Desde Guatemala

Transcurrido un mes de la llamada “crisis de mayo”, desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: “Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Alvaro Colom”, los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de “irreparable daño a la democracia” de este país, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado. En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión política se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herederas de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en día han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. “Fuerzas ocultas” las llama la Oficina de Washington para América latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crímenes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).

En un país en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de Justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados –el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg– dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.

Por un lado, la Guatemala de los canches (los no indígenas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital), que por unos días vivieron la ilusión de que podrían bajar del poder a Alvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.

En el interior del país, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raíz indígena, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que “los de la capital” pretendían quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva. “Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad”, asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado en un país cuyo pasado está marcado por estas fracturas fue la principal defensa de Colom en los días más agitados de la crisis. Algunas opiniones consideran que sólo fue una pantalla discursiva. “¿Otro golpe en Guatemala, hoy en día? No, ¿con qué? Sería inaceptable para la comunidad internacional”, se opina en medios políticos y diplomáticos.

Claudia Samayoa agrega: “Sí fue un golpe a la gobernabilidad. Pero no llegó a tener poder suficiente para poner en riesgo a las instituciones”.

Esta es una cronología elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser “el mandadero de los empresarios”, como habían sido la mayoría de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no había llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para los académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.

Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los países donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB. Como punto de comparación, México, que no es un paraíso de equidad fiscal, tiene una recaudación de 18 por ciento del PIB.

Además, nombró a su cónyuge Sandra Torres al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). Desde ahí la mujer ha proyectado su liderazgo para lanzarse en las próximas elecciones, siguiendo el rastro de la ambición de otras esposas de mandatarios, algunas frustradas, otras exitosas y unas más en prospecto (Hillary Clinton, Marta Sahagún, Cristina Fernández, Rosario Murillo).

Gustavo Porras, que fue guerrillero en los años setenta y representante del gobierno durante los diálogos de paz en los noventa, admite que es difícil de explicar “el furor” que levanta doña Sandra, vista por la clase dominante como “la plebeya igualada, imagen viviente de lo que más odia una burguesía con pretensiones aristocráticas”, y caracterizada por su “imprudencia verbal” al divulgar sus obras sociales “como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo XXI”.

Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textil y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.

Después de una primera invitación y en medio de una trama de corrupción que hasta estos días no se ha aclarado, la oferta fue retirada. Musa y su hija fueron asesinados el 13 de abril. Su abogado, Rosenberg, tenía una relación sentimental con la hija. Estaba casado con Alejandra de Angoitia, pariente de los Azcárraga de Televisa. Había prestado servicios a la embajada mexicana.

Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David García, de que también su vida corría peligro y que debía dejar testimonio de ello.

Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.

La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El Cacif se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia. Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA.

El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.