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La asamblea de Gualeguaychú realizará una nueva protesta para reimpulsar la campaña contra Botnia. Con la iniciativa, los asambleístas buscan dejar en claro que la ciudad va a mantener cortado el puente internacional San Martín mientras la pastera siga funcionando. La medida, una caravana náutica frente a la planta, se prepara para el próximo 7 de febrero. Los vecinos quieren además que las autoridades provinciales y nacionales los reciban porque denuncian que algunos de los controles ambientales dejaron de hacerse.

La votación para el relanzamiento de la campaña fue coincidente con la visita que el presidente electo del Uruguay, José “Pepe” Mujica, hizo la semana pasada a la presidenta Cristina Kirchner. Sucede que aunque la reunión entre los mandatarios fue tomada en Gualeguaychú como un hecho positivo, los ambientalistas quieren demostrar que no van a levantar el bloqueo si Uruguay no ofrece como contrapartida la relocalización de Botnia.

“El viaje de Mujica cayó bien porque reconoció que Botnia es un problema, lo que nunca hizo Tabaré Vázquez, que siempre habló como si todo el conflicto se tratara del corte de ruta. Mujica dio la pauta de que hay una apertura, da la sensación de que tiene una postura totalmente distinta a la de Tabaré. Por eso dejó una especie de optimismo... que esperemos no sea defraudado”, señaló Gustavo Rivollier, integrante de la asamblea.

En el mismo tono, su par Roberto Marchesini agregó que al gesto de Mujica lo ven “como una buena señal porque por lo menos está hablando del tema, mientras que Tabaré Vázquez mantuvo una postura de que con el puente cortado no habría diálogo”. Los vecinos también se mostraron conformes con la actitud del gobierno nacional, que no formuló declaraciones críticas al corte ni hizo promesas relacionadas con su eventual levantamiento.

La protesta náutica saldrá del balneario El Ñandubaysal, ubicado frente a Botnia, para llegar frente al muelle de la megaplanta, donde las barcazas cargan la pasta de celulosa. Durante este mes, las acciones contra Botnia –además del piquete en Arroyo Verde, que lleva más de tres años– consisten en la entrega de calcomanías y folletos a los turistas.

Los vecinos votaron, por otra parte, reclamar audiencias con las autoridades municipales, provinciales y nacionales. “Lo que más nos preocupa es que la Prefectura ha dejado de tomar muestras del río, como lo venía haciendo. Se han interrumpido estos controles ambientales”, denunció Marchesini. Según el vecino, el plan de vigilancia implementado por la Secretaría de Medio Ambiente con las universidades sigue funcionando, pero se interrumpió en cambio el trabajo de muestreo de Prefectura.

“La vigilancia ambiental está floja, no estamos de acuerdo en cómo está funcionando. Hay falencias, porque hubo nuevos episodios de olor, mucho humo, manchas en el río, y cuando pedimos que nos informen nadie nos dice nada. La Cancillería nos había dicho que una vez que pasaran las audiencias del juicio de La Haya esta información iba a dejar de ser confidencial”, se quejó Marchesini.

Otra de las cosas que la asamblea votó reimpulsar son las gestiones para que se instrumente una serie de viejas propuestas, como la prohibición de vender insumos argentinos a Botnia.

En cuanto al levantamiento o continuidad del corte, los vecinos tienen pautado convocar a una asamblea ampliada el día después de que La Haya dicte su veredicto, para discutir cuáles serán las acciones a seguir. Este modo de resolver cómo seguirá el plan de lucha ya fue votado y aprobado. En el intermedio, seguirán las conversaciones que un grupo de asambleístas mantiene con Mujica, hasta ahora en un plano estrictamente informal. El contenido del diálogo se ha mantenido hasta ahora en reserva, ya que ni los colaboradores de Mujica ni los integrantes de la asamblea quieren arriesgarse a que un eventual avance se frustre por quedar expuesto a un debate público antes de llegar a un acuerdo que conforme a las partes.