Los mayores conflictos laborales se concentraron ayer en Santa Fe. Uno tuvo una resolución favorable y el otro quedó más caliente que nunca. En el primer caso, el Ministerio de Trabajo de esa provincia firmó un acuerdo con el sector metalúrgico de Villa Constitución para evitar despidos en los próximos 180 días. El convenio cuenta con la firma de las autoridades de Acindar, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y representantes de las distintas empresas contratistas que prestan servicios a la fabricante de tubos sin costura. El sindicato se comprometió a no realizar medidas de fuerza. En el segundo caso, todo fue distinto: la automotriz General Motors y el sindicato de mecánicos (Smata) no pudieron avanzar en las negociaciones y los trabajadores bloquearon la planta por varias horas.

A las puertas de la fábrica, situada en los alrededores de Rosario, los operarios de GM impidieron durante la tarde el despacho de camiones cargados con automóviles nuevos para ser distribuidos en la red de concesionarias de la compañía. El bloqueo fue organizado por Smata en vista del fracaso de las negociaciones y cuando está por vencer la conciliación obligatoria, que rige hasta el próximo viernes.

El conflicto comenzó en octubre, cuando la empresa resolvió despedir a 435 operarios, El sindicato reclama que en lugar de ello, aplique suspensiones rotativas entre sus 2000 trabajadores. A pesar de la tensión, el gerente de Relaciones Institucionales de GM, Bernardo García, afirmó que la empresa confía en resolver la situación el próximo lunes, cuando vuelvan a restablecerse las negociaciones.

Mientras esta situación ponía los nervios de punta de los funcionarios santafesinos y también del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, ambas administraciones lograron resolver otra situación traumática: la eventualidad de cerca de mil despidos de las siderúrgicas en esa provincia, a partir de una caída de la producción de Acindar.

El titular de la cartera laboral provincial, Carlos Rodríguez, señaló que en el acuerdo se estableció cómo se van a financiar los salarios de los trabajadores que sean suspendidos. En el caso de empleados de Acindar van a cobrar en forma directa de la empresa. En el caso de los contratistas se dividirá en tres: el Estado nacional, Acindar y los empleadores. “Se arribó a un buen acuerdo que permitirá preservar las fuentes de trabajo”, apuntó el funcionario.

“Las empresas que hoy no han participado del acuerdo y que quieran sumarse al mismo, podrán ratificarlo ante el ministerio de Trabajo de la provincia mediante petición formal y escrita”, agregó Rodríguez. En Santa Fe rige desde el mes pasado una ley que prohíbe los despidos por 180 días.