[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La denominación podría ser la de “economistas en catástrofe”, a la usanza de los médicos voluntarios que concurren a socorrer los daños masivos producidos por una guerra o una peste. La economía argentina se asemeja a esos mismos cuadros dantescos, de acuerdo con la visión coincidente de analistas locales y del exterior. Esta semana, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, volverá a reunirse con el titular del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, y tomará contacto con otros especialistas que han intervenido para acomodar las piezas desmanteladas tras las crisis de México, Corea e Indonesia. El comité de expertos será el encargado de recomendar al gobierno argentino cuál es el mejor indicador monetario con el que se ajustarán los depósitos de los ahorristas pesificados, los créditos del sistema financiero nominados originalmente en dólares y los contratos entre privados –alquileres o préstamos por escribanía, por ejemplo– que también serán convertidos a pesos. El nuevo indicador, además, sería la referencia para las tasas activas que los bancos cobrarían para los créditos en pesos que otorguen de aquí en más. Después de “blanquear” que no habrá devolución de depósitos en dólares, el Gobierno se abocará esta semana a elaborar el indicador con el que promete “preservar el poder adquisitivo” de los ahorros y regenerar un mercado de crédito en pesos hoy inexistente. La pesificación se haría al valor del dólar oficial, de 1,40 peso, pero es uno de los tantos puntos del nuevo “programa monetario” que todavía está en discusión.
El indicador monetario que se elija definirá los montos, en pesos, que podrán recuperar los ahorristas y la cuota que deberán pagar los deudores del sistema financiero. Además, señalará el valor de los alquileres y de otros contratos entre privados pactados en dólares. Más que una simple definición técnica, el indicador será el que distribuya los costos y beneficios internos de la devaluación.
La salida del “corralito” sigue marcando la pauta de los tiempos políticos que corren. Después de anunciar en la última semana una apertura limitada, que permitiría a los titulares de cuentas de ahorro disponer de hasta 5000 dólares, pero en pesos y al cambio oficial de 1,40 y sólo para movimientos “intra-corralito”, el Gobierno hizo pública su intención de pesificar deudas y depósitos, tal como había anticipado en exclusiva Página/12 el último sábado. “El anuncio de la pesificación es potentísimo, y el Gobierno está midiendo la reacción de la gente; por eso está apurando la elaboración del mecanismo de ajuste de los depósitos para tener respuesta a un nuevo cacerolazo”, interpretó un especialista financiero consultado por este diario. Este timing, más político que técnico, explica la sorpresa que un alto funcionario del Banco Central mostró ayer cuando leyó las declaraciones de Remes sobre el “indicador monetario”, un tema que, para ellos, recién está en etapa de análisis.
Sin embargo, desde el Ejecutivo no sólo apuraron los contactos con expertos internacionales, sino que se ha avanzado en buscar el aval al nuevo instrumento por parte del Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este, incluso, ha señalado “los expertos” que deberían ser consultados por su conocimiento de la salida de las crisis coreana e indonesia.
Miembros del equipo económico se referían este fin de semana al monto de ahorros en dólares como “una ficción”, y se referían a la pesificación como “una medida inevitable” antes que una decisión de política económica. Esgrimían dos datos para describir la necesidad de una reestructuración total del “dolarizado” sistema financiero: de los 46.500 millones de depósitos en dólares, más de 12.000 surgieron de la conversión a divisas de depósitos en pesos durante diciembre; el patrimonio neto del sistema pasó de 16 mil millones de pesos a fines del 2000 a un valor negativo de 2000 millones sólo un año después.
El objetivo del Gobierno es llegar a presentar ante el FMI lo que se ha dado en llamar “un plan sustentable”, según la definición de ese organismo y del gobierno de Estados Unidos. Esto podría traducirse como un plan conforme a las pautas que ellos mismos indiquen. Aquel organismo también le reclamaba “un plan sustentable” al gobierno de la Alianza, y terminó avalando el “blindaje”, el “megacanje” y el Plan de Déficit Cero, por mencionar sólo a los fracasos más recientes. En esta oportunidad, lo que se busca es limpiar del programa económico toda pátina “populista”, que es lo que le inquieta al poder económico mundial del gobierno de Eduardo Duhalde.
En los últimos días, y más aceleradamente a partir de los que vendrán, el Gobierno está encarando un camino más confiable para la visión de Estados Unidos. Una nueva misión del FMI arribará hoy al país, conformado por especialistas en temas fiscales que se encargarán de darle los últimos retoques y la aprobación al proyecto de Presupuesto Nacional, que se buscará que el Congreso apruebe la semana próxima. En estos días arrancarán las conversaciones con las provincias, una por una, para atar las negociaciones para refinanciar las deudas con una estricta disciplina fiscal, capaz de soportar la depredación de ingresos tributarios coparticipados. Si los ahorristas empiezan a asimilar la pesificación de sus depósitos y los bancos se conforman con esta nueva condición, el gobierno podría estar en condiciones de encarar la “normalización” de sus relaciones externas, con los organismos internacionales y los acreedores. Al menos, eso es lo que meditan en medios oficiales.
Antes de fin de mes, Remes Lenicov y el canciller Carlos Ruckauf viajarán a Washington para exponer, ante las autoridades del Fondo y de la Administración Bush, el estado de situación a ese momento. El objetivo es conseguir la luz verde para avanzar en la presentación, durante febrero, el consabido “plan sustentable”. El gobierno espera obtener un nuevo crédito de unos 20 mil millones de dólares, que según precisó ayer el viceministro de Economía, Jorge Todesca, se aplicarán a capitalizar el sistema financiero. Recién entonces podría empezar a recomponerse la paralizada economía local. Por lo pronto, el gobierno descuenta que la recesión se prolongará, por lo menos, hasta mitad de año.