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Desde hace dos meses se debate en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña un proyecto por el cual diputados de Diálogo por la Ciudad proponen declarar la emergencia en los servicios de protección de derechos a la infancia. Con este proyecto se quieren fortalecer servicios que hoy se encuentran colapsados, entre ellos los dispositivos de atención en la emergencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y algunos de los programas de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las organizaciones de infancia y los especialistas señalan como una de las preocupaciones fundamentales la ausencia de respuesta para los chicos que egresan de las comisarías sin tener familia que los pueda albergar. Señalan también que, a pesar del tiempo transcurrido desde la reglamentación de la ley 26.061, no existen programas de seguimiento y contención familiar adecuados para la revinculación protegida de los chicos más pequeños con sus familias.

La Justicia de la Ciudad hizo conocer en una sentencia de diciembre de 2008 que debían arbitrarse los medios para agilizar el retiro de los chicos en sede policial. ¿Quién se hace cargo en el Gobierno de la Ciudad por la ausencia de dispositivos especializados y programas de fortalecimiento familiar para evitar la reincidencia o cronificación de situaciones de violencia en familias devastadas por las sucesivas crisis y la marginación?

De acuerdo con la legislación vigente, el Consejo de los Derechos recibe las solicitudes y denuncias, toma las medidas necesarias de acuerdo con un primer diagnóstico y deriva a los programas de asistencia directa del Ministerio de Desarrollo Social, en particular la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta área tiene un importante presupuesto y, sin embargo, todo lo que ha hecho es poner el énfasis en tercerizar servicios que estaban en manos de equipos del Gobierno de la Ciudad.

Estamos asistiendo a un proceso gradual de desmantelamiento de los dispositivos existentes desde la vigencia de la ley 114. Se están cambiando coordinaciones de servicios sin consulta con los equipos existentes, se desconoce la experiencia acumulada en el sector. ¿Que en las gestiones anteriores existían carencias y problemas presupuestarios? Por supuesto. El sistema de protección integral de derechos de la infancia tuvo que organizarse paulatinamente y requirió de sostenidos aumentos presupuestarios y del diseño de nuevas políticas públicas.

Desde 2006, con la derogación del Patronato de Menores, la Ciudad amplió su responsabilidad en materia de infancia y familia, con lo cual fue necesario diseñar nuevos programas y políticas sociales. Por el contrario, en los últimos dos años asistimos a un proceso de desmantelamiento de servicios y programas, con niveles de maltrato laboral e institucional desconocidos e inéditos, maltrato ahora agravado con el despido de trabajadores del Hogar Nuestra Señora del Carmen.

Es necesaria la asignación de nuevas partidas para fortalecer los servicios de protección de derechos de la infancia, partidas que deben contar con control parlamentario y del Plenario Transversal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso estamos apelando a la movilización de la comunidad para evitar el vaciamiento de las áreas sociales de infancia. Basta de dobles discursos y de propaganda amarilla, color que estamos aprendiendo a identificar con la hipocresía.

* Candidata a legisladora por Diálogo por Buenos Aires.