Si lo que buscaba Santiago Montoya era un golpe de efecto, es factible que lo haya conseguido, básicamente por la oportunidad en la que lo propinó: la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires notificó ayer el embargo de una segunda aeronave de Aerolíneas Argentinas por una deuda impositivia de poco más de 134 millones de pesos. La medida fue adoptada cuarenta y ocho horas después de que el Congreso sancionara la ley que dispone la expropiación de la línea de bandera. La empresa rechazó el embargo por “incostitucional”.

“La medida fue notificada también en el domicilio de cada uno de los responsables solidarios que pertenecen o formaron parte del directorio de la firma, quienes son contribuyentes a los que ARBA les ofreció el plan de pagos ‘Cuenta Regresiva’ para regularizar su situación con el fisco y que, sin embargo, optaron por eludir sus obligaciones tributarias”, sostuvo la agencia recaudadora bonaerense a través de un comunicado.

Aerolíneas consideró en un comunicado que el embargo “es inconstitucional” y anticipó que no realizará ningún gasto al respecto “hasta que no se concrete la resolución judicial, que se encuentra en trámite” en el Tribunal Fiscal bonaerense. “En casi sesenta años de existencia Aerolíneas Argentinas nunca pagó ni se le exigió el pago de Ingresos Brutos por transporte internacional”, tributo que reclama ARBA, precisó la compañía.

Se trata de una nave Boeing 737200 matrícula la LVJMW, que mantiene una deuda de 134.727.103 pesos por Ingresos Brutos a favor de la provincia. No es la primera vez que la Agencia adopta una medida de este tipo. En julio, justo cuando se tomó la decisión de llegar a un acuerdo (finalmente abortado) con Marsans para que el Estado rescatara las acciones, ese organismo recaudador embargó otro Boeing, en este caso, reclamando el pago de un pasivo de 120.084.245 pesos. La flota propia de Aerolíneas es escuálida, con lo cual no quedan muchas chances de que Montoya pueda reclamar fondos por esa vía.