en perjuicio de la entidad deportiva”