“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sentenciaba el primer mandamiento del decálogo menemista pronunciado por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Las privatizaciones comenzaron en los ochenta, pero la Ley de Reforma del Estado impulsada hace veinte años significó la sistematización de esa política. El paso de manos de los activos –desde canales de TV hasta los recursos petroleros– se hizo a precios de liquidación. La falta de regulación y la connivencia del Estado permitieron el vaciamiento de las empresas, despidos masivos y la realización de ganancias extraordinarias que eran remitidas a las casas matrices de los grupos controlantes. Con el fin de la convertibilidad, algunos contratos fueron cancelados y las compañías volvieron a ser estatales. Implicó un quiebre respecto de las políticas neoliberales, pero la recuperación del rol del Estado en algunos sectores, como las cloacas y la distribución de agua o el correo, no responde a una política de desarrollo planificada. Ayer, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sumó la posibilidad de quitarle la licencia a Telecom por prácticas monopólicas.

Las reestatizaciones de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández alcanzaron también a Aerolíneas Argentinas, el sistema previsional, algunos ferrocarriles y el espectro radioeléctrico. Varios de esos procesos se encararon con la promesa de una nueva privatización –total o parcial– una vez que las firmas estuvieran “saneadas”. Los principales argumentos para nacionalizar las empresas fueron la violación de los compromisos de inversión y la falta de pago de los cánones. Para el investigador de Conicet Martín Schorr, la política reestatizadora durante los últimos años “respondió a una dinámica donde el Estado terminó haciéndose cargo del abandono privado. No hubo, ni hay, una política estratégica”.

El Correo fue el primer contrato que rescindió el gobierno de Kirchner. El servicio postal fue concesionado en 1997 al Grupo Macri. La reestatización se concretó en 2003 a partir de los incumplimientos en el pago del canon, los malos resultados económicos y la convocatoria de acreedores. El Estado reasumió el control del servicio en forma “transitoria” para luego volver a privatizarlo. La licitación ha sido postergada en sucesivas oportunidades. En 2004, el espectro radioeléctrico volvió a manos públicas. El servicio había estado a cargo de la francesa Thales Spectrum desde 1997. Argentina, junto con Gabón y Burkina Faso, era uno de los únicos países en privatizar ese servicio. La falta de inversiones fue el argumento para nacionalizar. En ambos casos, la vuelta a manos del Estado significó un incremento en los ingresos de las compañías y una reducción en los costos.

La reestatización del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no fue un proceso sencillo. El gobierno de Kirchner intentó que la francesa Suez permaneciera al frente, pero no se alcanzó un acuerdo. Los repetidos incumplimientos del contrato justificaron su expulsión y en 2006 se creó AYSA ante la falta de otro administrador privado. El 10 por ciento de la empresa quedó en manos de los trabajadores y el secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, fue designado en el directorio. El presidente de AYSA es Carlos Ben, antes director general adjunto de Aguas Argentinas en representación de Suez. El déficit de cobertura de cloacas y agua potable continúa siendo elevado (40 y 20 por ciento respectivamente).

En el caso de los ferrocarriles, el fin de la concesión del ex San Martín al grupo Taselli no revirtió el sistema de desmantelamiento que impulsaron las privatizaciones, sino que transfirió la responsabilidad de la explotación a otros operadores que muestran las mismas fallas.

Aerolíneas Argentinas volvió a manos del Estado en 2008. Los distintos dueños privados –Iberia y Marsans– vaciaron la línea de bandera durante 18 años. Debido al engorroso trámite de renacionalización, todavía queda pendiente el traspaso patrimonial de la compañía a manos del Estado y la definición de su precio. La aerolínea todavía exhibe un déficit operativo mensual millonario en dólares.

A diferencia del resto de las reestatizaciones realizadas en los últimos siete años, Schorr señala que la del sistema previsional y la creación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones “es una medida absolutamente estratégica, que apunta a cambiar la estructura de poder dominante en los sectores críticos para el funcionamiento económico y la distribución del ingreso”. Además, advierte sobre la necesidad de abrir un debate sobre YPF y otros sectores críticos, como la minería.