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Hasta el miércoles las pruebas acumuladas eran endebles, sin que eso mellara la embestida de los medios dominantes. El allanamiento realizado en un departamento propiedad del vicepresidente Amado Boudou ese día y la conferencia de prensa de éste el jueves recalentaron el ambiente a niveles formidables. La temperatura es otra, la sustancia de la causa, la misma: no se conocen nuevas pruebas que hayan alterado la precariedad de los argumentos acusatorios. El asunto es complejo, difícil de recorrer hasta para iniciados, lo que amerita recorrerlo desde el vamos.

El puntapié inicial lo dio una declaración periodística de Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vandenbroele, a quien acusó de ser testaferro del vicepresidente Amado Boudou. El planteo, formulado en el contexto de un disputado juicio de familia, carece de eficacia penal: un cónyuge no puede acusar a otro. De cualquier modo, la potenciación mediática de las (mayormente imprecisas) alegaciones de Muñoz motivó que se echara el ojo sobre la intervención oficial pidiendo el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone y asociados. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceptó un plan de pagos a muy largo plazo con intereses muy bajos.

La anuencia del Estado no bastaba para levantar la quiebra, ya que había otros acreedores que sostenían el pedido. Para conseguir su avenimiento hubo un pago importante realizado por The Old Found, un fondo de inversión cuya integración se desconoce. La filantropía no existe en el mundo de los negocios, debería haber un interés propio en la medida. La dimensión del pago y la ignorancia sobre quién lo hizo son puntos velados del caso.

Los grandes medios dominantes sobrevaloraron las palabras de Muñoz y emprendieron una cruzada contra Boudou. No fue la primera ofensiva y su afán político es nítido. El Gobierno alega que también mete su manito negra la impresora Boldt, competidora de Ciccone por un mercado sofisticado y bien oligopólico. El cargo es creíble, hay intereses creados en juego.

La intencionalidad o hasta la mala fe de los poderes fácticos existe pero no genera un bill de indemnidad para el atacado. La cuestión llegó a Tribunales, se abrió una causa y Boudou (correctamente) se puso “a disposición de la Justicia”.

El juez federal sorteado, Daniel Rafecas, dejó en manos del fiscal Carlos Rívolo la instrucción. Procesalmente, el juez puede tomarla a su cargo (como hizo Claudio Bonadío en el expediente que investiga la tragedia ferroviaria de Once) o delegarla en el fiscal. Ambas posturas son lícitas y los motivos para elegir pueden ser variados.

En el discurrir de la pesquisa se conoció una nota firmada en octubre de 2010 por Boudou, siendo ministro de Economía. La AFIP le pidió dictamen para aprobar la movida de consentir el levantamiento de la quiebra. Es un trámite poco frecuente, acaso único, aspecto que la prueba debe dilucidar. El ministro avaló la medida, “sin mengua del interés fiscal”. La presentación escrita puede ser infrecuente, su redacción no es chocante ni propone un aval a ciegas o absoluto. Es una autorización condicionada. Si las franquicias otorgadas a la firma quebrada fueron exorbitantes, el proceder no se puede sostener en el documento.

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La carga de la prueba: Abrir un expediente cuando hay elementos sospechosos es casi una rutina: Boudou, como cualquier ciudadano, puede ser investigado. En materia penal es un principio cardinal la presunción de inocencia: la carga de la prueba incumbe a quien acusa. El implicado, como regla, no debe probar en principio nada aunque a menudo le conviene arrimar elementos de convicción a su favor. La presunción de inocencia rige hasta el momento de la condena firme, es un pilar del sistema garantista. Las condenas anticipadas, habituales en el Agora y en la esfera mediática, tienen cero valor en Tribunales. Mejor dicho: vulneran la ley.

La tarea del fiscal no es equilibrar la mítica balanza de la Justicia: lo suyo es cargar un platillo. Del otro, se ocupa la defensa. El sentenciante es, en la remanida imagen, el fiel de la balanza.

