El caso de un adolescente preso por robar una botella de vino llegó a la Suprema Corte bonaerense, lo que implica el absurdo de ocupar la atención de un escalón judicial excepcional en un caso que ni siquiera terminó en robo, ya que a los diez metros la botella de siete pesos fue recuperada. La escalera penal se inició en el Fuero Juvenil provincial, paradójicamente creado para evitar la solución punitiva como primera opción. El defensor oficial Julián Axat debió presentar el recurso después de que una jueza y dos camaristas decidieran que el castigo a un adolescente por robar un bien recuperado es más importante que sancionar por ausentes a los responsables de generar políticas de contención estatal. Tras su detención, fue enviado a la comunidad terapéutica Casa del Sur. La autoridad de control es el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Baldomero “Cacho” Alvarez de Oliveira. Más preocupado en colocar operadores ministeriales en las Patrullas Juveniles de Casal, para dar a la Bonaerense una pátina social, Alvarez dejó de lado el control de los lugares de alojamiento: Axat comprobó que el lugar no cumplía con las exigencias legales, pidió trasladar al joven e interrumpir el envío de más adolescentes por parte de los jueces. La jueza le dio la razón, reconocimiento tácito de la ausencia de verificación ministerial y judicial.

El 22 de noviembre, dos adolescentes, “trapitos” de La Plata, robaron una botella de vino barato en un supermercado próximo al centro platense luego de que intentaran comprarla y el dueño se negara. Para robarla uno de ellos amenazó al vendedor con un vidrio. Huyeron con el precioso botín, pero fueron detenidos a los diez metros. La botella, cuyo valor en góndola es de 7 pesos, fue recuperada. Al día siguiente, la fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil Silvina Pérez pidió a la jueza del mismo fuero María José Lescano la detención de ambos, cuestión que la magistrada aceptó de inmediato. El defensor Julián Axat apeló con el argumento de que tratándose de adolescentes, la detención debe ser la última de las opciones; que se trataba del robo de una bagatela, que, por otra parte, había sido recuperada; no le habían provocado daños a la víctima más allá de la tensión del momento; y ni siquiera tocaron un centavo de la caja que tenían a disposición.

Los jueces Carlos Argüero y Carlos Ocampo, de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, liberaron a uno de los jóvenes pero mantuvieron la detención del segundo. Padre de un bebé, preso hasta los seis años, huérfano desde los 7, con dos hermanos mayores presos y una hermana adoptada, con escasa o ninguna contención familiar, el adolescente hizo de la calle su principal hábitat a falta de otras políticas de contención estatal que no fueran las levantadas en los patrulleros. La Sala desvirtuó la idea de la bagatela, a la que consideró como “una serie de construcciones doctrinarias de dudoso sustento normativo”. Axat apeló ante la Corte bonaerense sosteniendo que habían sido vulnerados los derechos constitucionales del adolescente.

Pero, además, el defensor verificó in situ la ausencia del Estado: el 27 de diciembre, se presentó en la calle San Pedrito 524, de Monte Grande, sede de una sucursal de la Casa del Sur donde había sido alojado su defendido. “Sólo percibimos adultos –sostuvo en un nuevo hábeas corpus presentado al día siguiente a la misma jueza Lescano– (...) consecuentemente con ello, la mayoría de los internos son personas mayores de 18 años. No percibiendo la existencia de un lugar para albergar a niños y adolescentes.” El defensor agregó que el trato era igual al que se les daba a los adultos; que permanecía encerrado supuestamente para su protección; que como adolescente no tenía recreación; que había perdido el derecho de recibir a su familia y no veía a su hijo de un mes, y que se encontraba alojado en el Módulo Cerrado, “dentro de su cuarto (de 3 metros x 3 metros) y un espacio común (3 metros x 7 metros) durante las 24 horas del día”.

También envió una nota al ministro Alvarez de Oliveira en la que, haciendo mención “de las irregularidades constatadas”, solicitó “se suspenda todo traslado y alojamiento de niños y jóvenes menores de 18 años en la filial Casa del Sur, San Pedrito N° 524, de la localidad de Monte Grande” y “se realice una inmediata inspección administrativa respecto de otras filiales de la Asociación Casa del Sur, con el objeto de constatar si las mismas cumplen con los estándares de derechos humanos de la Niñez consagrados por la Convención de los Derechos del Niño”.

El joven sigue detenido. Que la jueza Lescano haya ordenado su traslado a otro centro terapéutico y que éste se haya cumplido no sólo suena a un mea culpa tardío sino que parece indicar que las irregularidades denunciadas son ciertas y las que las permitieron también.

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