Desde fines de los ‘90, y respaldado en el accionar de ex presos políticos, historiadores y otros colectivos, se intensifica en Cataluña el desarrollo de tareas dirigidas a la investigación y recuperación de la historia antifranquista. La situación era, como en toda España, de fuerte asimetría en el reconocimiento de las víctimas y en el tratamiento de los resistentes que habían sufrido las consecuencias de la persecución y la represión franquistas. Decía el consejero Joan Saura al diario El País en julio del 2007:

“A pesar de las iniciativas realizadas en los últimos años para dignificar a las víctimas de la dictadura, todavía es necesaria una decidida política pública en este sentido y la plena rehabilitación de todas las personas, organizaciones e instituciones represaliadas durante el franquismo. El reconocimiento y dignificación de todas las víctimas no ha sido simétrico. Durante el franquismo, las víctimas republicanas y sus familias sufrieron la más absoluta marginación. Durante la democracia, las indemnizaciones concedidas a partir de los años ochenta y noventa no suplieron el déficit de una política que llegó tarde y fue parcial.”

Aun al inicio del milenio la actitud ante el pasado no era siempre de olvido pero sí de mirar hacia otro lado para seguir viviendo. Pero en los últimos años se fue avanzando. Aumentó en calidad y cantidad la producción en el ámbito académico, las investigaciones crecieron y avanzó la difusión. El documental sobre las desapariciones infantiles generó en Cataluña un debate nunca visto hasta entonces. Y en determinado momento se logró poner el tema en la agenda política, lo que permitió la llegada a sectores más amplios, sobre todo en la generación de los nietos.

En abril del 2002, Barcelona se sorprende por la masividad de un acto público organizado por la Asociación Catalana de Ex Presos Políticos, que se celebra en el Gran Teatro del Liceo. Allí se aprueba una declaración reclamando al gobierno catalán una política pública de reparación integral, algo inédito, ya que las únicas acciones de los gobiernos posdictadura franquista se limitaban a algunas indemnizaciones más bien piadosas y a homenajes acotados, jamás generalizables. Al año siguiente, una coalición de tres partidos constituye en Cataluña un gobierno de centroizquierda y se compromete fuertemente con la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la creación del Memorial Democrático. La redacción del proyecto estuvo a cargo de una comisión ordenada por el historiador Ricard Vinyes e integrada por otros colegas suyos, Pere Ysás, Francesc Vilanova y Manuel Risques, junto con la museóloga Monserrat Iniesta. Mientras tanto, el camino seguido en Cataluña se reforzó en 2004 con la creación de la Dirección General de la Memoria Democrática. En marzo de este año, el gobierno catalán aprobaba el proyecto de Memorial y lo remitía al Parlamento.

Ya de entrada, la derecha política y eclesiástica se opuso fuertemente a estas iniciativas atribuyéndoles la intención de “reabrir las heridas del pasado” (en tanto diligenciaba la canonización de 500 religiosos donde no figuraba ninguno asesinado por los franquistas). Trabada la ley por diferencias sobre el tratamiento de las víctimas de la Guerra Civil, se introduce una enmienda que reconoce “la dignidad de todas las víctimas, incluidas las producidas por la retaguardia republicana en la guerra civil”. Y en el preámbulo del proyecto de ley se propone el siguiente texto: “La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia más allá de las opciones personales, ideológicas y de conciencia de cada uno: tanto de las víctimas de la represión franquista como de las víctimas de la violencia política en la retaguardia republicana”. Decía Saura en su columna: “Hemos insistido hasta la saciedad en que no se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas; que no se trata de buscar venganza, sino justicia.” Y agregaba: “Desde los mismos valores democráticos que reconocen la dignidad de todas las víctimas no puede tratarse con el mismo rasero a los golpistas que se alzaron contra la legalidad republicana y a un gobierno legítimo y democrático, como hace la derecha española.”

“La ley del Memorial condena explícitamente el franquismo y reconoce que el sistema democrático actual tiene su origen más inmediato en la memoria republicana y el antifranquismo, así como la deuda pendiente que nuestra sociedad tiene con todas las personas y entidades que pusieron por delante de cualquier otra consideración personal o familiar el objetivo de recuperar las libertades arrebatadas por la dictadura franquista.

El Memorial Democrático va a garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la lucha por la democracia con toda su complejidad y toda su pluralidad; con rigor, sin sectarismos ni prejuicios.”

La Ley del Memorial fue aprobada el 24 de octubre por el Parlamento. El Partido Popular votó en contra con gritos dirigido al consejero presente: “Señor Saura, no podemos aceptar su historia, queremos la historia de todos”.