Desde el inicio del trámite, Rívolo se aplicó a buscar pruebas con ahínco entre lógico y excitado. También fue prolífico en declaraciones periodísticas, a menudo desafiantes y entusiastas respecto de sus avances.

Esa praxis –se volverá sobre ello– es cotidiana en el costumbrismo nacional, lo que no la convalida pero tabula su dimensión comparativa.

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Cuestión de conocimiento: Boudou negó conocer a Vandenbroele, operador del levantamiento de la quiebra. El vicepresidente no interviene en el expediente, por lo que su manifestación carece de relevancia judicial pero tiene su impacto en la opinión pública. Contra ella se movió Rívolo, buscando probar un indicio de relación. El conocimiento en cuestión no probaría delito alguno, más vale, pero sí una cercanía con un empresario vinculado a Ciccone. La amistad entre Vandenbroele y Fabián Carosso Donatiello, inquilino de un departamento del vice ubicado en Puerto Madero, fue sospechada por el fiscal. Carosso Donatiello vive fuera del país: le suena dudoso que alquile un costoso piso para venir de vez en cuando. Fuentes de la Fiscalía aseveran que el inquilino carece de tarjetas de crédito, celular y cuentas bancarias, circunstancias extrañas para quien abona una mensualidad bien costosa. La prueba respectiva se desconoce, hasta hoy.

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“Interesarse”: El delito que procura acreditar el fiscal es el previsto en el artículo 265 del Código Penal. Lo comete “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Como se ve, no es imprescindible una dádiva (“cohecho”, en jerga o “coima” en parla coloquial) para tipificarse. Ni siquiera, imperiosamente, un beneficio personal para el funcionario. Basta con que el tercero obtuviera un “beneficio” impropio. Se subraya “impropio” porque los vocablos “interesarse” y “beneficio” deben tener una connotación dolosa. Todo funcionario, en sentido general, se “interesa” por su labor. Y cualquier administrado puede obtener “beneficios” lícitos de una gestión gubernamental. O sea, el “interés” y el “beneficio”, para constituir delito, deben ser contrarios al interés público. Estos requisitos deben ser evaluados por la Justicia, es imposible tasarlos o fijarlos taxativamente.

La “ventaja” para el acusador es que no es exigible la prueba de interés material del funcionario.

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Apenas ayer: Tras el allanamiento en el departamento alquilado, la Fiscalía difundió, sotto voce haber encontrado pruebas que corroborarían que el inquilino real era Vandenbroele y no quien figura en el contrato. Y que buscaría otras en los teléfonos inalámbricos existentes en el documento. Entre las pruebas conocidas se cuenta un recibo de expensas pagado por Vandenbroele. Las defensas alegan que el hecho es irrelevante porque quien gestiona negocios por un amigo bien puede hacer un pago.

La Fiscalía difunde, por vías informales, que hay muchos otros pagos, incluso pedidos de prestación de servicios públicos o de cable a nombre de Vandenbroele, lo que corroboraría una presencia personal y no una gestión de negocios. Hasta hoy, esos documentos no han sido dados a conocer.

La “filtración” del allanamiento a radios, diarios y canales de cable es innegable y produjo una difusión estridente. Eso detonó la bronca del primer nivel del Gobierno y, comentan sus allegados, la conferencia de prensa del vicepresidente, incluyendo su tono.

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Día a día: Hablar de los procederes cotidianos del periodismo exige introspección y franqueza si lo hacen profesionales. La filtración de información sobre causas en trámite es una búsqueda cotidiana de cualquier medio o periodista, de todos. En la Argentina, funcionarios y magistrados son muy (demasiado, a los ojos del cronista) proclives a atenderla. Es más: a usar la anticipación como táctica para incidir en la opinión pública, garantizarse prestigio o difusión, conseguir poder para avanzar en asuntos sensibles. O cien etcéteras. El hecho es consabido: numerosas sentencias o procedimientos han sido anticipados por los medios. Este cronista no se ha privado, cuando dispuso la data adecuada.

