El Gobierno informó ayer que si Telecom Italia no avanza con la venta de su filial local enviará al Congreso un proyecto de ley para quitarle la concesión. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Planificación, Julio De Vido, y fue en respuesta a una acción judicial de la empresa que el viernes le puso freno al cronograma de desinversión fijado por la Comisión de Defensa de la Competencia. “Apelaremos como corresponde, y si vemos que seguimos en presencia de chicanas cautelares express, vamos a ir al Congreso con el proyecto de ley para la caducidad de la licencia de explotación”, afirmó De Vido.

La disputa por el control de la compañía comenzó en abril de 2007, cuando Telefónica de España acordó su ingreso en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. La operación se concretó en octubre de ese año, pero las empresas intervientes se negaron a notificar los cambios accionarios ante la CNDC, argumentando que la transacción no constituía una concentración económica y que, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó a la autoridad regulatoria a iniciar una investigación de oficio de donde surgió que sí tenían que hacerlo. La decisión se informó el 9 de enero de 2009 y selló la suerte de españoles e italianos. Sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 27 de agosto para que se conociera el dictamen final que obliga a Telecom Italia a vender su filial argentina en el plazo de un año.

Los italianos apelaron esa decisión ante la Justicia, pero al mismo tiempo le confirieron mandato al banco Credit Suisse para analizar la existencia de inversores interesados en la compra de sus acciones. De esa especie de licitación privada surgieron el Grupo Clarín, la mexicana Telmex y el tándem conformado por los empresarios Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, que cuentan con la bendición oficial. No obstante, Telecom Italia fue postergando la definición a la espera de alguna salida que le permitiera permanecer en el país.

El Gobierno en todo momento mantuvo firme su postura de que el ingreso indirecto de Telefónica en Telecom había generado un monopolio a nivel local y el pasado 7 de enero publicó en el Boletín Oficial las pautas de desinversión para tratar de que los italianos aceleren la venta. Allí se aclara que el período de un año para concretar la transferencia de sus acciones comenzó a correr el 25 de agosto, pero se divide ese plazo en dos etapas de desinversión de seis meses cada una y se agrega que el proceso de venta “deberá efectivizarse y llevarse a cabo por las partes antes de que finalice el primer período mediante la firma de un documento final que instrumente la desinversión”.

Eso significa que Telecom Italia tiene tiempo hasta el 25 de febrero para concretar la venta de las acciones. Es decir, poco más de un mes. Si en ese plazo no encuentra comprador, entra en vigencia el segundo período de desinversión, pero en este caso la CNDC tendrá un papel más predominante en la venta. De hecho, en las pautas se aclara expresamente que la autoridad de competencia “podrá disponer el dictado de resoluciones tendientes a asegurar la efectiva transferencia de los activos a desinvertir en pos de proteger el interés económico general”. Lo que se deja entrever es la posibilidad de designar un agente de monitoreo encargado de verificar el comportamiento de los accionistas durante el proceso de venta para evitar posibles vaciamientos, y, llegado el caso, un agente vendedor, si es que Telecom Italia demora excesivamente su salida, tal como suele hacer la Comisión Europea en casos similares.

Apenas la empresa conoció el cronograma de desinversión apeló ante la Justicia argumentando que se estaba “perpetuando una clara violación de la ley y dañando la propiedad del grupo”. Su pedido fue contemplado rápidamente y el viernes pasado la Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Civil y Comercial suspendió el cronograma a través de un breve fallo de una página y media en el que se limitó a decir que las disposiciones oficiales no tendrán vigencia hasta que se resuelva en forma definitiva el recurso de apelación que interpusieron contra ellas.

Esa decisión molestó al Gobierno que ayer redobló la presión sobre los italianos para forzar su salida del país. “Nada será más reconfortante que las autoridades de Telecom reflexionen y hagan el proceso de desinversión, ya que nunca nos tembló el pulso para hacer cumplir, a rajatabla, la letra de los contratos”, aseguró De Vido durante una conferencia de prensa ofrecida al mediodía. No obstante, dejó abierta la posibilidad de avanzar con la rescisión del contrato si no hay novedades en breve. “Apelaremos la medida cautelar y si fracasamos en el terreno judicial profundizaremos nuestra acción remitiendo toda la normativa al Congreso con el objetivo de restituir al Estado Nacional la operación y la licencia de Telecom”, remarcó.

El ministro evitó dar precisiones sobre qué pasaría en caso de que finalmente se decidiera quitarle la concesión a los italianos. Una alternativa es reprivatizar el servicio dejándolo en manos de algunas de las firmas que se mostraron interesadas en ingresar durante estos últimos meses, aunque también se evalúa la posibilidad de estatizar. De hecho, ayer el secretario general de Foetra Buenos Aires, Osvaldo Iadarola, se apresuró a decir que ellos están en condiciones de operar el servicio. La tentación es grande, Telecom tiene un patrimonio de 5024 millones de pesos y en los primeros nueve meses del año pasado registró una ganancia neta de 1006 millones de pesos.