El esquema de seguimiento de precios que, con escasa efectividad, realiza la Secretaría de Comercio, liderada por el controvertido Guillermo Moreno, ha sumado a los intendentes bonaerenses. Estos tendrán que informar sobre “subas injustificadas” y “especulativas” de los precios. Los jefes comunales firmaron junto con el Ministerio de Asuntos Agrarios provincial un convenio de cooperación para esa tarea. El relevamiento se hará sobre una muestra de 1500 comercios, que contemplará desde hipermercados hasta almacenes de barrio, y se realizará sobre la lista de 150 productos de primera necesidad de la canasta básica. El objetivo es que ese muestreo permita, previa intervención de la Secretaría Comercio, reacomodar los precios a los valores previos al lockout del campo.

El acuerdo fue rubricado por el titular de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra, la ministra bonaerense Débora Giorgi y el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, junto con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El convenio consta también de dos iniciativas adicionales: se relevará el nivel de inversión y el de promoción industrial de la provincia. No obstante, el eje será el tema precio, en especial de “cortes clásicos de carnes, verduras y harinas y sus derivados”.

Para el relevamiento se capacitó a unos 300 agentes, que actualmente se encargan de verificar las condiciones de legalidad y salubridad de las mercaderías, para que se integren a la recolección de datos referidos a precios y cantidades. Los recorridos se realizarán todos los días de la semana, aunque la carga de datos será únicamente los lunes y martes. Cada agente estará a cargo de cinco comercios diarios (los destinos irán rotando semanalmente). El relevamiento incluirá todo tipo de comercios, desde pequeños hasta medianos y grandes. “Sacar una muestra de precios sólo de supermercados sería una mentira”, dijo a este diario uno de los encargados del seguimiento, quien explicó que, “para algunos barrios, el típico almacén sigue siendo el único referente”. Los resultados serán volcados en un software que desarrolló la cartera económica bonaerense y el cual será adaptado por la UTN, para adecuarlo a la nueva canasta básica.

La iniciativa tiene su antecedente en 2006, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires inició un relevamiento de precios, de periodicidad quincenal, cuyos resultados se enviaban al Poder Ejecutivo nacional. En esta oportunidad se encomendó a los inspectores de las Oficinas Municipales de Informaciones al Consumidor (OMIC) para que lleven adelante el seguimiento. En el caso de no haber alguna OMIC en la comuna, se reclutó personal de las respectivas secretarías de Comercio municipales. “Nuestra inquietud es articular los distintos niveles de gobierno, con inspecciones en cada una de las reparticiones para defender los intereses de los consumidores”, dijo a este diario Giustozzi. En un principio, el conurbano se dividirá en tres zonas: norte, oeste y sur, para posteriormente sumar a La Plata. De esta manera, la Secretaría de Comercio recibirá el listado completo de la información relevada, ordenada por tiempo y lugar. La idea del esquema de presentación sirve a los efectos de permitir a los comercios justificar las subas. Como se presenta la información, se podrá ver si hubo o no motivo, por ejemplo estacional, para los incrementos de precios. “Así el gobierno nacional dispondrá de esa información, en forma sistemática, que le permitirá tomar las medidas que considere pertinente”, ratificó a Página/12 la ministra Giorgi.

El jefe comunal de Almirante Brown admitió que a la fecha los primeros sondeos dieron cuenta de la existencia de “conductas especulativas aisladas”. Entre ellas, cadenas de súper e hipermercados que exhiben distintos precios en sus puntos de venta para el mismo producto, ya sea aprovechando alguna ventaja que le pueda dar una zona de alto poder adquisitivo o por la escasa o nula competencia comercial que le presenta el lugar.