No declarará más “en su contra”. Pero provee un ejemplo ilustrativo.

El juez Norberto Oyarbide, sin ser para nada el único, es pionero en esos manejos. A menudo anticipa acciones o presunciones on the record en conferencias de prensa que da en su domicilio o en las inmediaciones de tribunales. Así obró en el expediente en que están procesados por escuchas ilegales el jefe de Gobierno Mauricio Macri y el comisario Jorge “Fino” Palacios.

O sea, en esta materia, muy pocos (quizá nadie) pueden arrojar la primera piedra. Es una deficiencia, más vale, del sistema judicial. Resulta más discutible que sea una falta de los periodistas. En todo caso, hay una habitualidad que no repara el vicio pero que la dimensiona en el contexto costumbrista.

Retomando el tema central: en el allanamiento de marras hubo una filtración. Para el olfato del cronista, todo indica que pudo provenir de la Fiscalía. Lo sugieren su desempeño previo, su afán acusatorio y su ansia de figuración.

En su presentación, Boudou culpó a Rafecas de la filtración y lo cuestionó con una severidad que el cronista cree desmesurada e injusta. En todo caso, y retomando un tópico de esta nota, quien acusa debe probar, de modo contundente. La mera enunciación no vale ni condena a nadie.

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Rafecas en la mira: En el Panorama Político publicado ayer en este diario, Luis Bruschtein describió la conferencia de prensa del vicepresidente como “destemplada” y dijo que parecía dispuesto a pelearse con toda la guía telefónica. El buen humor es bienvenido, en momentos desmesurados, la descripción es adecuada. Boudou insistió en su argumento esencial: nada hizo a favor de Ciccone, no violó la ley. Calificó con severidad al Poder Judicial (“bajísima calidad institucional”) y resaltó los objetivos y logros del Gobierno. También subrayó su antagonismo con los medios dominantes. Hasta ahí, más allá del uso de vocablos desmesurados, en especial los referidos a laburantes de prensa el discurso tradicional del oficialismo, que tiene más veracidad que el de sus antagonistas.

Lo que disputa este cronista fue la acusación a Rafecas, que derivará sin duda en una recusación y pedidos de juicio político. En diálogo informal con este cronista Rafecas niega haber divulgado el procedimiento. Su afirmación es creíble. Y, en cualquier caso, esa falla (tradicional en la práctica de tribunales) no justifica tamaño embate.

Rafecas es un buen juez federal, de los mejores. Forma parte de la camada que designó el ex presidente Néstor Kirchner, que oxigenó ese penoso Fuero, construido por el menemismo. Tuvo desempeños profesionales ejemplares en las causas del Primer Cuerpo de Ejército, del Parque Indoamericano (que la ministra de Seguridad Nilda Garré rescató con hidalguía), de los sobornos en el Senado, por no aludir sino a las más conspicuas. Es un magistrado estudioso y aplicado, goza de gran reputación entre sus pares más dignos. El juicio político en su contra, seguramente, no prosperará. Si así ocurriera, sería una desdicha para el Poder Judicial y mejoraría la proporción de jueces de la servilleta entre los federales.

La recusación, todo lo indica, será rechazada por el magistrado. Deberá pasar a Cámara, lo que ralentará la causa. Lo deseable, y usual en tales casos, es que la Cámara decida con celeridad.

La acusación a Rafecas (y no a Rívolo) seguramente tiene un sentido táctico, que es tratar de apartarlo del expediente. Ese fin no justifica esos medios.

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Ligerezas: Todo esto dicho, vale agregar que el juez cometió ligerezas, impropias para un hombre de su experiencia. Lo fue conceder un reportaje al diario Perfil, en pleno trámite. Puede serlo un intercambio de chats con un abogado que denunció Boudou, hablando de la causa. El letrado es viejo amigo del magistrado y representa a aliados del vicepresidente. En el intercambio, Su Señoría no habría dicho nada contra Boudou. Al contrario, pudo sugerir al abogado que hiciera pública la nota a la AFIP referida párrafos arriba. Esa nota no damnifica, en principio, la posición de Boudou. Pero los comentarios debieron ahorrarse.

