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Julia Núñez se dedicaba a reclutar a niñas y adolescentes en barrios pobres de los alrededores de la ciudad de Santa Fe. Las tentaba con una oferta de trabajo doméstico, pero terminaban como esclavas sexuales en un burdel de la provincia de Buenos Aires. Ayer, Núñez, de 55 años, fue condenada a diez años de prisión por trata de personas para explotación sexual, en el primer juicio oral desde la sanción de la ley que tipificó el delito federal, en abril de 2008. Se probó que la mujer reclutó a Carolina F., una niña de 13 años que permanece desaparecida, y a otra joven, de 19, que testimonió ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe –que llevó adelante el proceso– y relató cómo operaba la red mafiosa, en la que Núñez era el primer eslabón: después de captarlas bajo engaño, las entregaba a un hombre que las ablandaba violándolas, si se resistían las amenazaba con hacerle daño a sus familiares –en su caso a su hija de dos años– y las trasladaba hasta un cabaret en la localidad de América, cerca de Trenque Lauquen. En la misma banda está involucrado otro hombre, preso por homicidio, que se comunicaba con la reclutadora con el celular de un agente penitenciario y aprovechaba las salidas transitorias de las cuales gozaba para operar para la red.

El caso es emblemático. No sólo porque es el primer caso con una condena por trata de personas para explotación sexual en el país. Además, porque muestra cómo operan estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad social de las familias pobres, que entregan a sus niñas y adolescentes de buena fe por una oferta laboral que termina siendo falsa. Por barrios pobres del país transitan reclutadoras y reclutadores diariamente en busca de posibles víctimas, que luego son forzadas a prostituirse y no reciben ni un peso.

Actualmente hay 34 personas con procesamientos firmes en distintos juzgados del país por el delito de trata, que incluye la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas para su explotación sexual, laboral, sometimiento a trabajo esclavo, reducción a la servidumbre o extracción de órganos, indicó a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación. El 64 por ciento de los procesados está imputado en casos de trata para explotación sexual y el resto en hechos de explotación laboral.

El Tribunal Oral en lo Federal de Santa Fe, presidido por el juez José María Escobar Cello, le aplicó a Núñez una condena de diez años de cárcel. La pena máxima para el caso de trata de menores de edad, cuando mediara engaño, es de quince años. Ese monto fue el que pidió el fiscal Martín Suárez Faisal para Núñez. Durante el juicio quedó probado que la red que integraba Núñez estaba formada además por otros dos integrantes. Uno de ellos es Juan Ramón “El Pollo” Rojas, que sería un conocido “fiolo” de Playa Norte, un barrio del nordeste de la ciudad de Santa Fe. Estaba prófugo y fue detenido el 30 de octubre. Rojas está preso en la DDI de la localidad bonaerense de Quilmes a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño. El otro involucrado sería Héctor Rousselot, que cumple condena en la cárcel santafesina de Las Flores y gozaba del beneficio de las salidas transitorias. Se probó en el juicio que Núñez lo visitaba en prisión: se presume que serían pareja. A Rousselot, el juez Miño le dictó una falta de mérito meses atrás. Ahora tendrá que volver a ser investigado, señaló a Página/12 el fiscal Suárez Maisal. El fiscal se mostró satisfecho con la condena, aunque fue menor a la que había solicitado. Pero estimó que las penas máximas tienen que recaer sobre Rojas y Rousselot.

El juicio comenzó el jueves y terminó ayer. A las 13.30 se conoció la condena. Los fundamentos serán leídos el próximo viernes. Declararon 18 testigos, entre ellos madres de otras adolescentes de las localidades de Recreo y Coronda, donde operaba Núñez, que habían sido tentadas por la misma reclutadora, pero que rechazaron su oferta mentirosa. Pero la declaración principal fue la de Viviana Ruiz, de 19 años, víctima de la banda.

