El ministro de Economía, Amado Boudou, precisó a Página/12 que si el grado de aceptación de la reapertura del canje alcanza a la totalidad de los holdouts, la nueva emisión de deuda se ubicará en alrededor de 7 mil millones de dólares. Los funcionarios del Palacio de Hacienda advierten que esos números no son definitivos, ya que implican hacer una serie de supuestos sobre la quita y la participación en el canje que todavía se desconocen. Sin embargo, dan una pauta de las cifras que manejan en Economía. En su visita de ayer al Senado (ver página 8), Boudou aseguró que la quita superará el 65 por ciento convenido en 2005 y no desestimó la posibilidad de que los holdouts reciban un Cupón PIB en la operación. El ministro repitió que los tres bancos que acercaron la propuesta –Citibank, Deutsche y Barclays– no cobrarán comisiones al Estado, que serán asumidas por los bonistas. La reconexión con el turbulento mundo financiero recibió el apoyo de la oposición, principalmente de la UCR. Sin embargo, no todos celebran la operación. Diálogo 2000, una ONG impulsada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y un amplio grupo de economistas heterodoxos criticaron la medida y advirtieron sobre los riesgos de basar el crecimiento en el endeudamiento externo.

Todavía no se conocen las precisiones de la oferta, pero el proyecto de ley que envió anteayer el Ejecutivo al Congreso asegura que los términos ofrecidos no pueden ser iguales ni mejores que los de 2005. Así, el descuento no será inferior al 65 por ciento. Consultado por este diario sobre a qué valuación de los títulos en default se hará la quita, si a valor presente (aquel que recibiría su tenedor si lo vendiera hoy) o valor nominal, Boudou respondió a este diario que “será una quita que, se calcule como se calcule, siempre será mayor a la del canje anterior”. La deuda en default asciende a 29 mil millones de dólares, 20 mil de capital y 9 mil de intereses atrasados.

De acuerdo con los números que deslizó el ministro, la quita rondaría el 70 por ciento. Si bien Boudou apuntó que la máxima emisión de nueva deuda en reemplazo de aquellos 29 mil millones será de unos 7 mil millones, colaboradores cercanos advirtieron que esas cifras son estimaciones provisorias y señalan que el volumen del título que se entregue oscilará entre los 6 mil y 9 mil millones de dólares, dependiendo del grado de aceptación. El monto de la nueva deuda que reconocerá el Estado dependerá de las características técnicas del canje.

Extrañó, incluso a algunos funcionarios de Economía que acompañaron al ministro, que los senadores no levantaran ninguna objeción sobre el canje. Los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales expresaron su apoyo a la iniciativa. A la lista de felicitaciones se sumó el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. “Es bueno que la Argentina empiece a resolver los problemas que están pendientes desde hace muchos años”, valoró.

“La derecha que tanto se queja de las violaciones a la seguridad jurídica, se queda callada ante la suspensión de la Ley Cerrojo que prohibía la reapertura del canje, esto implica violación a la seguridad jurídica”, advirtieron, en cambio, economistas del Cenda, quienes critican la medida. Ese centro de estudios heterodoxo rechaza recurrir al endeudamiento externo para financiar el gasto público. El ministro de Economía sostiene que la decisión permitirá bajar las tasas de interés hasta un dígito y facilitar el acceso del sector privado al mercado de capitales. Desde el Cenda apuntan que “recurrir al endeudamiento externo, que es de corto plazo, no sirve para financiar el gasto público. Para eso es necesario recurrir a otras herramientas que provean al Estado de recursos genuinos como un impuesto a la renta financiera”.

En tanto, Diálogo 2000 cuestionó el canje de una deuda que considera “ilegítima e ilegal”. La ONG sostuvo que la medida “no es a favor del pueblo argentino sino de los fondos buitre y la banca internacional. Viola una decisión soberana de los argentinos”.