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En noviembre del año 2003 el Congreso Nacional aprobó un proyecto de mi autoría, promoviendo el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Representantes del pueblo de los más diversos bloques políticos declaramos el interés por la integración suramericana como objetivo estratégico. Latinoamérica no es un gran mercado –sostuvimos–, como plantea la lógica perversa del capitalismo salvaje que provoca la profundización de la brecha entre ricos y pobres. América del Sur necesita levantarse del concierto de las naciones a través del trabajo y de un programa en el cual el capital esté al servicio de la economía, y ésta al servicio del bienestar colectivo.

Los diputados asumimos entonces el reto de impulsar la organización de un poderoso bloque regional, capaz de promover el multilateralismo ante el peligro de la hegemonía unilateral. Este bloque, que permite a la región ser respetada y tratada en términos de igualdad en un mundo complejo, es autosuficiente en materia de energía, de alimentos, de recursos naturales, del trabajo de hombres y mujeres deseosos de contribuir a la construcción de un mundo de iguales.

San Martín y Bolívar concibieron el bienestar de nuestros pueblos basado en dos logros que tenían que ser necesariamente correlativos: la independencia y la unidad. El genio militar y político de nuestros libertadores planificó y logró el primer objetivo, pero la unidad, en cambio, ha sufrido doscientos años de postergaciones.

Nadie podría dudar del dinamismo económico que imprime este proceso de integración, que, respetando las particularidades y diferencias entre los Estados que la integran, constituye un poderoso bloque político que ha sido capaz de rechazar el ALCA para proponer otros mecanismos que aprovechan las ventajas de la cooperación y la solidaridad.

Venezuela y Argentina son netamente complementarias; nuestra interacción nos asegura recíprocamente la soberanía energética y alimentaria.

Nuestras exportaciones se han quintuplicado en los últimos tres años. La relación bilateral es ejemplo de un comercio administrado de alta sofisticación: estamos cooperando con transferencia de tecnologías para acelerar el desarrollo productivo, en beneficio de ambas naciones. Hemos protagonizado la venta más importante de “conocimiento puro” jamás realizada, a través de los Institutos de Tecnología Industrial y Agropecuaria, INTI e INTA. El conocimiento es un recurso único que crece mientras se utiliza y se comparte con los demás, en este caso a nivel regional.

Cientos de empresas pequeñas y medianas de todo el país se han incorporado recientemente a este proceso, exportando a Venezuela el equipamiento de bienes de capital, maquinarias y herramientas para sus fábricas estatales; gracias a ello, miles de trabajadores argentinos han obtenido o conservado su empleo, aun en medio de la caída de demanda de productos industriales que afecta al mundo entero.

El gobierno de Venezuela, mientras tanto, ha asistido a nuestro país en distintas instancias, por ejemplo el salvataje financiero de la cooperativa SanCor, la mayor procesadora de lácteos de América del Sur, marca argentina de 70 años de prestigio, que ocupa a más de 4000 trabajadores y estuvo a punto de ser vendida a capitales foráneos. Así es como se logró impedir la extranjerización de nuestra industria láctea.

La empresa argentina Impsa fabrica en la provincia de Mendoza las grandes turbinas para las represas de Tocoma y Macagua; pequeñas y medianas empresas familiares, como Pauny, se instalan en tierra venezolana, surcada por la maquinaria agrícola argentina; miles de productores se benefician hoy con la exportación de grandes tonelajes de alimentos.

Sin embargo, en estos días, se han agitado algunos sectores contra el ingreso de Venezuela al Mercosur. Llegaron hasta el Congreso de la Nación pidiendo se revierta la decisión del Parlamento que ya, hace seis años, se pronunció claramente a favor de la integración regional. La queja está vinculada a la estatización de dos empresas argentinas en Venezuela. En algunos casos, paradójicamente, estas voces no se levantaron cuando en nuestro país se privatizaron y extranjerizaron todas nuestras empresas y recursos estratégicos. El proceso de estatización de Venezuela excede ampliamente la relación bilateral. Recientemente se estatizaron 76 empresas de servicios del sector petrolero.

La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) era una empresa estatal hasta el año 1998, en que fue privatizada. El 60 por ciento quedó en manos del consorcio Amazonia, cuyos principales accionistas eran empresas del grupo Techint, en tanto Usiminas, de Brasil, poseía un 16,6 por ciento del consorcio. Tras un prolongado conflicto laboral, fue reestatizada en el año 2008. Desde el año 2007, en Venezuela se han estatizado más de 120 empresas de los más diversos orígenes: España, Francia, Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Japón, China, India, Estados Unidos, México, Venezuela. Ninguna de estas estatizaciones ha sido fuente de conflicto político o diplomático. Sólo una empresa, la norteamericana Exxon, acudió al arbitrio de tribunales internacionales, que fallaron a favor del Estado venezolano.

El proceso de integración es bastante más complejo que la satisfacción del interés de todos los sectores de cada uno de los Estados parte.

Es un arduo proceso de negociación que tiene avances y retrocesos, requiere respeto por las decisiones soberanas de los Estados y merece tomar en cuenta el interés permanente y general de las mayorías.

* Embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela

Diputada nacional 1997-2005.