Violación y amenaza

La investigación se inició el 9 de enero en la ciudad de Coronda, cuando Carmen Acosta denunció en la policía local la ausencia del hogar de su hija Carolina F., entonces de 13 años. El fiscal Suárez Maisal destacó la actuación de la comisaria Sonia Acosta y la oficial auxiliar Delia Baella, de la seccional primera de esa ciudad, que pudieron establecer las principales líneas de investigación por donde terminaría resolviéndose el caso.

Según se pudo reconstruir en el juicio, Núñez se llevó el 18 de diciembre de 2008 a Carolina tentada por una oferta laboral como empleada doméstica. La oferta consistía en 400 pesos mensuales por un trabajo de 14 a 17 horas diario. La misma oferta hizo semanas después, el 9 de febrero, en la localidad de Recreo a Viviana Ruiz. La muchacha, de 19 años, aceptó. Está en pareja y tiene una nena de 2 años.

Ruiz relató que Núñez la llevó caminando unos cinco kilómetros hasta su casa y después siguieron hasta una estación de servicio donde se encontraron con Rojas, que venía en un remis. Núñez le dijo que subiera al vehículo, que ella la acompañaría, pero la engañó otra vez: la muchachita se fue sola con Rojas. Núñez se la entregó. El hombre la condujo a una vivienda deshabitada durante unas horas y luego la llevó a su propia casa, donde la esperaba preparando la cena su hija, en Playa Norte. Rojas, contó la joven, le dijo que se bañara. Y cuando estaba en el baño, el hombre entró y la violó, con la amenaza de que si se resistía le haría daño a su hija. Al día siguiente la policía realizó un operativo en la casa de Rojas, porque la familia de Ruiz ya había denunciado que la joven no había regresado a la casa, pero el hombre logró escapar con ella. Un día después, contó Ruiz, partieron de Santa Fe en micro a Rosario y de ahí luego hasta Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, donde los esperaba un taxista que conocía a Rojas y sabía adónde los tenía que llevar: el cabaret Mimo, en la localidad de América, partido de Rivadavia, a pocos kilómetros de Trenque Lauquen.

Al llegar al burdel, en la puerta, estaba Carolina, según contó Ruiz. Como Rojas se enteró de que la policía de Coronda la estaba buscando, a partir de la denuncia de su familia, decidió llevarla de regreso. La niña se presentó espontáneamente en el Juzgado de Menores de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Susana Giordano de Bilicich, acompañada por una hermana de 29 años, residente en Santo Tomé. Dijo allí que no quería volver a su casa porque su padre y sus hermanos “la fiolaban” y abusaban de ella. Señaló también que conoció al Pollo Rojas porque era amigo de su novio y que era de confianza. Al finalizar la audiencia, la jueza se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción a cargo de Jorge Patrizi. El magistrado dispuso el traslado de la niña a la Casa de la Joven, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia en Santa Fe. Pero Carolina se escapó del lugar el 2 de marzo y desde entonces se desconoce su paradero. Su fotografía y nombre completo están en la página web de la organización Missing Children entre los niños y niñas perdidos. En el juicio se reconstruyó que después de haber sido reclutada por Núñez, Rousselot le habría entregado a la niña a Rojas.

A poco de llegar al burdel Mimo, Ruiz pudo escaparse y denunció su situación a un patrullero con el que se cruzó. La policía la llevó de regreso a su casa.

Núñez fue arrestada el 11 de febrero. Patrizi se declaró incompetente el 26 de febrero y giró las actuaciones al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miño, quien ordenó en marzo que se tomara indagatoria a la mujer y a Rousselot, a quien finalmente le dictó falta de mérito. Núñez, en cambio, fue reconocida en rueda de presos, y el 6 de abril fue procesada por el delito de trata de personas. Tras el juicio oral –no fue público por orden del tribunal porque una de las víctimas era menor de edad– la situación de Rousselot quedó comprometida. El agente penitenciario Jorge Mauricio Toledo, de la cárcel de Las Flores, reconoció que le prestaba su celular para comunicarse con Núñez desde el penal. La primera mujer condenada por trata para explotación sexual cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Santa Fe, donde esperó el juicio tras las rejas.