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El argumento no será que peligra la prestación del servicio de transporte de gas, pero sí que es necesario que el Estado fiscalice hasta el último detalle la reestructuración de la deuda de TGN, en la que de algún modo interviene como juez y parte, ya que Anses es acreedora en 20 millones de dólares. Con ese argumento, el Gobierno prolongará la intervención sobre la transportadora que venció hace tres días. Pero para eso hasta anoche debía salvar un problema formal: Enrique Pronsato, titular del Enargas, tiene su mandato vencido y sin una norma que lo prolongue expresamente, su firma no tiene valor en ninguna definición escrita.

El Ente Nacional Regulador del Gas es el órgano natural a través del cual el Gobierno formalizó su desembarco en la privatizada, el primero de una serie a la que se acaba de sumar Autopistas del Sol y a la que podría integrarse Metrogas si el mes próximo también entrara en cesación de pagos.

La intención de Julio De Vido es mantener un tiempo más en su cargo a Roberto Pons, el interventor que luego limitó sus funciones a la de auditor por instrucción judicial. Este rol acotado, sin embargo, no le impidió hacer un análisis de los números de la privatizada, que los abogados de Planificación se abocaron a estudiar en detalle.

El móvil invocado oficiosamente por los funcionarios oficiales para mantener al técnico en el lugar es observar de cerca el Acuerdo Preventivo Extrajudicial que TGN intenta cerrar con los acreedores. En septiembre, la empresa formuló la segunda propuesta para reestructurar su deuda de 340 millones de dólares, ofreciendo dos alternativas, superadoras de la que había planteado en abril. Una consiste en pagar al contado con una quita del 60 por ciento. La otra postula refinanciar con pagos a siete años y tasas que oscilan entre el 6,5 y el 8 por ciento anual.

Esta segunda propuesta fue aceptada por el 87,95 por ciento de los asambleístas presentes en el cónclave del 14 de octubre, que a su vez representan el 87,17 por ciento de los acreedores. Anses no apoyó la reestructuración con el argumento de que la frágil situación económico–financiera de la transportadora hace inviable el pago de sus obligaciones, pero, a diferencia de algunos otros tenedores de obligaciones, no impugnó la asamblea en la que se aprobó mayoritariamente la última propuesta. Anses tiene el 7 por ciento del pasivo de 340 millones de dólares que esta privatizada intenta reestructurar, con la expectativa de que en los próximos meses su tarifa interna, congelada desde antes de la devaluación, pueda subir. En los despachos oficiales afirman que ni así la concesionaria tiene chances de salir adelante.