La decisión del gobierno venezolano de estatizar tres empresas siderúrgicas donde tiene participación la firma Techint siguió ayer generando polémica en el país, en medio de la campaña electoral. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el presidente Hugo Chávez no adelantó lo que iba a hacer cuando visitó el país hace diez días. “No comentó absolutamente nada”, remarcó. Además, el funcionario aprovechó para reiterar que “se harán todas las gestiones necesarias para defender los intereses argentinos”, aunque sostuvo que el Gobierno “respeta las decisiones soberanas de otros Estados”. Las asociaciones empresarias y gran parte de la oposición política continuaron, por su parte, manifestando su rechazo a la decisión de Chávez. Los partidos de izquierda y algunos referentes del oficialismo avalaron la decisión.

Randazzo quiso dejar en claro que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no seguirá los pasos del líder bolivariano. “Hubiéramos preferido no tener que estatizar compañías como Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas”, aseguró.

Del lado empresario, quienes ayer criticaron a Chávez fueron las asociaciones argentinas de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera) y de Generadores de Energía (Ageera). “El cambio de reglas cuando se produce en forma arbitraria, dejando de lado hasta la búsqueda del consenso más elemental, sólo puede producir conflictos y por eso las asociaciones acompañan el reclamo de los empresarios argentinos”, remarcaron a través de un comunicado que lleva las firmas de Alejandro Macfarlane (presidente de Adeera), Carlos García Pereira (Ateera) y Rubén Turienzo (presidente de Ageera).

De ese modo se sumaron a las manifestaciones de rechazo realizadas el viernes por la Unión Industrial Argentina –que cuenta al Grupo Techint entre su principales socios–, por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y las entidades financieras nucleadas en Adeba. Todas ellas solicitaron al gobierno nacional gestiones ante su par venezolano en procura del resguardo de los derechos de Techint en el contexto de la política de estatizaciones que viene desarrollando la administración de Hugo Chávez. Las empresas afectadas, en las que Techint tiene participación, son Tavsa (Tubos de Acero de Venezuela S.A.), Matesi (Materiales Siderúrgicos S.A.) y Comsigua (Complejo Siderúrgico de Guyana C.A.).

Desde la oposición, algunos políticos también se sumaron al discurso empresario, trazando además similitudes entre la política de Chávez y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El candidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social, Ricardo Gil Lavedra, advirtió ayer sobre una “peligrosa vocación intervencionista” del gobierno nacional que “defiende la vigencia y la constitucionalidad de la ley de abastecimiento”. “Es notorio que en la administración argentina hay actualmente una peligrosa vocación intervencionista que se manifiesta a través de acciones que ya han sido adoptadas, mediante la aplicación o no de la mencionada ley de abastecimiento que afectaron patrimonios privados y el desenvolvimiento de empresas de diversos sectores”, afirmó. La ley de abastecimiento, que para Gil Lavedra evidencia una vocación intervencionista equiparable al socialismo siglo XXI que propone Chávez, es la norma a través de la cual se les exige a las empresas que garanticen la normal provisión de bienes y servicios en el mercado para que los consumidores no deban afrontar aumentos de precios excesivos generados por prácticas especulatorias.

Quienes si apoyaron a Chávez fueron los partidos de izquierda. Ayer emitieron comunicados respaldando la estatización Christian Castillo, candidato a diputado nacional del PTS, y Vilma Ripoll, del MST.