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Aunque estaba dentro de las posibilidades cuando asumió como secretario de Deporte, Roberto Perfumo nunca hubiera imaginado que la primera decisión trascendente de su breve mandato sería la baja de un funcionario y tres empleados por supuestas irregularidades cometidas con programas asistenciales a sectores carenciados. A raíz de una denuncia anónima presentada el 23 de septiembre sobre actos sospechados de corrupción en el área que conduce el ex futbolista, se abrieron un sumario administrativo y otro judicial contra el ex director de Políticas y Planeamiento del Deporte Luis Gilardi y los ex trabajadores de la secretaría Luis Alberto Vázquez, Carlos Casaccia y Daniel Fernández. El expediente 285/03 de la Oficina Anticorrupción del Estado se inició cuando el Mariscal llevaba apenas un puñado de días en el cargo. Ahora acaban de conocerse más detalles gracias a una carta que le enviaron a Perfumo los abogados Roberto De Michele, el director de Planificación de Políticas de Transparencia, y Carlos Manuel Garrido, el director de Investigaciones de aquella oficina.
Fechado el viernes pasado, el texto sostiene que “se detectaron las siguientes irregularidades a la ley de administración pública, iniciándose sumario administrativo y judicial a los siguientes funcionarios de su área...”. Tras mencionar a Gilardi y al grupo de trabajo que colaboraba con él, los funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción definen a la Asociación para el Desarrollo del Deporte Social en la Argentina (ADSA) como una “asociación ilícita” y “legalmente incompatible con la normativa de la administración pública”. La entidad a la que hacen mención coordinaba el Programa de fútbol infantil “Deporbarrio” y recibió por esa razón la suma de 95.000 pesos, “un valor desmedido”, según De Michele y Garrido, para organizar partidos de fútbol en villas de emergencia.
En la esquela que recibió Perfumo y a la que tuvo acceso Página/12, también se sostiene que hay una investigación sobre ADSA y Luis Vázquez por el manejo de los fondos correspondientes a las finales de los Juegos Evita 2003, desarrollados en Jujuy, la provincia de donde es oriundo Gilardi. Se describe que hubo “compras directas sin licitación por más de $ 600.000, del cual ya contamos con información del desfalco producido a las arcas del Estado”.
La paradoja de esta situación es que el propio Vázquez, el 22 de octubre, envió una nota a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia pidiendo que se investigara al actual secretario de Deporte para saber si es compatible su actividad como funcionario con la labor periodística que desempeña en el diario Olé y la señal deportiva ESPN+. Vázquez señalaba en el escrito que también se encargó de difundir por correo electrónico que motivaba su pedido “la transparencia, independencia y ejemplo de moralidad que los funcionarios públicos están obligados a mostrar frente a la sociedad”. Podría inferirse que ésta, su respuesta al despido de la Secretaría, se le volvió en contra. Vázquez acaso no sabía una cosa: el doctor Garrido, a quien le había dirigido su pedido de investigación sobre Perfumo, ya lo estaba investigando a él desde fines de septiembre.
ADSA, incluso, le atribuyó a este periodista y a una nota publicada el 13 de octubre en el suplemento Líbero, una influencia desmesurada. En el mismo mail que se transcribe el pedido de investigación para Perfumo, la ignota asociación que recibía fondos del Estado –formada este año y sin personería jurídica aún–, señala “discriminación y persecución dentro de la Secretaría”. Ahora se expedirá la Justicia, como sugiere la gente de ADSA en uno de sus libelos.
El expediente 285 de la Oficina Anticorrupción, que a su vez remite al expediente D-125/03 de la secretaría y mediante el cual se le extendió a ADSA la suma de 95.000 pesos, contiene todos los elementos necesarios paraque se sepa la verdad. Entre otras cosas, si es compatible trabajar para el Estado y hacer simultáneamente negocios a sus expensas.