Un presunto mensaje de texto enviado por Rafecas al periodista Gustavo Sylvestre, mientras éste hacía un reportaje en su programa de cable, fue desmentido por el colega y por el juez. Y tampoco fue probado por el vicepresidente ni es imaginable cómo pudo dar con él si el colega no se lo mostró.

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Errores: En su discurso, el vicepresidente Boudou incurrió, interpreta este escriba, en dos errores más. Lo hizo al denunciar una serie de operaciones ocurridas en el pasado. Todas se dirigieron a él y demostrarían una red de complicidades con el Poder Judicial.

En el listado de reproches, Boudou implicó al estudio en el que trabajan la esposa y el hijo del procurador general Esteban Righi. Les imputó, con otras palabras, venta de influencias en Comodoro Py. La acusación salpica a Righi, una figura de trayectoria impar. En 1973, como ministro del Interior del presidente Héctor Cámpora, pronunció ante la Policía un discurso señero en la historia de la defensa de los derechos humanos. Eso le valió años de exilio y la confiscación de su patrimonio durante la dictadura. En democracia brilla como académico penalista, integró el Grupo Calafate desde sus inicios. Néstor Kirchner lo nombró hace añares, se desempeña con tecnicismo y dignidad. Para quienes fabulan una conspiración con el Grupo Clarín es válido recordar que un dictamen reciente del procurador en la medida cautelar contra la vigencia de la ley de medios que está en la Corte, pidió el cese automático del apodado “plazo de desinversión”. Expresó que la suspensión jamás debió haber existido, en crítica directa a una anterior sentencia de la Corte Suprema. Esta tiene ahora el expediente listo para sentencia. Hace unos días ya era una “brasa ardiente” ahora supera la capacidad metafórica del cronista.

Para los mismos suspicaces que instigan el juicio político contra Rafecas vale refrescarles que no son originales. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, promovió con anterioridad denuncias contra el juez en el Consejo de la Magistratura.

Los simplismos son, a menudo, disfuncionales para entender la realidad. Ni Righi ni Rafecas merecen la invectiva del Gobierno. Este por ser consistente con las mejores políticas del Gobierno, aquél por ser un funcionario coherente y, antes, un militante “del palo”.

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Volver sobre lo archivado: Al evocar hechos ilícitos que presenció mas no denunció, el vicepresidente se colocó en un brete. Los funcionarios públicos están, a diferencia de los ciudadanos del común, obligados a denunciar los presuntos delitos que presencian. Es un deber funcional, cuya desobediencia puede significar incurrir en un delito de encubrimiento. Para ser francos: el savoir faire cotidiano de la política hace que muchos no hagan las denuncias en casos similares, pues suelen estar destinadas a morir en el “palabra contra palabra”. No es legal, pero sí pragmático. Pero esos protocolos, ni escritos ni insensatos, deben preservarse a lo largo del tiempo, a riesgo de quedar en off side si se desarchivan los hechos tardíamente.

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Abril caliente: Para que la causa judicial avance es esencial para la acusación probar que hubo favoritismo indebido para Ciccone y una intervención dolosa del vicepresidente Boudou. Una virtual relación de éste con Vandenbroele, tampoco comprobada con los elementos conocidos, valdría solo como un indicio para seguir pesquisando, pero poco más. Los medios dominantes están convencidos de que hay pruebas rotundas por aparecer. Habrá que ver entonces, por ahora el caso es endeble.

Abril será un mes tremendo: seguramente se conocerá la pericia en la causa sobre la tragedia ferroviaria, deberá haber decisiones oficiales sobre el sistema de transporte, se decidirá el rumbo de la política petrolera, tal vez se dictará la sentencia de la Corte sobre Clarín... Frente a esas cuestiones esenciales, manejar bien la política, no dejar flanco a los adversarios y no perder aliados o compañeros de ruta es un requisito esencial.

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