Después de un año más complicado de lo que había previsto, el gobierno de Cristina Kirchner está cerrando 2009 con una aceleración que parece haberle permitido recuperar parte del terreno perdido. La convergencia de decisiones favorables en el Congreso sobre temas trascendentes –fin de las AFJP, regularización de la economía en negro, modificaciones del impuesto a las Ganancias a favor de los contribuyentes personales– y anuncios que conforman una fuerte estrategia de políticas activas –medidas de aliento al consumo, un ambicioso programa de obras públicas, transferencias de un monto fijo a jubilados– surgen al mismo tiempo que se generalizan los indicadores de que la crisis ya llega a nuestras costas.

A diferencia de lo sucedido al explotar el conflicto agropecuario, esta vez el Gobierno buscó mayores grados de consenso y acuerdo con sectores involucrados. Los planes de aliento al consumo de bienes durables –automóviles, electrodomésticos– contaron con un previo acuerdo de industriales, grandes comercios y entidades financieras. Incluso, en algunos casos el compromiso llegó a los proveedores de insumos –una rebaja en la chapa para electrodomésticos–. El programa de obras públicas tuvo un caluroso recibimiento de parte de constructores y proveedores, no sólo porque ofrece una magnífica oportunidad de negocios, sino porque además se desarrollará con un nivel de distribución geográfica y entre pequeñas unidades que lo convierten en inédito.

No es éste el único aspecto en el que el Gobierno aprendió la lección, tras la amarga experiencia de la disputa con el ruralismo por las retenciones móviles a las exportaciones. Esta vez, las máximas autoridades del Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso no recurrieron a la persistente búsqueda de un enemigo al cual castigar y demonizar. Logró así resistir, incluso, las objeciones y descalificaciones que sufrió por la decisión de desmantelar el mecanismo de la jubilación privada. De las acusaciones de “quedarse con la plata de los futuros jubilados”, denuncias de “saqueo” y “confiscación” con las que se regodeó cierta oposición acompañada de comunicadores de similar posición ideológica –de derecha explícita o camuflada–, pudo salir con el “efecto demostración” de que el sistema se estaba comiendo sus propios fondos y que lo mismo sucede en otros países que aplican el mismo régimen de capitalización.

Después de un año complicado, en el que políticamente no sólo vio alejarse a una decena de diputados ex oficialistas y hasta el voto del propio vicepresidente en el Senado, el Gobierno logró aprobar en el Congreso un puñado de proyectos “pesados”. Incluso, un combo de regularizaciones impositiva, laboral y de capitales que despertó polémicas.

Largar semejante plan de regularizaciones simultánea, sin precedentes por sus alcances, es de parte del Gobierno un reconocimiento implícito del elevado nivel de informalidad de la economía argentina. El empleo en negro o no declarado se estima en un 40 por ciento de la fuerza laboral, pero aun entre quienes están declarados hay una elevada proporción de los que no tienen aportes de sus empleados. No hay una estimación cierta del grado de informalidad impositiva, aunque se sabe que en el comercio, el campo y la construcción la magnitud de la actividad no registrada es alta. Menos certeza existe respecto de los capitales en negro, aunque las estimaciones de que haya unos 150 mil millones de dólares no declarados en el exterior, de propiedad de argentinos, es un indicador de que retrata de magnitudes importantes.

Nadie cree que la invitación a la regularización vaya a erradicar ese mal endémico. Ni en el Gobierno ni afuera de él. Lo que sí creen en el Gobierno es que era necesario abrir la puerta para posibilitar de quien se decida a invertir encuentre el camino allanado, incluso aquellos con un pasado condenable. Desde la vereda de enfrente, se pretendió hacer aparecer el proyecto como la habilitación e incentivación al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

No será para tanto. El blanqueo de capitales es una fuerte rebaja impositiva para la regularización de activos no declarados, pero no anula la acción penal de otros organismos que debieran controlar el movimiento de capitales espureos y evitar su enmascaramiento como actividad lícita. El problema es si estos mecanismos funcionan, pero el problema existe con o sin blanqueo. Este mecanismo de “exteriorización de capitales”, como lo denomina la ley, facilitará su visibilidad, pero no será el que origine los ilícitos ni el que aliente el lavado de dinero, al que no le faltan mecanismos alternativos sin tanto nivel de exposición. Resulta hasta sospechosa tanta preocupación por el destino de “los fondos del narcotráfico” de parte de quienes sólo reaccionaron contra el tema cuando el Gobierno lanzó el blanqueo, pero que jamás cuestionaron un sistema financiero estructurado bajo la ley de entidades de Martínez de Hoz (año 1977, plena dictadura), con todas las facilidades para el movimiento de capitales sin regulaciones ni control.

No se puede asegurar que las medidas dispuestas sean suficientes para reactivar el consumo o sostener la inversión, pero lo cierto es que dan una respuesta concreta y en un sentido claro al avance de la crisis. La apuesta es a la intervención y orientación económica desde el Estado y no ser un simple “garante de las ganancias del capital”, como critican algunos lúcidos especialistas a las políticas de los países centrales. Las cifras de actividad económica muestran signos de desaceleración. La actitud de las firmas internacionales dejan ver que la suspensión de personal o cierres temporarios de planta son alternativas perfectamente válidas. Pero la lógica del capital y la rentabilidad no es la misma que la que surge desde una perspectiva social. El Gobierno sigue intentando hacer equilibrio entre ambas lógicas.