Miércoles, 5 de enero de 2011 | Hoy
ECONOMíA › LA AFIP INVESTIGARá LA EVASIóN EN OPERACIONES DE IMPLANTES MAMARIOS
La ofensiva para combatir la evasión en la actividad de cirujanos plásticos forma parte de un plan que incluye a estaciones de servicio, cerealeras y a las personas que padecieron el robo de sus cajas de seguridad en el Banco Provincia.
La AFIP iniciará una ofensiva fiscalizadora sobre diferentes sectores. Por un lado, controlará a las estaciones de servicio que durante la semana pasada, ante la falta de combustible, sólo vendían en efectivo. “Presumimos una evasión del impuesto al cheque y una acción coercitiva sobre los usuarios”, manifestó Ricardo Echegaray, titular del organismo. Por otro lado, se fiscalizará a los cirujanos plásticos, luego de que la AFIP detectara que sólo se declara el 20 por ciento de los implantes mamarios que se importan. Tampoco quedarán afuera de las inspecciones los damnificados por el robo de las cajas fuertes del Banco Provincia, donde se comparará lo denunciado por los usuarios con lo efectivamente declarado ante el organismo (ver pág. 19). Y por último, se intensificarán los controles sobre las grandes cerealeras, muchas de las cuales ya fueron denunciadas por triangular operaciones y evadir al fisco, entre ellas Bunge, Cargill, Molinos Ríos de la Plata y Nidera. Esta última también es señalada por contratar trabajadores en negro en supuesta situación de esclavitud, según denuncia judicial.
Si la postal de la semana pasada eran las largas colas en las estaciones de servicio para cargar nafta, ahora será el turno de los cientos de sabuesos que fiscalizarán las 5179 estaciones registradas en todo el país ante el fisco. Así lo anunció ayer Echegaray, durante una conferencia de prensa. “Encontramos casos donde se negaban a aceptar tarjetas de crédito y débito para pagar el combustible y de esa manera evitaban los controles y evadían. Por eso iniciamos una fiscalización masiva y profunda en todo el país”, resaltó el funcionario, quien también denunció que la actitud de las estaciones de servicio fue “coercitiva”.
Del total de expendedoras registradas, 3466 son de bandera (las petroleras son dueñas) y 1713 sin bandera (independientes ligadas a algunas de las petroleras). Además de investigar esta situación, el organismo informó que ya puso en marcha el cronograma de implementación del Indicador Mínimo de Trabajadores para los expendedores de combustibles. La presunción está dirigida a determinar si hay trabajadores en negro. Según la entidad, trabajan en promedio 13 empleados por cada empresa.
Por otro lado, la AFIP volverá a incursionar en el sector de la belleza. El año pasado ya había anunciado un registro especial para modelos y representantes. Decidió poner su atención sobre este sector luego de detectar inconsistencias entre el nivel de importaciones de prótesis mamarias y la facturación que realizan los centros estéticos por esos implantes. Una de las causas que potenciaron la cantidad de cirugías estéticas en el país tiene que ver con lo que se llama “turismo médico”. Argentina es un gran receptor de pacientes. Por año llegan más de 10.000 personas de todas partes del mundo para realizarse algún tratamiento, en especial cirugías estéticas. Por ejemplo, según la Fundación Export.Ar, un implante mamario tiene un costo en el país de 2300 dólares, cuando en Estados Unidos se eleva a los 10.000 dólares. Según denunció ayer Echegaray, en el país “sólo se factura el 20 por ciento del total de implantes mamarios que se importan”.
La AFIP continúa investigando a las cerealeras, ya que en febrero lanzará una batería de medidas para controlar a las empresas que triangulan sus operaciones a través de diferentes paraísos fiscales, por ejemplo Uruguay, Suiza y Singapur. “Tenemos a cuatro firmas en una situación muy comprometida, porque deberían pagar sus impuestos y no lo hacen, en una clara situación de fraude”, señaló Echegaray. Esas compañías son Cargill, Bunge, Molinos Ríos de la Plata y Nidera. En el caso de Cargill, ya hay directivos procesados ante la Justicia.
El año pasado, durante una visita a la Comisión de Agricultura de Diputados, Echegaray había denunciado que “si todas las cerealeras pagasen lo que les corresponde del Impuesto a las Ganancias, tendríamos un aumento de este tributo cercano al 300 por ciento”.
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