La crisis más devastadora desde el crack financiero de la década del 30 tuvo como correlato en los Estados Unidos un cambio en la regulación y en la supervisión del sistema de la misma trascendencia. El presidente Barack Obama anunció ayer una amplia reforma del marco regulatorio o una “Nueva Fundación”, como titula su administración el texto del proyecto de ley publicado por el Departamento del Tesoro. La reestructuración abarca un mayor control sobre la posición de riesgo de los bancos, busca evitar los abusos a que son sometidos los consumidores, elimina los huecos legales que dan lugar a paraísos fiscales y provee de herramientas al Estado para evitar la propagación de nuevas crisis. Para esto se creará un Consejo de Supervisión de los Servicios Financieros que estará conformado por un staff permanente de reguladores federales. También se crearán dos agencias, una de defensa de los consumidores y otra para control bancario, y habrá una nueva Oficina de Seguro Nacional dentro del Tesoro. “No elegimos la forma en que comenzaría esta crisis, pero tenemos opciones sobre el legado que nos deja”, dijo Obama en la Casa Blanca.

La publicación de la tan esperada reforma llegó ayer de la mano de Obama y de sus colaboradores. Las primeras críticas no tardaron en aparecer refiriéndose a un conjunto de medidas que sólo sirven “para tapar vacíos legales” que permitieron a las finanzas estadounidenses tomar riesgos desmesurados. En cambio, para el mandatario estadounidense se está frente a la más amplia reestructuración de la regulación financiera desde la Gran Depresión de la década del 30. En una posición intermedia, el proyecto de ley que elaboraron el Tesoro y la Reserva Federal concluye reconociendo que “la propuesta contenida en el reporte no representa el set completo de reformas potencialmente deseables en la regulación financiera”.

En su introducción, el texto hace referencia a la falta de regulación del sistema, que causó la crisis. “La raíz de esta crisis se remonta a décadas atrás, años de severas recesiones económicas bajo la mirada cómplice de intermediadores financieros e inversores”, asegura el documento. Según explica, en la mayoría de las firmas sofisticadas de inversión, el manejo del riesgo no fue tomado en cuenta ante la complejidad de los nuevos productos financieros. “Mientras que esta crisis tuvo muchas causas, es claro ahora que el gobierno debería haber hecho más por prevenir muchos de estos problemas por la insuficiencia del control y las amenazas a la estabilidad de nuestro sistema financiero”, sostiene.

Sobre la base de esas debilidades, la administración Obama prevé refundar el marco regulatorio. Esa regulación será más simple que la actual y enfocada a proteger a los consumidores y a los inversores. Esa simplicidad no descuidará su capacidad de adaptación a la innovación de los instrumentos financieros –promete– y deberá cumplir un rol destacado dentro de esos cambios. “Estos cambios han forzado al gobierno a tomar medidas extraordinarias para revivir nuestro sistema financiero y así permitir el acceso a la población de créditos para comprar un auto o una casa, pagar la educación de sus hijos o financiar un negocio”, señala. El programa, redactado en 89 páginas, más un enlace dentro del sitio web del Tesoro con una explicación, hace referencia a cinco objetivos claves.

- Supervisión y regulación de las entidades financieras. El Tesoro identificó varios problemas en la legislación actual: los requerimientos de capital y liquidez eran muy bajos, no se tomó en cuenta el tamaño y la interdependencia de los holdings bancarios ni sus operaciones en el extranjero y hubo escasa supervisión gubernamental. La reforma propone entonces la creación de un Consejo de Supervisión de los Servicios Financieros para regular a las compañías e identificar eventuales riesgos sistémicos. El consejo podría incluir a los directivos de los principales reguladores federales y mantendría un staff permanente dentro del Tesoro. Los estándares de capital serán más severos para firmas más grandes. Se creará también la figura de un supervisor nacional de Bancos (con un estatus separado del Tesoro) para controlar las carteras de todos los bancos.

- Supervisión comprensiva del mercado financiero. El gobierno avanzará en un mayor control de los mercados de securitización, para lo que se incluirán nuevos requerimientos para la transparencia de los mercados. Este punto incluye una fuerte regulación para las “agencias calificadoras”, como Moody’s y Standard & Poor’s, y la dependencia de los inversores a estas consultoras. Se incrementará además el monitoreo en los mercados de securitización y de todos sus derivados. A tal efecto, se determinarán nuevas autoridades de la Reserva Federal para supervisar los sistemas de pagos, clearing y liquidaciones de estas compañías.

- Proteger a consumidores e inversores de los abusos financieros. El foco de atención estará puesto en los productos y servicios financieros que ofrecen los bancos a los consumidores y los mercados de inversión. En este punto estarán incluidas las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios. Para esto se conformará una Agencia de Protección Financiera al Consumidor, que recibirá denuncias de “prácticas abusivas y poco claras”. En tanto, habrá un nuevo marco para los proveedores de servicios, aun aquellos que no tengan una conexión directa con una entidad bancaria.

- Proveer al gobierno de herramientas para administrar crisis financieras. El nuevo régimen involucrará a instituciones financieras no bancarias cuyas características podrían tener serios efectos sistémicos en la actividad económica. Se otorga a la Reserva Federal la capacidad de regular el funcionamiento de las entidades que tienen un tamaño tan grande que su quiebra puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Es así que la Fed puede solicitar informes a esas entidades, aun en mercados no regulados o que se encuentran en el extranjero.

- Incrementar los estándares de regulación internacional y la cooperación entre países. Este apartado se refiere al control de las actividades en zonas off-shore, como se estableció en la última cumbre del G-20. “Existen instituciones financieras que se tientan a mover sus actividades a jurisdicciones con menos estándares”, dice el documento. El objetivo es eliminar de los estatutos económicos federales vacíos legales y arbitrajes que permitan a las compañías evitar la regulación oficial.