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El mismo equipo económico que aseguró que no pagaría con reservas los alrededor de 800 millones que vencen este jueves con el Banco Mundial evalúa ahora realizar un “pago simbólico” por más de un tercio de ese total, alrededor de 280 millones de dólares, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio de Economía. Con este pago, sólo en noviembre Argentina habría abonado a los organismos 500 millones de dólares, ya que la semana pasada se transfirieron 220 millones al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional. Así, en los primeros 11 meses del año, el “año del default”, los pagos de deuda sumarían 4500 millones de dólares, el equivalente a un tercio de los recursos tributarios.
Luego de que Economía construya con dólares contantes y sonantes este escenario de buen pagador, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, viajará hoy a Washington en un último intento para alcanzar un acuerdo con el FMI antes de la deadline del jueves. Al igual que en anteriores rondas negociadoras, Nielsen llegará a la capital estadounidense el martes con el propósito de discutir con los técnicos del FMI el eventual acuerdo y, en caso de avances, sobre el fin de semana se sumaría el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
El objetivo del equipo económico es absolutamente modesto: no ser expulsados del supuesto Olimpo al que pertenecerían los países que siguen las políticas económicas sugeridas por el FMI. Y no ser expulsados significará, en el mejor de los casos, la postergación “parcial” de los vencimientos de deuda. Y si en algo coinciden los negociadores es que dinero fresco no habrá por mucho tiempo. La meta de los negociadores argentinos, entonces, es conseguir un equilibrio entre la precaria estabilidad alcanzada puertas adentro y las recesivas demandas del organismo financiero.
El FMI, en cambio, sigue mostrándose convencido de que junto al BID y el Banco Mundial deben mantenerse como la tríada de acreedores privilegiados de la Argentina, los únicos con los que es impensable entrar en default y que aparecen inflexibles frente a cualquier quita sobre los montos adeudados. Si se suman los vencimientos de diciembre, 432 millones según datos del Estudio Broda, a los 520 millones que quedarían de saldo en noviembre tras el “pago simbólico”, diciembre llegaría con vencimientos por 952 millones de dólares.
Al margen del hermetismo que en el Palacio de Hacienda mantienen sobre la carta de intención, el FMI mantiene sus exigencias ya conocidas: frenar los amparos judiciales contra el corralito, aumentar las tarifas de los servicios públicos, liberar el mercado cambiario y “reestructurar” la banca estatal. Sin embargo, según reconoció el propio Lavagna, la clave del acuerdo estaría en una demanda particularmente cara a los bancos locales: despejar el camino para la concreción de las ejecuciones hipotecarias pendientes (ver aparte).
Los argumentos que ensayan desde el Gobierno para contrarrestar estas exigencias son de tipo republicano. De acuerdo a lo declarado por distintos funcionarios, no es posible acceder a la demanda de “seguridad jurídica” para evitar los amparos, porque “el Gobierno no puede ordenar a la Corte ni al Congreso lo que tienen que hacer”. No obstante, estas expresiones contrastan con la experiencia, pues el Ejecutivo sí consiguió imponer su voluntad a otros poderes del Estado. Pasó, por ejemplo, con las leyes de Quiebra y de Subversión Económica y, más recientemente, con la no renovación de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. También contrasta con la decisión de aumentar tarifas por decreto, la que podría recibir un revés en la Justicia.
En el Banco Central, mientras tanto, no sólo trabajan en la reestructuración de los 56 mil millones de dólares de la deuda privada, sino también en mecanismos para que el pago con reservas no aparezca como tal, por ejemplo depositando el monto de los vencimientos en una tercera entidad hasta que el acuerdo con el FMI finalmente llegue.